¡No! Sólo para diálogos entre sectores políticos, organizaciones empresariales y el Gobierno. En esos grupos las condiciones existen; pero se practica un simple juego de toma y dame. Eso es truncar beneficios a los ciudadanos. A quienes fundamentalmente, por vicios derechizantes, se les niega esa posibilidad, entregándoles una democracia incompleta, culturalmente incipiente y sistemáticamente desprotegida, para que no puedan acceder con autonomía.
Para que sea posible la existencia legítima de un diálogo social son indispensables:
1) Organizaciones, sean de pobladores, ciudadanos, trabajadores, empresarios, etc., etc., sólidas e independientes, con capacidad técnica y acceso a información.
2) Compromiso ético de las partes interesadas en operar con verdadera voluntad política.
3) Respeto a la ciudadanía civil organizada, y en el caso de los trabajadores, de su libertad sindical y capacidad para negociar colectivamente. Y por último, a lo menos: 4) Existencia de un apoyo institucional adecuado.
El Estado y el Gobierno deben tener conciencia que la globalización social exige como eje principal la existencia de empleos decentes y productivos, con condiciones plenas de libertad, equidad, seguridad y dignidad humanas, y que la sociedad civil y las organizaciones privadas se merecen recíprocamente respeto y éstas con las estructuras de la democracia.
La eficacia de los resultados dependerá de (i)negociaciones, (ii)intercambios de información y (iii)consultas entre los participantes del diálogo, entre los cuales puede o no estar presente la institucionalidad democrática de la República. No puede ni debe existir limitación a priori, pues ello cohíbe o repulsa anticipadamente las pretensiones de los participantes. Sin embargo esto no significa la eliminación de reglas claras para su funcionamiento, como podemos desde ya establecerlas en el campo laboral: El Estado, aunque no participe directamente en el proceso, no puede adoptar un papel pasivo. Ello es importante para evitar las represalias cuando los interlocutores adopten mecanismos informales o institucionalizados que puedan afectar a alguna de las partes.
Debe permitirse que la apertura de estos diálogos sociales se transmita como forma participativa a otros temas nacionales que no sean sólo las relaciones laborales o educacionales. Por lo mismo, deberán existir tantas organizaciones responsables de pobladores, gremios, consumidores, etc., como diálogos pactados. Por cierto, si es necesario un organismo coordinador esas instituciones lo crearán. La apertura es una tarea complementaria a la esperada reingeniería del Estado.
En todos los casos, el intercambio de información es básico e indispensable para la eficacia de los resultados; la consulta en este caso, no es un mero intercambio de información sino que conlleva el compromiso de las partes de compartir opiniones para profundizar el diálogo; la suscripción de acuerdos puede llegar a que éstos sean vinculantes, por lo cual los órganos consultivos de los ministerios, del parlamento en su caso y los de los organismos privados, deben ejercer con claridad y responsabilidad sus facultades. La vinculación en estos casos puede ser el mejor ejemplo de negociación colectiva responsable, que permite el acuerdo civilizado con el debido respeto a las contrapartes.
Recuerdo como si fuera hoy, que Bachelet inició su campaña presidencial prometiendo contacto con la gente y estableciendo con rigurosidad la promesa de Diálogos Sociales como elemento participativo esencial de una Nación que prometía un Estado Activo contra la pobreza y la desprotección de los ciudadanos, con pleno dominio de lo que significaba la inclusión social.
No olvidemos que el término inclusividad lo introdujo nuestra Presidenta.
Así, la Sociedad sería un reservorio positivista donde anidaran y germinaran los frutos del bien común y la solidaridad. Hermosos pensamientos; sin embargo, ¡Qué difícil ha sido implementarlos! Hasta el Ministro Pérez Yoma ha tropezado con la idea de reingenierizar el Estado.
Este IV Gobierno de la Concertación tiene la obligación moral y ética (aún es tiempo) de dejar proyectada o instalada, con dos pies en la tierra, sin arrodillarse, la institucionalidad que permita solucionar los problemas de equidad relacionados con los efectos de la distribución justa de los beneficios que producen tanto privados como el sector público en Chile. Asimismo, la redistribución que ejecuta el Estado y que ordenan las políticas públicas. Y por supuesto incluyendo los efectos positivos y negativos de la globalización.
Si el Gobierno mira hacia atrás o los PP temen demasiado a la participación organizada, volveremos al Circo que hace alusión Cortés Terzi. El Circo de las Eternas Reformas. Todo avance a medias, fundamentalmente por la incapacidad comprobada de gestión de todos los PP en Chile.
Reitero lo dicho por Ferdinand Lassalle, “Toda acción política empieza por decir la verdad” Y la verdad es que la clase política toda, tiene la costumbre de no dar puntada sin hilo; pero nunca termina la puntada que empezó, salvo excepciones. Curiosamente es Lagos, con toda la mochila que le ha endilgado la derecha y sus detractores concertacionistas, el que lejos tiene, desde la aparición de su dedo, el récord de proyectos señeros terminados y victoriosos. Por supuesto hay otros en triste suspenso.
La prometida Sociedad de las Oportunidades como slogan de los PP, debe reemplazarse para concertar, en todo el rango político progresista humanista, sean de centro o de izquierdas democráticas, una Sociedad de Resultados Garantizados. Esa es la verdadera tarea de quienes quieren continuar con una Concertación Recargada y Reprogramada.
Alejandro García
