En un nuevo desayuno de Diálogo Público Privado, Juan Eduardo Saldivia, Subsecretario de Obras Públicas, hizo un detallado análisis sobre la temática “El agua, un bien de todos los chilenos”. En el encuentro, con el que se cerró el ciclo de actividades 2009 de este programa del CED, la autoridad hizo un detallado análisis sobre el tema, contextualizando la situación, aclarando el rol del Estado, y estableciendo los principales desafíos que supone abordar con responsabilidad esta materia.

Para comenzar, Saldivia aclaró que la discusión en torno a la “propiedad de las aguas” se ha instalado en el debate político de nuestro país y para tratarlo de adecuada manera, no se debe olvidar que los problemas asociados a los recursos hídricos son de gran complejidad, ya que, además de su faceta económica, el agua tiene otras dimensiones, tales como: es base para la vida, es el sustento del medio ambiente, es eje de las etnias, es fuente del paisaje, etc.

Es por ello que su uso inadecuado y la sobreexplotación pueden provocar contaminación, escasez, daño a otros recursos y deterioro a ecosistemas, e incluso, transformarse en un importante obstáculo para el desarrollo. Esto sin contar con que Chile también debe enfrentar los desafíos asociados al Calentamiento Global, lo que implica un uso más eficiente del recurso.

Se planteó como necesario priorizar los usos de este bien, tanto en los derechos de agua ya otorgados, como en los futuros. Además, en el rol de velar por el progreso de todo el país y sus habitantes, el Estado debe ocuparse de las situaciones de inequidad devenidas de su asignación, las que pudiendo ser irrelevantes para las reglas del mercado, son fundamentales para alcanzar el desarrollo social. Es así como la autoridad aclaró que para conseguir este desarrollo con sustentabilidad es necesario lograr una mejor gestión de los recursos hídricos, lo que implica, entre otros puntos: contar con información sobre el estado de las cuencas y patrimonio ambiental de ríos, acuíferos, lagos, vertientes, humedales y glaciares; otorgar derechos de agua considerando esta información; realizar una fiscalización efectiva de los derechos de agua y mejorar; y diseñar las instituciones público privadas para la explotación de los recursos hídricos
Frente a este escenario, el Subsecretario planteó como interrogante si el Mercado es un mecanismo suficiente y adecuado para la asignación del recurso. Ello, porque en nuestro esquema actual los derechos de aprovechamiento se tranzan prácticamente sin intervención estatal y a perpetuidad, sin considerar su uso ni el tipo de usuario, jugando el Estado un rol menor en su regulación una vez que los derechos son otorgados, dando prioridad a los beneficios económicos particulares por sobre el bienestar social y del País en su conjunto. Sin embargo, aunque claramente insuficientes, existen herramientas de control como el remate de derechos, las expropiaciones, las áreas de protección o restricción y el pago de patente por no uso.

Para hacerse cargo de los desafíos asociados al agua, desde distintas dimensiones, y dado su carácter de recurso escaso, el Estado ha tomado una serie de medidas, como la creación del Comité Interministerial de Recursos Hídricos , con el objeto de elaborar una propuesta de política nacional de recursos hídricos de largo plazo, contemplando en ella la adecuación del actual régimen jurídico a la situación nacional y mundial y, como una nueva medida, la elaboración de una iniciativa de reforma constitucional.

Sólo de esta forma, se podrá construir una institucionalidad que responda a las necesidades de compatibilizar la valorización del agua como un bien económico, pero también como fuente de vida, paisaje y desarrollo. En definitiva, haciéndose cargo de los desafíos de futuro, garantizando el acceso equitativo al agua, incorporando mecanismos adecuados para priorizar usos y usuarios, y asignando derechos y usos teniendo en cuenta las consideraciones ambientales.

Además, se debe: rediseñar instituciones público privadas para la explotación de los recursos hídricos; mejorar la regulación del mercado, potenciando las atribuciones del Estado; rediseñar los derechos de aprovechamiento de aguas, en cuanto a forma y perpetuidad, incorporándoles obligaciones y atendiendo el bien común.

Finalmente, la autoridad sostuvo que es indispensable una mayor y mejor fiscalización, con más atribuciones para el Estado, más información sobre la disponibilidad del recurso y el estado ecológico de los cuerpos de agua, y más atención a la eficiencia hídrica.