El terremoto, de 8,8 grados en la escala de Richter, y el posterior tsunami que arrolló con sucesivas olas de hasta 20 metros de altura las localidades costeras dejaron un saldo de 500 víctimas entre muertos y desaparecidos, y 200.000 viviendas, 4.000 escuelas, 79 hospitales, 200 puentes y numerosos puertos y aeropuertos dañados o destruidos.

A seis meses de la catástrofe, La Moneda estima el costo de las pérdidas en 30.000 millones de dólares. Una parte de este monto fue cubierto por los seguros; otra, por el sector privado, y cerca de un tercio, por el Gobierno, que elevó provisionalmente los impuestos.

La justicia y la Cámara de Diputados, que realizan sendas investigaciones por la falta de aviso de tsunami a la población, apoyados por un organismo de la Armada encargado de esta tarea y otro del Ejecutivo para hacer frente a las emergencias, aún no han terminado su trabajo. Todo indica que las conclusiones de la investigación de la Cámara pondrán de manifiesto la debilidad institucional del Estado frente a la emergencia.

Para el primer Gobierno democrático de la derecha chilena en medio siglo, que encabeza el presidente Sebastián Piñera, el modo en que concluya la reconstrucción será la prueba de fuego de su mandato, que culminará en 2014. Se propuso una meta ambiciosa cuando, 11 días después del terremoto, anunció que intentaría cumplir su programa electoral y, a la vez, completar las tareas de reconstrucción.

En 45 días se logró que volviera al colegio uno de cada tres niños y en 100 días se levantaron 70.000 viviendas de emergencia y se pudo restablecer el funcionamiento de de la infraestructura, explicó Piñera en un reciente encuentro con los corresponsales extranjeros.

Los chilenos han mostrado una “unidad y capacidad para enfrentar la adversidad con coraje y un sentido de solidaridad que me hace sentir orgulloso”, afirmó el presidente. Esto ha permitido “no quedarnos atrapados con el terremoto, sino también cumplir la agenda”, agregó.

La celeridad con que la economía recobró su ritmo y la superación de los primeros días críticos de la emergencia contrastan con las crecientes quejas de los damnificados por el terremoto y el maremoto acerca de la lentitud, ineficacia o precariedad de la ayuda. El eco que han encontrado ha sido escaso en la prensa, porque el seísmo y sus consecuencias perdieron relevancia en la agenda pública: primero, con la actuación de la selección chilena en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y después, con la epopeya de la supervivencia de 33 mineros atrapados por un derrumbe en la mina San José desde hace tres semanas.

Las quejas son de diferente índole. En Dichato, considerado el mejor balneario del sur chileno hasta que lo barrió el tsunami, medio centenar de personas interrumpió el tráfico e hizo barricadas esta semana para quejarse de que no han participado en la reconstrucción. Los proyectos oficiales impiden construir frente al mar por el riesgo de una nueva catástrofe. Ahora, dicen, viven un “tsunami social”.
En la Villa Cordillera, en Rancagua, 100 personas se manifestaron encendiendo velas en las calles porque no les han pagado la expropiación de sus viviendas. Los habitantes de las aldeas construidas con viviendas de emergencia, que son de madera y carecen de baños, se quejan de que hay un baño por cada 25 familias. Muchas pequeñas empresas no han vuelto a funcionar por falta de capital para reponer lo perdido. El turismo casi ha desaparecido de las zonas más dañadas.

Las principales protestas provienen de los municipios, que han debido recurrir a fondos propios para abordar la emergencia, sin que el Gobierno se los restituya. “Hay mucha buena voluntad” en las autoridades centrales, pero afrontan “un rechazo objetivo en cosas que nos afectan directamente”, afirma el presidente de la Asociación de Municipalidades, Claudio Arriagada.

La oposición, por su parte, critica al Gobierno por la ausencia de un plan maestro y global de reconstrucción con un horizonte temporal y etapas en las que el Estado tome las riendas. Comparativamente, la gestión del Gobierno ante la crisis de los mineros sale mucho mejor parada que frente a la reconstrucción.

Por: MANUEL DÉLANO

Fuente: El País

Mientras tanto, abajo, el polvo cegaba a los mineros, según explicaría 17 días después Yonny Barrios a su familia. Y no había por dónde salir. “Se me cayó el alma cuando nos explicaba que salieron corriendo hacia la chimenea para subir por ella, pero no había escalera”, comenta su hermana Zuleyma Barrios. “¿Cuánto pudo haber costado esa escalera? ¿500 dólares? Eso habría costado las vidas de 33 personas”, explicaba el abogado Eduardo Reinoso a las 27 familias que han presentado una querella contra los dueños de Minera San Esteban.

Hasta las ocho de la noche no empezaron a llamar los responsables de la mina a las autoridades para contarles lo que sucedía. Los familiares se fueron enterando por el boca a boca a partir de las nueve. “Esas seis horas de trabajo se perdieron, y se podían haber aprovechado para rescatarlos con todos los medios posibles”, comenta Zuleyma Barrios.

Lo peor es que casi todos los mineros enterrados habían previsto la catástrofe. Todos le comentaron alguna vez a sus familias que había que dejar pronto ese sitio. “El Darío decía que esa mina lloraba mucho. Así es como ellos hablan para referirse a los desprendimientos de roca”, explica Yésica Chilla, compañera sentimental de Darío Segovia, quien tiene 48 años, tres hijos de una relación anterior y tres hijas de Yésica a las que les ha dado su apellido. “El día antes me dijo que la mina estaba a punto de asentarse y que no le gustaría ser uno del turno de trabajo cuando llegara el derrumbe. Pero necesitábamos la plata. Y él había acabado su turno de siete por siete [una semana de trabajo en jornada de 12 horas y otra de descanso]. Pero le ofrecieron horas extras y nadie se niega a las extras, porque te pagan el doble. Ese día iba a ganar 90.000 pesos [140 euros]. Pero él quería dejar ese trabajo para hacer fletes con una camioneta”.

Todos cuentan una historia parecida. Iban a dejarlo cuando consiguieran platita, unas cuantas lucas para pagar deudas, para montar la casa o un negocio, para superar algún bache, para jubilarse más tranquilos. Muchos de ellos eran jóvenes sin apenas experiencia en minería.

En cuanto se supo la noticia, los familiares llegaron al desierto de Copiapó, donde se encuentra la mina, y allá acamparon, entre el calor abrasante del día y el frío de la noche. Les aguardaban 17 días de incertidumbre, de impotencia, de intentos fallidos de contactarlos, de frases lapidarias de expertos que decían que era harto improbable que los 33 se encontraran con vida, porque en una mina las cuadrillas se diseminan en los túneles.

Hubo hasta tres mineros de pico y martillo que decían que estaban dispuestos a bajar hasta el fondo, porque conocían el camino. Hasta que por fin, el 22 de agosto a la una de la tarde, un obrero bajó corriendo desde lo alto de la mina hacia el campamento y empezó a gritar. “¡Están vivos, están vivos!”. Pero no había confirmación oficial. “Los 33 se las habían ingeniado para pintar de rojo el tubo que les mandaron. Así, cuando lo recogieran los de arriba se darían cuenta de que venía con mensajes”, comenta Javier Castillo, secretario del único sindicato de la Minera San Esteban. “Pero el ministro de Minas se calló, no quiso decir nada hasta que no llegara aquí el presidente [Sebastián Piñera] y pudiera venderlo él mismo. Pero un minero se saltó la jerarquía y les cagó la estrategia. Si no llega a ser por eso, habrían prolongado dos horas más la incertidumbre y el sufrimiento de la gente”, añade Castillo.

Alejandro Bohn, uno de los dueños de la mina, declaró esta semana: “No es momento de asumir culpas ni de pedir perdón”. Y, además, ha advertido de que una mina cerrada no puede obtener beneficios y, por tanto, podría declararse en quiebra. La centena de mineros de San José que no sufrieron el accidente siguen acudiendo todos los días al tajo. Un autobús los lleva por el desierto durante una hora para que fichen y entonces… se pasan las 12 horas de su turno dando vueltas por el campamento, sin hacer nada. Al cabo de ese tiempo vuelven a fichar, otro autobús los recoge y un nuevo turno los reemplaza para no hacer nada. “Es absurdo, sí”, comenta Dayana Donaire, esposa de un minero, “pero hay que hacerlo porque la empresa va a buscar cualquier pretexto para no darles el finiquito. Y a las tres faltas, te despiden y te quedaste sin él”.

Algunos mineros han mostrado expresamente su preocupación por el dinero y las deudas contraídas. Al fin y al cabo, fue la necesidad de dinero la que los llevó hacia esa mina. El conductor de maquinaria pesada José Henríquez reclama por escrito a sus hijas que regresen a sus casas en Talca, a 16 horas en autobús desde la mina, y que no gasten más dinero “ahí arriba”. En la película que los propios mineros han grabado, el enfermero Yonny Barrios le pide a su amante que se ocupe de transmitirle a la gente que ya pagará la plata que debe. Carlos Bugueño, de 27 años, le escribió a su madre en su primera carta que le “rescatara” la mochila del vestuario porque tenía la plata que había cobrado: 300.000 pesos (470 euros). Ese es el sueldo de la cesta básica, el dinero con el que una familia de tres o cuatro miembros puede vivir dignamente en Chile, según Javier Castillo.

La madre le ha respondido que ya le ingresó su dinero en el banco. Lo que no sabe el hijo es que, además de los 300.000, le esperan cinco millones de pesos (7.850 euros) que el empresario minero Leonardo Farkas ha donado para cada uno de los 33. Otro empresario que venía con él entregó un millón y un anónimo, otro millón. En total, a Carlos Bugueño le esperan casi 11.000 euros… De momento. Farkas pretende iniciar una campaña para recolectar uno o dos millones de dólares para cada minero. Los psicólogos han prohibido a los familiares hablarles de cuestiones monetarias a los atrapados. Pero en el campamento ya ha habido algunas peleas casi físicas entre esposas con papeles y amantes.
Pero, mientras tanto, sus vidas siguen pendiendo de un hilo. No será nada fácil rescatarlos sin que la mina vuelva a llorar.

Por:  F. PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Mina San José - 29/08/2010

 Fuente: El País

La explicación es que en países emergentes que viven una transformación de economías que pasan de ser principalmente agrícolas a de servicios, la “demanda de trabajadores poco cualificados es menor”.
El informe de la OIT destaca además el notable incremento del número de jóvenes que, por culpa de la crisis, han optado por autoemplearse.
Y registra un sensible crecimiento de aquellos que entre los 15 y 19 años terminan trabajando en el sector informal.
Pese a todo, el informe destaca algunas políticas “exitosas”, con origen en los años 90, para proteger el empleo juvenil que datan de los años 90 en Argentina, Colombia, República Dominicana, Paraguay, Perú y Uruguay.
Los europeos también en peligro
El número de jóvenes de entre 15 y 24 años que en los países ricos quieren trabajar pero no encuentran empleo pasó de 8,5 millones en 2008 a 11,4 millones en 2009, un aumento del 34,1%. “El mayor nivel de crecimiento del desempleo desde que recogemos los datos, en 1991″, afirmó Elder.
En Gran Bretaña, por ejemplo, el 25% de los jóvenes carecen de motivación para buscar empleo e intentar integrarse en el mercado de trabajo, el mayor índice entre los países desarrollados. En España, ese número es del 10%.
Las economías desarrolladas, como las de la Unión Europea, adoptaron programas de protección e incentivo del empleo joven por “el peligro ahora son las presiones para suprimirlos”, asegura Elder.
Steven Kapsos, economista de la Unidad de Tendencias de Empleo de la OIT lamentó que “los jóvenes ya no saben dónde ni cómo buscar empleo”.
“Los jóvenes son el motor del desarrollo económico, desaprovechar este potencial es un desperdicio económico que puede menoscabar la estabilidad social”, concluyó Kapsos.

Fuente: Redacción. BBC Mundo