Archivos de ‘Política’

En el primer artículo de esta serie, el autor analizó los diferentes alcances del concepto de democracia digital. Ahora se adentra en las expectativas que éste genera y en los requisitos para que ellas se cumplan.

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El sistema político chileno pronto cumplirá veinte años desde el retorno a la democracia y la situación de su funcionamiento ahora parece de doble faz.

Por un lado, el período destaca por la estabilidad de la democracia y de sus gobiernos. En esta etapa Chile se transformó en un modelo democrático y económico en Latinoamérica, en un “país ejemplar” del continente debido a su afortunada transición.

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La defensa -junto a gobierno interior, relaciones exteriores, administración de justicia y obtención y administración de recursos financieros- es una función primaria del Estado. Su propósito particular es proteger a la población, preservar el territorio nacional y resguardar la capacidad del Estado para el ejercicio de su soberanía frente a amenazas externas, así como apoyar el logro de los objetivos nacionales en el ámbito internacional.

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En el Informe Nº 681 hablamos sobre la necesidad de imaginarnos el cambio. La tarea no es fácil, pues la inauguración democrática chilena coincidió con la caída del muro de Berlín y el fin de los socialismos reales en el mundo occidental. La economía de mercado y la democracia liberal aparecieron triunfantes. No habiendo alternativas, ¿para qué molestarse en participar?

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El Informe Nº 682 decía que: “Las campañas y elecciones presidenciales y parlamentarias de este año estarán inmersas en contextos peculiares y complejos, caracterizados por la presencia de variables ‘extraelectorales’ y de rangos político-históricos”. En ese mismo escrito se analizó uno de esos contextos: el que alude a un proceso en marcha que implica, en lo medular, la demanda de revisiones conceptuales planteadas a todas las culturas políticas, merced a la emergencia y devenir de un “nuevo capitalismo” que, si bien, tiene una data de origen de varios lustros, se develó con más nitidez a partir de la crisis económica actual y mundializada.

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Las campañas y elecciones presidenciales y parlamentarias de este año estarán inmersas en contextos peculiares y complejos, caracterizados por la presencia de variables “extra-electorales” y de rangos político-históricos.

Por cierto que el devenir y las secuelas de la crisis económica mundial y nacional configuran una de las variables de este contexto novedoso y complicado. Pero no sólo por su significado en sí, o sea, por los estremecimientos que causará en las situaciones sociales y en el funcionamiento de la economía así como por la atención preferencial que tendrá en las propuestas y debates. También, porque será un acicate para la aceleración y exposición más abierta de otros procesos conflictivos acumulados en la vida política nacional y que han sido recurrentemente postergados o eludidos por los actores políticos y por otras elites que influyen en el ámbito de la sociedad y de lo público.

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En el Informe Nº 676, Antonio Cortés desarrolla las dificultades del cambio social. El destacado sociólogo y analista del foro parte por preguntarse si esta idea debiera ser la opción central de la propuesta programática de la Concertación. El autor anota múltiples dificultades para aceptarla. La primera es la ambigüedad del término, al punto de permitir que la Derecha lo haya enarbolado, por ejemplo, en los gobiernos de la “revolución neoconservadora” de la Thatcher y Reagan. De hecho, la derecha nacional encabezó un cambio revolucionario, radical y violento, entre 1973 y 1989.

Hoy la idea del cambio es fácilmente homologable a la alternancia en el Poder Ejecutivo y vinculable a demandas por crecimiento, modernizaciones y acceso al consumo, todas ellas banderas más bien asociadas a la oposición (con el perdón de los liberales de gobierno). Por otro lado, el cambio social, en un sentido igualitarista, encuentra no menos formidables obstáculos.

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Se ha cumplido poco más de un año de aplicación en Chile de la Ley Nº 20.084, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA). Ante la importancia de este suceso, quienes trabajamos en el área infanto juvenil, esperábamos que desde las instituciones relacionadas se convocara a la realización de encuentros, jornadas de evaluación, análisis y propuestas, entre otras actividades de reflexión. Sin embargo, el tiempo pasa y nada de esto ha acontecido. Es difícil entender esta falta de acción o preocupación, que incluso puede denominarse desidia. Pareciera que en el fondo a nadie le importa realmente el desenvolvimiento del sistema judicial de los menores de edad.

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A contar de la década del noventa, la reinserción de Chile en el contexto internacional ha ido de la mano con un aumento de la participación en diversas Operaciones de Paz (OPAZ). La causa es que, además del campo económico, la estrategia seguida se centró también en potenciar la participación en organismos multilaterales como la ONU. Eso, entre otras cosas, significa un compromiso activo con la mantención de la paz internacional.

El presente informe aborda los fundamentos de la participación nacional en OPAZ, su marco jurídico y algunos desafíos para el futuro.

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La nueva legislación que establece un sistema de responsabilidad penal para los adolescentes infractores de ley, se inserta en lo que algunos de sus promotores dieron en llamar un “nuevo paradigma” respecto a la materia. Sin embargo, hoy día parece más significativo atender a un aspecto poco positivo, que se refiere a la nueva hegemonía de la seguridad pública que cristaliza en estos textos legales.

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