Archivos de ‘Sectoriales’

Ni la derrota de Allamand (1997) tuvo lugar en las urnas ni la bajada de Piñera de su candidatura senatorial tuvo lugar en una comida. Esa, la trivial interpretación, es lo que rechaza Arriagada para introducirse en las verdaderas razones que provocaron el último capítulo de una historia antigua: operaciones políticas que buscaban la destrucción del proyecto de RN y del liderazgo que Allamand y Piñera significaban. Operaciones de demolición, en las que está presente el poder del dinero y de los servicios de seguridad, que tomaron largo tiempo y cuyo origen, autores y desarrollo deben ser investigados y dados a conocer y a las cuales no están ajenos la “quinta columna”, que la UDI ha tenido en RN. Además, lo sucedido, junto con representar una amenaza para el sistema político en su conjunto, revela un alerta roja: la existencia de un submundo de la política que aún después de doce años de terminada la dictadura, continúa activo y cúpulas de poder que eligen “a dedo” a demasiados miembros del parlamento. “Al pueblo se le está expropiando el derecho a elegir sus representantes”.

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¿Es económica o política la vía de solución a la devastadora crisis que sacude a la Argentina? ¿Cómo pudo ser que esta economía, que había demostrado gran capacidad de recuperación, entró en una recesión que ya dura tres años? A partir de esas interrogantes y con acopio de cifras reveladoras – como lo es el abultado incremento del gasto social bajo control de la Presidencia de la República-, Arriagada analiza la trama política que entreteje la crisis a partir del hito que la desencadena: la decisión de Carlos Menem, en 1997, de buscar su reelección, y que culmina con un gabinete de De la Rúa “de múltiples caras y señales contradictorias”.

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El trasfondo de presiones que desató la petición de Telefónica CTC Chile para que se declare que ya no es un monopolio y así poder liberalizar sus tarifas, es el tema que analiza Hevia, el que centra su mirada en el contexto internacional de regulación, en las ganancias de las transnacionales (sólo en el año 2000 las ganancias de Telefónica España, la matriz, crecieron en un 38,8%, registrando utilidades netas por 2.300 millones de dólares, y batiendo el récord de ganancias en una empresa española en un año), en el avance vertiginosa de la telefonía en el país y en la debilidad del ente encargado de resolver la controversia: la Comisión Resolutiva Antimonopolios, la que se enfrentó a una acerada oposición de las empresas de la competencia. La comisión no aceptó cambiar el status de monopolio, pero aceptó ir a una cierta flexibilización. El analista concluye: “el lobby de telefónica no logró comerse a Caperucita porque se encontró con otros lobitos, también fuertes, que, juntos, pudieron hacerle frente… por ahora”.

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Apelando a un antiguo y sabio cuento infantil, Maldonado, militante demócrata cristiano, resume lo que muchos de ellos se preguntan después que un “error administrativo” al inscribir las candidaturas a parlamentarios de su partido, hizo que el sistema político bordeara la crisis: “¿cómo hemos permitido que nuestra organización se debilite tanto?”. Es más que esperable, dice, que la cuenta no se termine de pagar hasta la elección misma en detrimento general de la Concertación; pero el análisis apunta a lo esencial: un hecho sintomático que debe ser entendido como un grito de alerta antes que sea demasiado tarde. Y afirma que los dirigentes DC “deben asumir la responsabilidad de lo que ocurrió y, sobre todo, deben asegurar que tamaño descriterio no volverá a pasar” con gestos visibles y creíbles para todos, pues el PDC está en deuda con el país, con sus militantes y con su historia.

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Si bien el desempeño del sector eléctrico en las últimas dos décadas ha sido positivo – dice el analista – a partir de fines de los años ’90, éste ha sido cuestionado, particularmente en el rubro inversión, lo que obliga a preguntarse si el crecimiento que se ha observado es sostenible. Paredes afirma que las modificaciones legales llevadas a cabo en 1999, “llevaron al sistema a una situación en la que se perdió la relación entre respaldo y remuneración”, y avanza en la línea que debe seguirse para el perfeccionamiento del sector, haciendo énfasis en la necesidad de reglas claras y sin que ello signifique “cambios re – fundacionales de la legislación eléctrica”. Lo más estructural y relevante – señala – tiene que ver con la necesidad de preservar los incentivos a la inversión que han caído desde fines de los ’90 y se reflejan hoy en la preocupación sobre el futuro abastecimiento eléctrico. “Lo básico es evitar sucumbir a la tentación de resolver problemas, por ejemplo, asociados al riesgo de sequía, generando distorsiones de gran profundidad y que tienen efectos de largo plazo”.

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“Un gobierno no debe ni puede quedarse de brazos cruzados pensando que todo ya fue hecho y el “modelo” es inalterable. El sector eléctrico requiere de cambios profundos a la hora de mejorar su desempeño global en el futuro mediato”. A partir de esa afirmación, Ricardo Paredes toma posición en el debate que se ha generado en torno a la necesidad de reformar la Ley Eléctrica y el “supuesto daño que se le haría al país el introducir cambios en la normativa de sectores importantes de la economía; en particular a los servicios básicos regulados, como electricidad, sanitarias y telecomunicaciones”. Parte del análisis es el estudio de algunos de los problemas cruciales detectados con la ley actual, relacionados con la estructura del mercado mayorista por energía y el despacho centralizado de energía; la estructura de la industria y las relaciones de propiedad entre los diversos mercados verticalmente relacionados. El analista también desmenuza la estructura de la industria eléctrica chilena y su comercialización y señala que es “impresentable que aún se mantengan los monopolios legales de las empresas distribuidoras en este segmento”.

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¿Para cuándo se plantea un problema de riesgo de abastecimiento eléctrico? ¿Existe la posibilidad de que enfrentemos un racionamiento similar al de California? Estas y otras interrogantes son las que Sebastián Bernstein desmenuza en este estudio en profundidad a las causas que han contribuido a frenar el impulso inversor de las empresas generadoras, entre las que señala: “baja de los precios de nudos; el riesgo introducido por el nuevo artículo 99° bis de la Ley Eléctrica; la desaparición de la señal de valorización de potencia firme en el mercado eléctrico; la incertidumbres por la forma en que los problemas ambientales están afectando los proyectos de generación y transmisión de electricidad; y la incertidumbre producida por el anuncio de una modificación total de la Ley Eléctrica”. El analista entrega además, una reseña detallada a la estructura del sistema eléctrico nacional a partir de la reforma de 1982, a lo que siguió la creación de cerca de 15 empresas eléctricas, y que culminó con la privatización de toda la industria entre 1986 y 1995. Un proceso que “sirvió de modelo a la reforma llevada a cabo por Inglaterra en 1989, la cual fue posteriormente aplicada en varios países de Europa, y a las reformas llevadas a cabo en toda Latinoamérica”.

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La crisis eléctrica que se desató en el Estado de California (Estados Unidos), ha concentrado la atención noticiosa mundial y de los reguladores, y ha puesto en duda los procesos de desregulación de los mercados eléctricos que se están llevando a cabo en distintos lugares. Las voces de alerta que anuncian una crisis eléctrica en Chile hacen revelador este exhaustivo análisis al diseño del marco regulatorio que se implementó en California en 1998, y que tuvo como objeto reemplazar parte del actual esquema de monopolios (privados) verticalmente integrados, regulados con la implementación de distintos mercados eléctricos. Reforma que fue el resultado de la presión de grupos de consumidores industriales por reducir los precios de la energía eléctrica que en ese entonces se encontraban entre los más altos del país. El “modelo californiano” – dice Sánchez – terminó siendo para muchos “el más complicado de los mercados eléctricos jamás implementado”.

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El director de la Escuela de Salud Pública examina en forma exhaustiva el actual sistema de salud para proyectarlo a partir del brutal impacto que ha provocado el vertiginoso desarrollo científico y tecnológico en el quehacer médico y en la atención de la enfermedad, el paradigma que determinó la organización del sistema en la segunda mitad del siglo pasado. Ese desarrollo también gatilló nuevas formas de gestión y financiamiento del sistema, lo que se tradujo en la incorporación de complejos empresariales transnacionales. Pero en ese acelerado y radical proceso el concepto de protección social, que establece el derecho del enfermo a recibir protección y atención del Estado, ha perdido vigencia. Una mirada cruda a la realidad actual revela que, mientras enfermedades y muertes evitables afectan a vastos sectores de la población, al otro lado de la medalla grupos minoritarios que pueden pagar métodos de diagnóstico y tratamiento, adquieren más años de vida. Las posibles respuestas pensando en el Chile del 2010 son reseñadas por Solimano considerando que el objetivo es llegar a considerar a la salud como un “supravalor social”, responsabilidad que deben asumir no sólo los gobernantes, sino el conjunto de la sociedad chilena.

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Las cifras muestran que en Chile, a pesar de los avances que ha experimentado el sector educacional, persiste una deficiente calidad. Pero esa mala calidad de la educación que se imparte en la enorme población pobre del país, aparece inadvertida frente a una calidad pasable – y tampoco buena – de la que reciben los sectores más acomodados. Esto va generando, dice Hevia, una nación fragmentada, que no podrá dar paso al desarrollo mientras la mayoría de la población permanezca al margen de una elemental capacidad para valerse en el mundo globalizado que ya se nos vino encima.

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