Gran espacio se le ha dedicado en estos días a un debate sobre un tema muy relevante para la actual economía chilena. Se trata del desempeño deseable de la política fiscal.

Gracias a la disciplinada política aplicada en los gobiernos de la Concertación, el fisco chileno ha estado en situación privilegiada para aplicar una política contra-cíclica, reactivadora, para mitigar los efectos recesivos de la crisis financiera global. Acertadamente, el gobierno ha hecho uso de la capacidad acumulada en años previos, al poner en marcha los programas que conoce la opinión pública. Ello se expresa en un déficit corriente (si se mantienen gastos y se cae el ingreso tributario, surge un déficit). Pero, además, como es una acción vigorosa, no neutral, se han elevado los gastos efectivos, con lo cual aparece un déficit estructural. Este déficit estructural acotado ha sido el centro de las críticas de opositores al gobierno y de expertos focalizados en el mundo financiero más que en la economía real. Una excepción del mundo real, que es de los exportadores, la cubro más adelante, ofreciendo una solución constructiva.

Lo esencial para evaluar las implicancias del déficit estructural, en mi opinión, es (i) si estos gastos se justifican en esta coyuntura concreta, (ii) si se hacen con eficiencia económica y social, (iii), si se precave que se puedan suspender cuando desaparezca la emergencia recesiva mundial, retornando a la normalidad de gastos e ingresos públicos. En lo principal, los programas fiscales reactivadores cumplen con todas estas condiciones. Es una política muy acertada.

Dada la limitación del espacio, me concentraré en el primer punto. El PIB es la suma bienes y servicios producidos, y su contrapartida son los ingresos de trabajadores, empresarios, dueños del capital y gobierno. En los últimos seis meses, el PIB ha estado cayendo. El impacto inicial viene de los shocks externos financieros y sobre las exportaciones. Ese impacto se transmitió a la economía nacional, reduciendo la demanda interna. La caída del PIB no se concentra en el volumen total exportado, sino en la producción y ventas en el mercado interno. El sector privado puede producir 4 o 5% más que en 2008, y está produciendo 2% menos. La política fiscal es el instrumento central, en esta particular coyuntura (no en cualquiera), para revertir esa situación evidentemente ineficiente. No hay peor ineficiencia que no usar la capacidad productiva, subutilizando trabajo y capital productivos.

Gracias al aumento del gasto fiscal, en este semestre tenemos una caída menor del PIB; cuánto menor que el 15% depresivo y regresivo registrado en 1975 y en 1982. Ello ha sido posible gracias al gasto o inversión público en bonos a la población más vulnerable, en incentivos a las viviendas populares que dan empleo al sector de la construcción y alivian el déficit habitacional, al refinanciamiento de créditos a las pymes, al fuerte aumento de la inversión pública que deja una infraestructura mejorada para la futura recuperación del desarrollo. Todo el impacto mitigador de la crisis va en apoyo de los diferentes sectores privados.

Una aplicación mecánica de la regla de balance estructural, que postulan algunos críticos de oposición, olvida la grave coyuntura que impera en el mundo. También olvidan que Chile, con su política fiscal en la época de “vacas gordas”, acumuló recursos notablemente elevados. Como informa el ministro Velasco, el déficit previsto para 2009 es apenas una séptima parte del superávit acumulado en el lustro anterior. Por último, ignoran que subsiste una escasez de demanda en la economía nacional.

Más arriba recordamos los depresivos y regresivos episodios de 1975 y 1982. Hoy, la política fiscal está jugando un vigoroso papel progresivo. Parte del nuevo gasto fiscal responde a la profundamente progresista reforma previsional, a la extensión del AUGE, a los incentivos a la contratación de jóvenes, a los apoyos a las pymes (que me gustaría que fuesen más potentes). En este medio, Óscar Landerretche destacaba, con solidez técnica, el contraste entre la respuesta de política pública ayer en los ochenta y hoy. Aquélla regresiva y ésta progresiva.

Termino estas líneas recogiendo las justificadas quejas de los exportadores, en particular de los que producen bienes y servicios con alto valor agregado. Este rasgo es un ingrediente esencial del desarrollo. Naturalmente, una gran proporción del gasto e inversión fiscal contracíclicos se tiene que financiar con la venta de dólares. Eso es inevitable. Lo que sí es evitable es que la venta se haga en el mercado cambiario; al venderse en este mercado se hace un daño al desarrollo nacional, al deprimir en exceso el tipo de cambio; pero no sólo eso, sino también con ello el fisco sustrae liquidez del mercado monetario (neutralizándose, así, desafortunadamente, parte del efecto reactivador del gasto fiscal, y deprimiendo el precio de sus activos en dólares).

En una economía con demanda deprimida y elevado desempleo de sus trabajadores y capital productivo, lo que se debe hacer es que los dólares se vendan directamente al Banco Central y éste los retenga en sus reservas internacionales. El Banco, al comprarlos, genera liquidez que a su vez gasta el fisco. Entonces, se financia el gasto fiscal sin quitarle fondos al resto de la economía y no se castiga el imprescindible esfuerzo exportador. Ojala que rápidamente se corrija la incoherencia subsistente, con un perfeccionamiento de la coordinación entre el Banco Central y Hacienda.

RICARDO FFRENCH-DAVIS
Departamento de Economía
Universidad de Chile

El Mercurio