Después del fracaso que tuvo en enero el proyecto de ley enviado por el Gobierno para regular la transparencia de los gastos electorales, limitarlos y controlarlos, Ricardo Lagos ha decidido hacer un nuevo intento por evitar que el dinero distorsione la representación política de los ciudadanos y se dé paso a figuras de corrupción política como la extorsión y el soborno, que ya han contaminado de manera endémica a otras democracias. Las disposiciones fundamentales del nuevo proyecto, que no es una mera reposición del anterior, así como los objetivos que persigue y sus falencias son analizadas en forma minuciosa por Claissac.