En plena época de debates y campaña, el tema de seguridad ciudadana ha estado expuesto a esta contingencia eleccionaria. La interrogante es ¿Qué se ha hecho en esta materia?

Para aclarar esta duda e informarnos sobre los avances y cambios en la materia, Javiera Blanco, Subsecretaria de Carabineros, aceptó la invitación y vino a conversar, en el marco de un nuevo encuentro del proyecto Diálogo Público Privado del CED, sobre “Seguridad ciudadana en Chile: Tendencias y políticas públicas”.

La Subsecretaria comenzó su exposición aclarando que, en este tema, el uso parcial de la información puede inducir a confusión, ya que el despliegue de datos sin contextualizarlos, está muy lejos de explicar la evolución experimentada por la seguridad ciudadana en nuestro país. Por ejemplo, cuando se habla del aumento de los delitos siendo que en realidad el indicador que se utiliza es la tasa de denuncias (la que post reforma procesal penal incorpora también aprehensiones por faltas menores que anteriormente no se ingresaban a estas denuncias) o cuando livianamente se asocia a jóvenes en situación de vulnerabilidad con delincuencia, cuando siempre hemos sabido que ser pobre no es igual que ser delincuente y, además, se tienen datos serios y transparentes que de un universo de 7 millones de jóvenes, sólo un 0.8% de ellos, es decir 60 mil jóvenes han cometido delitos y, afinando más aún la información, de esta cifra, un tercio concentra el 80% de la perpetración de delitos (en este grupo) y el resto son exploradores.

Es por ello que la autoridad, pese a confirmar que el problema de delincuencia ha existido siempre, hizo un recorrido por la evolución que han tenido las políticas públicas y los cambios que ello ha propiciado en la forma cómo hoy se aborda la seguridad del país.

Blanco explicó cómo a comienzos de los ‘90 la delincuencia era considerada responsabilidad exclusiva de los órganos de control del Estado (quienes tenían el monopolio de la fuerza y el poder penal). Hasta entonces se hablaba de seguridad pública, concepto que daba al ciudadano la condición de objeto de protección por parte de la policía y la justicia y que ponía el énfasis en materias de control.

Pero, a principios de los años 2000, la delincuencia se transformó en un hecho social y político de primera magnitud, introduciéndose poco a poco cambios conceptuales y de políticas.

Es así como se amplió el concepto a Seguridad ciudadana. Término que implica la concepción del ciudadano como objeto y sujeto de su seguridad. El problema se comienza a ver y a abordar de manera integral.

Para Javiera Blanco, la declaración hecha por la Presidenta Bachelet en la que afirmó “En Chile nadie nace delincuente”, es una clave para entender cómo se plantea y afronta la seguridad.

Hoy se ha reconocido que no se puede reducir el problema de la delincuencia a factores aislados, sino que son la conjunción de una multiplicidad de ellos que aumentan el riesgo Además, se debe destacar que su efecto sólo se puede comprender al analizarlos en sus interacciones.

Estos factores han sido estudiados, identificados y caracterizados:

- INDIVIDUALES; Hiperactividad, agresividad temprana, bajo autocontrol, interpretación hostil del mundo, irreflexividad, consumo de drogas, entre otros.
- FAMILIARES; Abuso y negligencia, clima crítico y punitivo, baja calidad de estilos parentales.
- ESCUELA y PARES; Dificultades escolares, pares involucrados en actividades delictivas
- COMUNIDAD; Bajos lazos comunitarios, alta rotación de residentes de la comunidad, ausencia prácticas protectoras, violencia física o psicológica frecuente contra jóvenes
- SOCIOECONÓMICOS; Desventajas socioeconómicas, desempleo juvenil.

Esta claridad en relación con los aspectos de la vida que se deben intervenir para disuadir a los jóvenes de adentrarse en el mundo delictual, ha permitido que las políticas públicas se hayan orientado al ámbito de la Prevención Social. Entre ellas, encontramos algunas que han sido hitos en este proceso.

Las acciones más destacadas de la década de los 90 fueron: Elaboración de estadísticas de denuncias y aprehensiones (FPC 1994; M. del Interior 1997); las encuestas de victimización y temor (FPC 1998; M. del Interior 2003); la creación de CONACE (1990); el compromiso de algunos municipios que asumen tema de inseguridad en sus programas locales; la derogación de la detención por sospecha (1998) y la Reforma Procesal Penal, que introdujo modificaciones legales entre 1995 y 2000 (instalación gradual 2000-2005).

Mientras que las de la década del 2000 han sido: La implementación gradual de Reforma Procesal Penal; la creación de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior; el inicio de los Programas Comuna Segura, Barrio Seguro y Cárceles Concesionadas; la Estrategia Nacional de Drogas; foro de expertos en seguridad ciudadana; la Primera Encuesta Nacional urbana de Seguridad Ciudadana ; Política Nacional de Seguridad Ciudadana; el Plan Regional de Seguridad Pública y los Consejos Regionales de Seguridad (Intendente; Gobernador; sectorialistas; Policías).

Además, se deben destacar la Promulgación de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (ley 20.084) y la de Drogas (ley 20.000). También han sido importantes el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Indicación sustitutiva que crea Subsecretaría de Seguridad Pública dependiente del Ministerio del Interior.

A esto hay que sumar el Programa 24 Horas, iniciativa que nace en la institución de Carabineros y que ha resultado de una importancia e influencia gravitante para la formulación de nuevas políticas y desarrollo de nuevos y más focalizados programas. Ello, pues por medio de la inteligencia aplicada a los datos de denuncias, hoy ya no se enfoca el problema desde el puno de vista de la zona geográfica donde éste fue cometido, lo que sólo permitía atacar el problema con represión, sino que hoy se aborda desde la perspectiva del origen de los infractores. De esta forma, se pueden focalizar las políticas y planes e intervenir con acciones de prevención.

Con toda esta información se ha conseguido distinguir elementos comunes en los barrios que concentran la mayor cantidad de jóvenes infractores, entre los más importantes están: la carencia de capital social; presencia de microtráfico y, además, se estableció una trasposición evidente entre denuncias de violencia intrafamiliar con el domicilio de los infractores.

De esta forma se ha conseguido establecer que estos barrios están hiperfocalizados, lo que por un lado está indicando que existen comunas que han evidenciado un empeoramiento de su calidad de vida y, por ende, sus estándares están muy por debajo de los del resto del país. Pero a la vez, esto entrega las herramientas para centrar las políticas (vivienda; concepto de ciudad; salud; educación; etc.) y aplicar planes desagregados en donde sean actores principales las comunas y los barrios.

Pero este claro, y a veces duro, diagnóstico también ha permitido afrontar el problema, no negar lo evidente y, sobre todo, trabajar por superarlo.

Es así como en la exposición también escuchamos datos tan alentadores como el que Chile, pese a tener malos índices en robos a autos y domicilios, ostenta los más bajos indicadores en homicidios o cómo el recientemente publicado Índice de paz Mundial, luego de medir a 144 países en 23 hitos, ubicó a Chile en el lugar 20, el único sudamericano situado en ese grupo, sólo seguido por Costa Rica en el puesto 25 y Uruguay en el 29, el resto de los países latinoamericanos se ubicaron todos desde el lugar 90 en adelante.

Finalmente, también informó de la reciente aprobación de un fondo de 8 mil millones de pesos (para un programa de 3 años) con el propósito de invertir directamente en 8 comunas y 16 barrios, atendiendo al 20% de jóvenes que son hechores del 80% de los delitos, es decir, aquellos con menor nivel de compromiso y más prolíferos en sus acciones infractoras.

Al finalizar la intervención, la autoridad compartió visiones, respondió inquietudes y recibió aportes de los asistentes.