Había ido en búsqueda de la vieja chilenidad, el Chile clásico. Allí tres mil niños chillanejos, “sana mocería criolla”, habían desfilado en su honor. Ahora una porción de esa “carne niña” había pasado en una noche de fábula directamente al sueño eterno. “Lo catastrófico que llena las planas de los diarios de América, no ha sido, por desgracia, exagerado. Un tercio del territorio quedó dentro de la conmoción y las mejores ciudades de la zona, logradas a fuerza de civilidad corajuda, han padecido quebranto ligero o mortal. Pero Chillán, cuna de nuestro O‘Higgins esencial, fue realmente arrasada y hay que levantarla piedra a piedra; y la ilustre Concepción, santo y señor del Sur, de tan noble estampa, ha perdido barrios enteros y deberá reedificarse en buena parte”.

De ahí Gabriela Mistral saltaba a enunciar lo que creía era rasgo sufriente pero fraterno del chileno: “Estamos juntos, como en los tiempos de la vieja chilenidad, que todo hizo así, en manojo de alma, en hatillo de leños”. ¡¡Siete veces destruido Concepción y otras siete veces destruido Santiago, y siempre levantados de nuevo!! Por eso nuestro Premio Nóbel declaraba que “La desventura no ha logrado un colapso en el país de las pruebas, que siempre las vio llegar y les dio la cara”.

Fuerza telúrica de una tierra pobre pero creyente. Porque a la fuerza de la naturaleza debemos oponer la inteligencia, previsión y fraternidad de nuestro pueblo. Inteligencia para construir firme y bien. Previsión para enfrentar catástrofes que llegarán una y otra vez. Provisión de instituciones, recursos y medios permanentes a echar mano en estos casos. Y mucha fraternidad. Pues si algo revelan estas calamidades es ese Chile profundo, pobre y marginado. O ese Chile de clases medias que tanto dependen de servicios públicos bien estructurados y financiados. A su dolor se debe responder con decencia y después con justicia, jamás con conmiseración vocinglera.

Preocupa sobremanera el nivel de dependencias de servicios estratégicos en manos de privados. ¿Es lógico que nuestras autoridades terminen haciendo llamados a la buena voluntad de empresarios y que sólo puedan coordinarse con ellos? Duele una vez más el centralismo y la debilidad de nuestros gobiernos regionales y locales. ¿Alguien sabe cuántos son los funcionarios de la Onemi en la Región del Bío Bío? Que lo averigüe. Inquieta que nuestra apuesta por servicios de comunicación ultra modernos colapsen, y vuelva a resurgir la vieja verdad de la importancia de radios, prensa y organizaciones locales. Es tiempo de volver a pensar los equilibrios justos entre lo privado y lo público; lo local, lo regional y lo nacional; lo moderno y lo tradicional.

Cuando el terremoto del sesenta destruyó parte de la Universidad de Concepción, su rector llegó presuroso a su oficina. Quien me relató la escena me dice que su abogado se lamentó amargamente del desastre. Los daños eran irreparables. El rector molesto exclamó algo así como: “No te quejes y empieza a redactar inmediatamente una propuesta de proyecto de ley que reconstruyendo lo perdido, genere una universidad más bella y mejor construida”. Del desastre de Chillán surgió la ley que creó la CORFO y abrió una etapa de desarrollo nacional: Endesa, Enap, Chilectra y Cap. ¿Por qué no demandar que del terremoto del Bicentenario se reconstruya un Chile del Bicentenario mejor construido, más organizado y más solidario? Es el tiempo del liderazgo político.

Esta actividad forma parte de la celebración del Día Mundial de los Humedales, en el marco de las líneas de trabajo del Centro de Estudios de Humedales de Pica. Desde ya agradecemos su participación y confirmación de su asistencia.Para mayores informaciones, contactarse con Carolina Vera B., Coordinadora (S) del Centro de Estudios de Humedales de Pica, al teléfono 742067 o al mail cvera@ceh.cl

Día Mundial de los Humedales 2010: Mensaje del Secretario General de RAMSAR, vealo aquí

Con ello, Ximena da cuenta de su tenacidad, capacidad de trabajo y compromiso por la transformación de la política y de Chile, tarea en la que estamos seguros seguirá siendo un aporte y pilar fundamental. Este triunfo es la respuesta a lo que pide el país: nuevos y generosos liderazgos que no tienen que ver sólo con la edad sino que especialmente con las ideas y visiones de futuro a partir del reconocimiento de la realidad actual.

En casa la extrañaremos, pero estamos convencidos que el compromiso de nuestro Centro con el desarrollo y progreso sustentable del país se ha visto reforzado con su elección y que desde el Senado de la República, ella llevará a la práctica ideas que resultan de profundos procesos de reflexión y acuerdos sociales.

Para comenzar, Saldivia aclaró que la discusión en torno a la “propiedad de las aguas” se ha instalado en el debate político de nuestro país y para tratarlo de adecuada manera, no se debe olvidar que los problemas asociados a los recursos hídricos son de gran complejidad, ya que, además de su faceta económica, el agua tiene otras dimensiones, tales como: es base para la vida, es el sustento del medio ambiente, es eje de las etnias, es fuente del paisaje, etc.

Es por ello que su uso inadecuado y la sobreexplotación pueden provocar contaminación, escasez, daño a otros recursos y deterioro a ecosistemas, e incluso, transformarse en un importante obstáculo para el desarrollo. Esto sin contar con que Chile también debe enfrentar los desafíos asociados al Calentamiento Global, lo que implica un uso más eficiente del recurso.

Se planteó como necesario priorizar los usos de este bien, tanto en los derechos de agua ya otorgados, como en los futuros. Además, en el rol de velar por el progreso de todo el país y sus habitantes, el Estado debe ocuparse de las situaciones de inequidad devenidas de su asignación, las que pudiendo ser irrelevantes para las reglas del mercado, son fundamentales para alcanzar el desarrollo social. Es así como la autoridad aclaró que para conseguir este desarrollo con sustentabilidad es necesario lograr una mejor gestión de los recursos hídricos, lo que implica, entre otros puntos: contar con información sobre el estado de las cuencas y patrimonio ambiental de ríos, acuíferos, lagos, vertientes, humedales y glaciares; otorgar derechos de agua considerando esta información; realizar una fiscalización efectiva de los derechos de agua y mejorar; y diseñar las instituciones público privadas para la explotación de los recursos hídricos
Frente a este escenario, el Subsecretario planteó como interrogante si el Mercado es un mecanismo suficiente y adecuado para la asignación del recurso. Ello, porque en nuestro esquema actual los derechos de aprovechamiento se tranzan prácticamente sin intervención estatal y a perpetuidad, sin considerar su uso ni el tipo de usuario, jugando el Estado un rol menor en su regulación una vez que los derechos son otorgados, dando prioridad a los beneficios económicos particulares por sobre el bienestar social y del País en su conjunto. Sin embargo, aunque claramente insuficientes, existen herramientas de control como el remate de derechos, las expropiaciones, las áreas de protección o restricción y el pago de patente por no uso.

Para hacerse cargo de los desafíos asociados al agua, desde distintas dimensiones, y dado su carácter de recurso escaso, el Estado ha tomado una serie de medidas, como la creación del Comité Interministerial de Recursos Hídricos , con el objeto de elaborar una propuesta de política nacional de recursos hídricos de largo plazo, contemplando en ella la adecuación del actual régimen jurídico a la situación nacional y mundial y, como una nueva medida, la elaboración de una iniciativa de reforma constitucional.

Sólo de esta forma, se podrá construir una institucionalidad que responda a las necesidades de compatibilizar la valorización del agua como un bien económico, pero también como fuente de vida, paisaje y desarrollo. En definitiva, haciéndose cargo de los desafíos de futuro, garantizando el acceso equitativo al agua, incorporando mecanismos adecuados para priorizar usos y usuarios, y asignando derechos y usos teniendo en cuenta las consideraciones ambientales.

Además, se debe: rediseñar instituciones público privadas para la explotación de los recursos hídricos; mejorar la regulación del mercado, potenciando las atribuciones del Estado; rediseñar los derechos de aprovechamiento de aguas, en cuanto a forma y perpetuidad, incorporándoles obligaciones y atendiendo el bien común.

Finalmente, la autoridad sostuvo que es indispensable una mayor y mejor fiscalización, con más atribuciones para el Estado, más información sobre la disponibilidad del recurso y el estado ecológico de los cuerpos de agua, y más atención a la eficiencia hídrica.

En su intervención el experto planteó un diagnóstico de la situación actual, pero no sin dejar de reconocer los esfuerzos y avances alcanzados en esta materia desde hace ya 15 años y, más aún, se arriesgó a augurar que las iniciativas recientes, como la nueva institucionalidad ambiental que a un año plazo promulgará una nueva ley de Áreas Protegidas o los impulsos generados a través de proyectos privados como el GEF Cantillana, dinamizarán y facilitarán el rol de los privados en la promoción y manejo sustentable de estas áreas.

Contreras contextualizó la información sobre las Áreas Protegidas haciendo primero un recorrido por la diversidad de ecosistemas terrestres y marinos presentes en nuestro país y la representatividad de ellos en estas áreas.

Los ecosistemas terrestres se encuentran determinados por los factores climáticos y su relación con latitudes, topografía, corrientes marinas y estaciones del año. Además, su diversidad dependerá del nivel de detalle del análisis. Es por ello que el profesional tomó como referencia el trabajo de Pliscoff y Luebert, quienes distinguieron 127 zonas de pisos de vegetación, los cuales se encuentran agrupados en 4 grandes zonas:

- Norte: cuenta con vegetación diversa y en abundancia en el área limítrofe pero con un sector costero sin lluvias ni vegetación. Las principales amenazas de esta zona son el sobrepastoreo y la extracción de agua para la actividad minera y abastecimiento de la población.

- Centro Norte: con un clima predominantemente mediterráneo, se caracteriza por contar con un área desértica al norte y abundante vegetación al sur, concentrando la mayor tasa de endemismo de flora y fauna (aproximadamente el 50%). Su principal amenaza es el desarrollo humano con la evidente concentración de población y las actividades como sobrepastoreo, agricultura, introducción de especies exóticas, incendios, etc.

- Centro Sur: presenta un clima lluvioso frío, gran endemismo de especies, especialmente de aves que se concentran en los sectores lacustres y ríos. Las amenazas son similares a las de la zona Centro Norte.

- Austral: de clima más boreal, en las áreas de mayor precipitación se caracteriza por la presencia de bosques, mientras que al este de la cordillera, donde las precipitaciones escasean, el paisaje es más desértico. Principalmente se encuentra amenazada por la introducción de especies exóticas.

En estas zonas se distribuyen las Áreas Protegidas Terrestres, las que por definición son aquellas que cuentan con una designación oficial de protección y que pueden ser tanto públicas como privadas. Las públicas están agrupadas en dos sistemas: SNASPE (que considera los parques, reservas y monumentos nacionales y cuenta con una superficie total de alrededor de 14 millones de hectáreas) y otras clasificaciones (como las administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales y santuarios de naturaleza, los que concentran 1 millón de hectáreas).

En total, estos grupos representan el 19% de territorio continental e insular del país, pero no tienen una distribución homogénea ni en términos administrativos ni de representatividad de los ecosistemas. Es así como lo evidenciaron Pliscoff y Fuentes, quienes determinaron que de los 127 ecosistemas, 47 tienen el 10% de su área bajo protección; 56 entre el 0 y el 10% y 24 de ellas 0% de representatividad. A esto se debe agregar otra condición relevante, las zonas vegetales con mayor endemismo y la zona mediterránea que es la más impactada por las actividades humanas, son las que tienen menor representación en las Áreas Protegidas, lo que evidencia la deficiente cobertura en los lugares del territorio más intervenidos por el ser humano.

Sumemos otro dato, Tognelli estudió la representatividad de las especies vertebradas en la Áreas Protegidas y las conclusiones no fueron mejores. De 653 especies, 87 no están cubiertas por ellas, 390 muestran espacios vacíos parciales, y 294 tienen menos del 20% de su objetivo de conservación bajo protección. Más aún, 42 especies endémicas no tienen representación.

Los sitios prioritarios de CONAMA algo han contribuido a ampliar esta cobertura, favoreciendo, principalmente, la protección de humedales y aves, pero aún así persisten vacíos importantes.

En cuanto a la diversidad de los ecosistemas marinos, Luis Contreras empleó la clasificación más reciente y detallada, realizada por la Universidad Austral el año 2006. Este estudio clasificó 9 zonas marinas. De ellas, 7 tienen menos del 1% bajo protección y el resto simplemente no cuenta con representación.

Para el profesional, esta realidad viene a avalar la necesidad de que los privados asuman un rol más activo. Postula que difícilmente el Estado aumentará las Áreas Protegidas y, si lo hace, esto no ocurrirá donde más se necesita, en la zona central, más afectada y de propiedad privada. Por otra parte, algunas Áreas Protegidas Privadas cuentan con una declaración oficial de santuario de naturaleza (lo más cercano a este concepto) pero principalmente se distribuyen en la X, XII y VI regiones.

Finalmente, Contreras estableció ciertos puntos concluyentes: se hace indispensable que el Estado mejore la gestión y el estándar de protección de las AP; las declaraciones oficiales evitan la instalación ilegal a gran escala en ellas, pero no las de pequeña escala (como por ejemplo, la extracción de madera en los bosques del sur o la explotación de recursos marinos protegidos); las AP presentan un amplio rango de tamaño y sistemas administrativos y, por último, concluyó que existen algunas de ellas que gracias a sus actividades económicas (como la minera, forestal o vitivinícola) han logrado proteger parte importante de su territorio.

Al cerrar su intervención, Luis Contreras planteó una interrogante que se puede convertir en desafío: que los privados que desarrollan actividades económicas en un territorio con alto valor para la conservación de la diversidad de los ecosistemas, tomen el compromiso de proteger realizando una “conservación productiva”. Para ello también se necesita el compromiso del Estado en orden a facilitar administrativamente los procesos de proyección, dar asesoría y apoyar estas iniciativas. Para Contreras, esto puede llegar con las nuevas iniciativas, como la nueva ley de Áreas Protegidas que se espera vea la luz en el plazo de un año, y los proyectos de gestión pública privada.

Contreras piensa también que el desarrollo de un sistema de Áreas Protegidas Privadas podría organizarse de forma práctica, sin necesariamente esperar las iniciativas del Estado a este respecto. Esto implicaría, el establecimiento de hecho de un sistema de Áreas Protegidas Privadas, aunque no cuenten con el reconocimiento oficial. Contreras piensa que esto puede ser análogo a los libros rojos de conservación que durante los años 80 publicó CONAF y que aun sin contar con respaldo oficial se transformaron en el referente para el estado de conservación de la flora y la fauna de nuestro país, que aun se usa ampliamente, a pesar de que ya existen listados oficiales de estados de conservación de especies.

En un seminario en el que participaron autoridades locales, representantes de instituciones públicas vinculadas al tema, y miembros de la comunidad local comprometida en esta propuesta, el equipo del Área de Sustentabiliad y Desarrollo del CED presentó los resultados del estudio Agenda de Innovación en Destinos Turísticos para la Cuenca de Aculeo, proyecto que contó con el apoyo de INNOVA CORFO.

Guillermo Espinoza, Director Ejecutivo del CED, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que la diversidad cultural y de paisajes hacen parte medular del patrimonio eu identidad chilena y que por ello, el Centro trabaja enen poner valor a estas condiciones de manera que puedan darle sustentabilidad al desarrollo del país y su gente.

En este marco se insertó este proyecto participativo, en el que el CED actuó como líder, pero que no hubiera sido posible sin el compromiso y el trabajo conjunto de todos los actores involucrados. Espinoza agradeció a las instituciones y personas que se comprometieron y apoyaron esta tarea, especialmente a la Municipalidad de Paine, al Club de Huasos Abrantes, y al Proyecto GEF Cantillana que formaron parte del equipo de trabajo.

Finalmente el Director mostró preocupación sobre la forma en que como país estamos abordando el proceso de globalización e hizo un llamado a insertarnos en esta realidad conservando los valores e identidad, como condiciones básicas para asegurar la calidad de vida de todos los chilenos. En este sentido, trabajos como la agenda, son un aporte concreto.

Luego vinieron las exposiciones. Ellas comenzaron con la intervención de Humberto Rivas, Geógrafo y Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, quien entre otros cargos, fue Jefe del departamento de Planificación de SERNATUR y actualmente académico de la UNAB.
Rivas inició su relación muy en sintonía con lo manifestado anteriormente, ya que fue enérgico al sostener que el turismo no es factible si en él no se involucra a cada parte de la comunidad local.

Continuó su ponencia revisando el escenario turístico chileno. En este sentido aportó interesantes datos sobre la situación geográfica y la diversidad de paisajes privilegiados de Chile, lo que lo convierte en un destino de alto interés para operadores de esta empresa y turistas.

Además, aclaró que es esta condición la que le ha permitido desarrollar un Turismo de Intereses Especiales, industria que debe ser acompañada por una gestión integral del territorio, una clara institucionalidad, una correcta gestión ambiental en su desarrollo, un conocimiento del negocio, una inteligencia del mercado, un modelo de financiamiento, y una formación y capacitación permanente. Con ello, se podrá asegurar la realización de un turismo sustentable, que garantice equidad social, calidad del empleo, control local, riqueza ambiental y de esta forma, bienestar para toda la comunidad.

El programa del seminario continuó con la exposición de Diego Urrejola, Coordinador del Proyecto GEF “Conservación de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana”.

La intervención de este profesional presentó: las características generales de este proyecto; la manera cómo la gestión público privada fue clave para su éxito; la alianza lograda para la gestión local; las oportunidades que todo esto brinda para el desarrollo local y los aprendizajes sacados de este proceso.

Urrejola contó que esta idea nació de la convicción y decisión de un grupo de propietarios privados de estos terrenos, para conservar el Cordón de Cantillana por su riqueza y concentración de atractivos naturales y culturales.

Esta iniciativa contó con un importante impulso del gobierno central y de esta manera se crea la alianza público privada, cuyo objetivo es integrar a la comunidad para que pueda manejar el territorio compatibilizando el uso económico con la sustentabilidad, modelo que debe convertirse en una experiencia replicable.

Es así como el proyecto se consolidó como una clara herramienta de fomento para el desarrollo productivo sustentable, mejorando para todos los miembros de la comunidad su calidad de vida y haciéndoles responsables y conscientes de que la clave está en la conservación y en la promoción de bienes y servicios ambientales que aporten oportunidades de desarrollo para una industria de Turismo de Interese Especiales, la que debe estar definida “por ” y “desde” el propio territorio.

Finalmente Esteban Espinoza, investigador del CED y Coordinador de la Agenda de Innovación en Destinos Turísticos de Intereses Especiales y Esteban Zárate, Director Ejecutivo del Centro de Gestión en Ingeniería del Turismo de la Universidad de Chile e investigador del CED, presentaron los resultados de la “Agenda de Innovación en Destinos Turísticos para la Cuenca de Aculeo”.

Los profesionales, en exposiciones complementarias, difundieron los resultados de este estudio, dando a conocer suscaracterísticas centrales, las que se encuentran resumidas en el siguiente texto:

“El Plan de Gestión Ambiental para la Cuenca de la Laguna de Aculeo, aprobado por la Ilustre Municipalidad de Paine, ha priorizado entre sus ejes estratégicos de acción la promoción de la Cuenca de Aculeo como un destino consolidado de turismo de intereses especiales, basado en su singular y altamente valioso patrimonio natural e histórico-cultural.

Actualmente, la Cuenca de Aculeo es destino turístico de miles de visitantes nacionales en función de las actividades realizadas en torno a la Laguna de Aculeo y a costumbres campesinas asociadas a la cultura ecuestre y culinaria. Esto implica una alta presión generada sobre la Laguna de Aculeo, ecosistema vulnerable y biodiverso de gran importancia a nivel regional por su singularidad natural y cultural. No obstante, la Cuenca presenta una amplia variedad de oportunidades de recreación ligada al turismo de intereses especiales, que es factible articular en un producto turístico sólido, asociativo e integrado, que aproveche todas las altas potencialidades que ofrece el territorio. Para esto se requiere de un impulso en temas condiciones de mercadeo y difusión, y construcción de alianzas estratégicas. Esto permitirá habilitar la Cuenca como un destino turístico consolidado y poner en valor su patrimonio, generando nuevas y mejores oportunidades de desarrollo a la comunidad aculeguana.

Lo anterior requiere de la construcción de una agenda de acciones habilitadoras para generar un producto turístico en la Cuenca de Aculeo, que contribuya a consolidar el territorio como un destino turístico de intereses especiales en base a la puesta en valor de su patrimonio natural e histórico-cultural. Para esto será fue necesario realizar un análisis prospectivo de sus potencialidades turísticas, identificando las brechas existentes para su máximo aprovechamiento en base a una imagen objetivo y una estrategia de superación de brechas que incorpore las acciones necesarias para la habilitación de la Cuenca como producto turístico de intereses especiales, y para la instalación de capacidades de gestión y coordinación en los actores relevantes.

Para el logro de los objetivos se realizaron las siguientes actividades: 1) Identificación de potencialidades turísticas; 2) Valoración económica de desarrollo turístico; 3) Identificación de Brechas que deben ser cubiertas; 4) Definición de Agendas; 5) Construcción de cartera de proyectos; 6) Validación de agendas, y 7) Difusión de agenda.

Al generar un producto turístico de intereses especiales, más amplio e integrador que la oferta actual, se espera poner en valor el patrimonio natural y cultural de la Cuenca de Aculeo, contribuyendo a su protección y conservación. Además se espera: i) ampliar las posibilidades de desarrollo económico de la comunidad aculeguana en general; ii) apoyar a las instituciones locales y regionales en consolidar el territorio como destino turístico de intereses especiales; y iii) diversificar la oferta regional de destinos turísticos”.

Para aclarar esta duda e informarnos sobre los avances y cambios en la materia, Javiera Blanco, Subsecretaria de Carabineros, aceptó la invitación y vino a conversar, en el marco de un nuevo encuentro del proyecto Diálogo Público Privado del CED, sobre “Seguridad ciudadana en Chile: Tendencias y políticas públicas”.

La Subsecretaria comenzó su exposición aclarando que, en este tema, el uso parcial de la información puede inducir a confusión, ya que el despliegue de datos sin contextualizarlos, está muy lejos de explicar la evolución experimentada por la seguridad ciudadana en nuestro país. Por ejemplo, cuando se habla del aumento de los delitos siendo que en realidad el indicador que se utiliza es la tasa de denuncias (la que post reforma procesal penal incorpora también aprehensiones por faltas menores que anteriormente no se ingresaban a estas denuncias) o cuando livianamente se asocia a jóvenes en situación de vulnerabilidad con delincuencia, cuando siempre hemos sabido que ser pobre no es igual que ser delincuente y, además, se tienen datos serios y transparentes que de un universo de 7 millones de jóvenes, sólo un 0.8% de ellos, es decir 60 mil jóvenes han cometido delitos y, afinando más aún la información, de esta cifra, un tercio concentra el 80% de la perpetración de delitos (en este grupo) y el resto son exploradores.

Es por ello que la autoridad, pese a confirmar que el problema de delincuencia ha existido siempre, hizo un recorrido por la evolución que han tenido las políticas públicas y los cambios que ello ha propiciado en la forma cómo hoy se aborda la seguridad del país.

Blanco explicó cómo a comienzos de los ‘90 la delincuencia era considerada responsabilidad exclusiva de los órganos de control del Estado (quienes tenían el monopolio de la fuerza y el poder penal). Hasta entonces se hablaba de seguridad pública, concepto que daba al ciudadano la condición de objeto de protección por parte de la policía y la justicia y que ponía el énfasis en materias de control.

Pero, a principios de los años 2000, la delincuencia se transformó en un hecho social y político de primera magnitud, introduciéndose poco a poco cambios conceptuales y de políticas.

Es así como se amplió el concepto a Seguridad ciudadana. Término que implica la concepción del ciudadano como objeto y sujeto de su seguridad. El problema se comienza a ver y a abordar de manera integral.

Para Javiera Blanco, la declaración hecha por la Presidenta Bachelet en la que afirmó “En Chile nadie nace delincuente”, es una clave para entender cómo se plantea y afronta la seguridad.

Hoy se ha reconocido que no se puede reducir el problema de la delincuencia a factores aislados, sino que son la conjunción de una multiplicidad de ellos que aumentan el riesgo Además, se debe destacar que su efecto sólo se puede comprender al analizarlos en sus interacciones.

Estos factores han sido estudiados, identificados y caracterizados:

- INDIVIDUALES; Hiperactividad, agresividad temprana, bajo autocontrol, interpretación hostil del mundo, irreflexividad, consumo de drogas, entre otros.
- FAMILIARES; Abuso y negligencia, clima crítico y punitivo, baja calidad de estilos parentales.
- ESCUELA y PARES; Dificultades escolares, pares involucrados en actividades delictivas
- COMUNIDAD; Bajos lazos comunitarios, alta rotación de residentes de la comunidad, ausencia prácticas protectoras, violencia física o psicológica frecuente contra jóvenes
- SOCIOECONÓMICOS; Desventajas socioeconómicas, desempleo juvenil.

Esta claridad en relación con los aspectos de la vida que se deben intervenir para disuadir a los jóvenes de adentrarse en el mundo delictual, ha permitido que las políticas públicas se hayan orientado al ámbito de la Prevención Social. Entre ellas, encontramos algunas que han sido hitos en este proceso.

Las acciones más destacadas de la década de los 90 fueron: Elaboración de estadísticas de denuncias y aprehensiones (FPC 1994; M. del Interior 1997); las encuestas de victimización y temor (FPC 1998; M. del Interior 2003); la creación de CONACE (1990); el compromiso de algunos municipios que asumen tema de inseguridad en sus programas locales; la derogación de la detención por sospecha (1998) y la Reforma Procesal Penal, que introdujo modificaciones legales entre 1995 y 2000 (instalación gradual 2000-2005).

Mientras que las de la década del 2000 han sido: La implementación gradual de Reforma Procesal Penal; la creación de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior; el inicio de los Programas Comuna Segura, Barrio Seguro y Cárceles Concesionadas; la Estrategia Nacional de Drogas; foro de expertos en seguridad ciudadana; la Primera Encuesta Nacional urbana de Seguridad Ciudadana ; Política Nacional de Seguridad Ciudadana; el Plan Regional de Seguridad Pública y los Consejos Regionales de Seguridad (Intendente; Gobernador; sectorialistas; Policías).

Además, se deben destacar la Promulgación de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (ley 20.084) y la de Drogas (ley 20.000). También han sido importantes el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Indicación sustitutiva que crea Subsecretaría de Seguridad Pública dependiente del Ministerio del Interior.

A esto hay que sumar el Programa 24 Horas, iniciativa que nace en la institución de Carabineros y que ha resultado de una importancia e influencia gravitante para la formulación de nuevas políticas y desarrollo de nuevos y más focalizados programas. Ello, pues por medio de la inteligencia aplicada a los datos de denuncias, hoy ya no se enfoca el problema desde el puno de vista de la zona geográfica donde éste fue cometido, lo que sólo permitía atacar el problema con represión, sino que hoy se aborda desde la perspectiva del origen de los infractores. De esta forma, se pueden focalizar las políticas y planes e intervenir con acciones de prevención.

Con toda esta información se ha conseguido distinguir elementos comunes en los barrios que concentran la mayor cantidad de jóvenes infractores, entre los más importantes están: la carencia de capital social; presencia de microtráfico y, además, se estableció una trasposición evidente entre denuncias de violencia intrafamiliar con el domicilio de los infractores.

De esta forma se ha conseguido establecer que estos barrios están hiperfocalizados, lo que por un lado está indicando que existen comunas que han evidenciado un empeoramiento de su calidad de vida y, por ende, sus estándares están muy por debajo de los del resto del país. Pero a la vez, esto entrega las herramientas para centrar las políticas (vivienda; concepto de ciudad; salud; educación; etc.) y aplicar planes desagregados en donde sean actores principales las comunas y los barrios.

Pero este claro, y a veces duro, diagnóstico también ha permitido afrontar el problema, no negar lo evidente y, sobre todo, trabajar por superarlo.

Es así como en la exposición también escuchamos datos tan alentadores como el que Chile, pese a tener malos índices en robos a autos y domicilios, ostenta los más bajos indicadores en homicidios o cómo el recientemente publicado Índice de paz Mundial, luego de medir a 144 países en 23 hitos, ubicó a Chile en el lugar 20, el único sudamericano situado en ese grupo, sólo seguido por Costa Rica en el puesto 25 y Uruguay en el 29, el resto de los países latinoamericanos se ubicaron todos desde el lugar 90 en adelante.

Finalmente, también informó de la reciente aprobación de un fondo de 8 mil millones de pesos (para un programa de 3 años) con el propósito de invertir directamente en 8 comunas y 16 barrios, atendiendo al 20% de jóvenes que son hechores del 80% de los delitos, es decir, aquellos con menor nivel de compromiso y más prolíferos en sus acciones infractoras.

Al finalizar la intervención, la autoridad compartió visiones, respondió inquietudes y recibió aportes de los asistentes.

Uriarte comenzó recordando cuál fue el contexto en el que se proponen estas reformas, destacando que la presidenta Bachelet, ya desde su campaña y en su programa de gobierno, asumió el compromiso del rediseño de la institucionalidad ambiental. En marzo del año 2006 anuncia entre las 100 primeras medidas de su mandato la elaboración de un proyecto de ley que creará un Ministerio del Medio Ambiente, el cargo de Ministro de esta cartera y la superintendencia ambiental.

La Ministra recordó que en ese momento muchos pensaron que sería imposible formar un nuevo ministerio que le restara competencia a los otros 13 que formaban el Consejo Directivo de Ministros de la CONAMA. Sin embargo, gracias al trabajo y voluntad política de todos los actores comprometidos, partiendo por la propia Presidenta, se alcanzó el consenso necesario.

Así, en junio del 2008 ingresó a tramitación el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Lo que pretendía este modelo era ordenar la gestión en materia ambiental, generando una política y regulación en esta materia. De esta forma, el proyecto contempló la creación de un Servicio de Evaluación Ambiental: el que, orientado hacia la profesionalización de sus acciones, tiene como objetivo hacer que las decisiones estén libres de suspicacias, descartando toda posibilidad de lobby y presiones. También se planteó la necesidad de formar un Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, el que, según lo establecido en el artículo 8º transitorio, deberá ingresar como proyecto en el plazo de un año.

La nueva Ley también considera una Superintendencia, encargada de la fiscalización ambiental, la que debe corregir los problemas surgidos desde la dispersión de instituciones encargadas de ella, las que, sin criterios comunes, sancionan diversos temas ambientales. Esta Superintendencia además cuenta con importantes sanciones disuasivas pero también con la capacidad de gestionar planes de prevención y descontaminación. La nueva legislación incorpora, además, un nuevo instrumento de gestión ambiental denominado Evaluación Ambiental Estratégica, con el objeto de evaluar las políticas sectoriales que inciden el ambiente y en la sustentabilidad.

Como se hace evidente, el proyecto aspiraba a poner orden en la gestión ambiental.

Por otra parte, y como fruto de la discusión en la Cámara de Diputados, se acordó crear un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, formado por los personeros que por transversalidad tengan injerencia en las materias ambientales, pero sin facultades de dirección sobre el Ministerio del Medioambiente. Es decir, éste se concibió como un espacio institucionalizado de diálogo sectorial para discutir las normativas ambientales del país, con una clara orientación hacia la generación de debate sobre el desarrollo sustentable de Chile, apartando de él las reclamaciones sobre resoluciones de evaluación ambiental. Con ello, se consiguió que hoy todos los temas ambientales se desarrollen y trabajen en este espacio de diálogo, en el que todos sus miembros posean igualdad jerárquica, “emparejando a cancha”.

Extendiendo la conversación hacia otros temas, durante su exposición la Ministra también recordó a la audiencia los avances concretos que en materia ambiental ha dado nuestro país y el reconocimiento internacional que ha recibido por ellos.

Por ejemplo, explicó cómo pese a que el Protocolo de Tokio no obliga al país a medir sus emisiones de gases de efecto invernadero, Chile ya realizó la primera de estas evaluaciones el año 2000, la que arrojó un resultado de 0.2 % de emisiones que aportan a este fenómeno y se prepara para entregar los resultados de la segunda medición que, según la autoridad, no sobrepasará el 0.5%.

Por estas manifestaciones concretas de seriedad, Chile es considerado en la discusión sobre cambio climático. En este punto evocó la intervención de la Presidenta Bachelet el año 2007 ante la Asamblea General de la ONU, en la que señaló que a Chile le parece una causa ética la lucha contra el cambio climático y agregó que “es necesario que los países en desarrollo emprendan acciones adicionales de reducción de emisiones, en el marco de un esfuerzo global” y sancionó que los líderes del Primer Mundo deben asumir mayores compromisos de mitigación, adaptación, transferencia tecnológica y financiamiento para apoyar este trabajo.

De esta forma, se instaló el aporte chileno a la discusión de los temas medioambientales y de sustentabilidad, tanto así que la Ministra para Clima y Energía de Dinamarca, Connie Hedegaard, invita a 32 países a participar de la Conferencia sobre Cambio Climático de Copenhague y, entre ellos, a Chile, al que pese a ser un país en vías de desarrollo, se le reconoce su aporte a la discusión.

Compromiso que se ha demostrado con el esfuerzo realizado para lograr que hoy el 5% de la energía requerida por nuestro país provenga de fuentes rentables; así como también por la decisión a nivel de políticas públicas que ha permitido aumentar, de $50 millones el año 2007, a US$400 millones hoy, destinados a proyectos de eficiencia energética. Además, Uriarte recordó que el año 2008, en Potsdam, Chile ya fue reconocido por contar con un Plan Nacional de Acción para enfrentar el cambio climático de manera intersectorial.

Todas estas acciones, han sido valoradas y medidas como un gran aporte en la lucha contra este fenómeno y han avalado el compromiso definitivo que como país se tiene con este tema.

Así, Chile, con esta nueva institucionalidad ambiental y su compromiso con la comunidad nacional y mundial por promover el cuidado del medio ambiente, está dando un paso importantísimo para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.

Al finalizar su exposición y junto con agradecer a los asistentes su interés en el tema, la Ministra Ana Lya Uriarte respondió gran cantidad de inquietudes que abordaron materias tan variadas como las dificultades de la tramitación de la Ley y los desafíos pendientes o el problema de la fiscalización y también cómo se verán afectados los proyectos de inversión con esta nueva organización. Pero estas intervenciones tuvieron un elemento común, las felicitaciones por el profesionalismo, determinación y energía con que el equipo de la CONAMA, encabezado por su Ministra, asumió la difícil labor de rediseñar la institucionalidad ambiental.

En un anterior encuentro de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental y Social del CED, Rafael Asenjo, Coordinador Nacional del proyecto Conama / GEF-PNUD, Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas, abordó el tema ¿Es posible construir un Sistema de áreas Protegidas para Chile?

La discusión demostró que existen múltiples variantes que abordar y aclarar para asumir el desafío de construir este sistema asegurando responder a las necesidades institucionales; ambientales y de desarrollo sustentable.

Por esta razón, en el nuevo encuentro de la comisión, se realizó una mesa redonda para, desde tres miradas diferentes pero complementarias, analizar las “Oportunidades y barreras para instalar un sistema de áreas protegidas en Chile”.

Participaron como expositores, César Ormazábal, ex Jefe del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF, Andrés Meza, encargado de políticas y normas en el Departamento de Gestión Ambiental, de la Gerencia de Áreas Protegidas y Medio Ambiente de CONAF y Humberto Rivas, Académico de la Carrera de Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello.

“Perseverancia para generar cambios”: Cronología de la evolución del SNASPE en Chile en los años ‘80

La exposición de César Ormazábal apuntó a esto e invitó a la audiencia a revisar el porqué en 20 años se lograron hacer tantas cosas. Básicamente, expuso sobre los Avances y logros de la década de los 80, los que se pueden resumir en estos puntos centrales: Acercamiento al conocimiento científico para una mejor gestión técnica; conceptualización y desarrollo de un Sistema de áreas protegidas; mejoramiento y tecnificación de la gestión de áreas protegidas y el desarrollo de programas de fauna silvestre sobre especies clave.

Además, identificó los factores que más influyeron en estos avances: Acercamiento al conocimiento científico para una mejor gestión técnica (lo que se evidencia en Contratación del estudio “Vegetación Nativa Chilena. Características y Clasificación (Gajardo, 1983); simposios sobre Flora y Fauna Terrestre; edición y distribución Libros Rojos Flora y Fauna; la conceptualización y desarrollo de un Sistema de áreas protegidas ( la que se consiguió por medio de la elaboración de la Historia de la planificación del SNASPE; el diseño técnico de la ley del SNASPE 1980-1984; la colaboración de instituciones y recursos humanos en la planificación del SNASPE; la aplicación y desarrollo del Sistema planificado y una gran cantidad de decretos sobre unidades del SNASPE emitidos entre 1980 y 1989). El último factor identificado por Ormazábal fue la conceptualización y desarrollo de un Sistema de áreas protegidas (creación de áreas protegidas del SNASPE; unidades del SNASPE cuya gestión para crearlas se inició en los años 80; fijación de límites de áreas del SNASPE creadas por ley; creación de áreas protegidas complementarias al SNASPE y la redelimitación, fusión y reclasificación de áreas protegidas ya existentes en el SNASPE)

Todo este esfuerzo, dio como resultado que desde 1980 a 1989 se crearan 13 unidades totalmente nuevas de áreas silvestres protegidas y se iniciara la preparación de antecedentes técnicos y el proceso de aprobación legal para otras 9.

Cabe destacar que la selección de éstas fue mucho más tecnificada, ya que se integraron lugares con formaciones vegetales ausentes, o presentes en escasa superficie, en el SNASPE, a la vez que sitios de relevancia nacional en cuanto a concentración de fauna, especies vegetales en peligro de extinción y otros valores ecológicos que significaran una importante contribución ecológica al Sistema.

César Ormazábal fue enfático al señalar que el gran avance alcanzado en esos años en materia de Áreas protegidas, tuvo como única receta un trabajo serio; coordinado y profesional el que se realizó trabajando con perseverancia; incorporando estrategias de innovación; comprometiendo en él a la comunidad científica; preocupándose de manera preferente por el personal y realizando una buena utilización de los recursos disponibles.

“Claridad de dónde venimos para definir hacia dónde queremos ir”: Elementos de análisis político

Por su parte, Andrés Meza realizó una reflexión en la que consideró elementos políticos.

Comenzó recordando que hacía un par de días se acababa de aprobar la ley que reforma la institucionalidad ambiental la que, como manifestaron las autoridades, fue preparada considerando toda la experiencia previa en esta materia y reforzando la idea de que en nuestro país la Agenda Ambiental en términos institucionales, se ha desarrollado desde 1984.

Para evaluar esta afirmación, Meza hizo una revisión de 150 años de la Historia de Chile (1859 - 2008) y los hitos que demuestran decisiones de Estado relativas a bosques, aguas, conservación y protección. Encontró más de 31 de ellos, destacando 6, los que a su vez clasificó como de primer nivel: decisiones visionarias trascendentes y de segundo nivel: decisiones estructurales permanentes.

Entre las visionarias, encontró que: En 1889 durante el. Gobierno de José Manuel Balmaceda se contrata al naturalista alemán Federico Albert, quien fue el precursor de la institucionalidad pública para bosques, suelos aguas y áreas protegidas. Ya en el siglo XX (1939) en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se crea la CORFO; la que se constituye en la primera consultaría internacional para el desarrollo del sector forestal industrial en Chile. Y en 1972 bajo la administración de Salvador Allende, nace la Corporación Nacional Forestal, CONAF, integrando estructuras gubernamentales encargadas de bosques, vida silvestre y conservación, que se encontraban dispersas.

En cuanto a decisiones de carácter estructural, Meza distingue: La aprobación de la primera Ley de Bosques el DL Nº 656/25, el año 1925, durante el Gobierno de la Junta Militar. También considera fundamental la creación del INFOR, la APARFO y el Departamento Forestal, el año 1965, durante el Gobierno de Eduardo Frei M. Por otro lado, reconoce el aporte que en 1992 el Gobierno de Patricio Aylwin hace al instalar en la discusión política un proyecto de ley para los bosques nativos, paralelamente con al debate sobre temas ambientales.

Estos fueron esfuerzos y acciones concretas que marcaron la evolución de las políticas públicas y de la institucionalidad en materias ambientales, las que tuvieron claro impacto en las decisiones que se han tomado en el Gobierno de la Presidenta Bachelet relativas a Bosques, Áreas Protegidas y Medio Ambiente.

Entre ellas destacó los siguientes hitos: 05 junio 2008, se inicia la discusión para la reforma de la institucionalidad y la creación del Ministerio del Medio Ambiente; el 1 de julio 2008, se produce el Fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Bosques Nativos (califica de anómala la situación de la CONAF) y el 30 de julio de 2008 se publica en el DO, la Ley 20.283 para la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos (segunda ley de bosques).
Además, la recientemente aprobada Ley, en su artículo octavo, establece que dentro del plazo de un año desde la publicación de ésta, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado.

Luego de este análisis, que define con claridad desde dónde venimos en materia de políticas ambientales, Andrés Meza se planteó las siguientes interrogantes, cuyas respuestas podrían dar las claves para trazar el camino que se debe continuar: ¿Cuáles son las amenazas y fortalezas para diseñar la nueva institucionalidad pública en torno a los bosques y las áreas protegidas? ¿Desaparición de la CONAF? ¿A qué tipo de fortalecimiento institucional para áreas protegidas y bosques debiéramos aspirar?

Lo que sí quedó claramente establecido, es que los Bosques y las Áreas Protegidas del Estado constituyen la base del desarrollo sustentable de nuestro país y están directamente ligados a la calidad de vida de las comunidades del mundo rural.

El especialista, entregó datos duros, relacionados con la distribución de bosques nativos, porcentaje territorial de áreas protegidas y demostró la necesidad de lograr una articulación territorial de éstas. Tarea que hoy está en manos de Conaf, institución a cargo de la administración de las 15,6 mill ha de bosques, las 14,1 mill ha protegidas y las 4-5 mill ha de formaciones xerofíticas, con la complejidad que de por sí tiene su manejo, más aún cuando se debe tener en cuenta el evidente traslape territorial entre ellas.

Para Meza, una dificultad que dejó en evidencia la nueva Institucionalidad, es que no incluyó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y tampoco es clara su relación con la gestión ambiental de los bosques nativos y las formaciones xerofíticas.

Para superar este escollo, propone crear una nueva estructura de alto nivel, por ejemplo una Subsecretaria, que coordine a estos dos servicios, que son claves en el territorio rural, ya que la dependencia política de un mismo Ministerio se justifica por la necesaria coherencia estructural y funcional.

Otro elemento que para el directivo de Conaf es necesario considerar a la hora de proyectar el futuro de estas Áreas, son los cuatro proyectos de Ley que tienen relación directa o indirecta con Áreas bajo protección oficial del Estado: Ley de recuperación de los bosques nativos (despachado); Proyecto de Ley para la Institucionalidad Ambiental (despachado); Proyecto de Ley de Turismo (en trámite) y el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones (en trámite). A su juicio, aún queda por demostrar el rol que estas normativas jugarán, pudiendo ser una gran oportunidad para el manejo de estas zonas.

El mensaje de Andrés meza fue claro, la gestión pública en las áreas protegidas debe promover la conservación de la diversidad biológica y cultural; la equidad en la distribución de los beneficios y debe contribuir al desarrollo sustentable de la comunidad donde está inserta, de la región y con ello, del país.

“El buen negocio”: Ecoturismo como instrumento de protección ambiental

Finalmente, Humberto Rivas, entregó una visión desde la perspectiva del desarrollo turístico como un instrumento de protección ambiental y de desarrollo sustentable, al contribuir al bienestar de la comunidad mediante la generación de ingresos.

Rivas mostró algunas de las características del ecoturismo que avalan esta idea, ellas son: Genera mínimo impacto ambiental negativo; se realiza a pequeña escala: Grupos pequeños, equipamientos e instalaciones de pequeña envergadura (cabañas, lodges, campings, senderos, miradores, etc.; respeta y pone en valor la cultura local (Campesina, indígena, etc.); integra a las comunidades locales en su cadena de valor; incluye educación ambiental aportando a la creación de conciencia ecológica en la sociedad y abarca una interpretación ambiental aportando a la comprensión del medio.

En una amena exposición, hizo un recorrido por cifras y datos que develan la evolución de esta actividad en Chile, como la tasa de llegada de visitantes (que se encuentra por sobre el promedio mundial, con un 10.6 anual) o las principales actividades que los turistas realizan en Chile.

Con ellas, demostró que con un marco normativo que dote de una Ley de Turismo que reconozca, específicamente, al ecoturismo y definiendo un lineamiento de coordinación y administración para las concesiones, esta actividad encierra grandes oportunidades para la protección ambiental y el desarrollo sustentable.

Entre las congruencias para que ello se produzca, señaló la creación del Cluster de Turismo de intereses especiales, el que, con una mirada integradora y con una estructura de trabajo que permita impulsar a las empresas relacionadas con este sector productivo, facilitará que el impacto de esta actividad en la biodiversidad tenga un carácter positivo, de fomento y protección.

Sin embargo, también existen barreras. Se requiere de una estrategia consensuada de innovación en ecoturismo, de una institucionalidad especializada; de una gestión financiera apropiada para la protección ambiental y de una gestión integral de estos destinos.

Para solucionar estos espacios poco definidos se está trabajando y Humberto Rivas se mostró optimista frente a la idea de que el escenario turístico se dé en una tridimensionalidad que combine de manera equilibrada el fomento social/cultural; la protección ambiental y la rentabilidad que con un adecuado manejo se pueda alcanzar.

El encuentro finalizó con un intercambio de visiones y aporte de ideas por parte de los asistentes.

Durante su exposición tocó cinco contenidos centrales, los que desarrolló desde la perspectiva tanto de lo que se ha hecho hasta hoy por los gobiernos como lo logrado en casi un año de trabajo de este proyecto, resultados que se insertan en un plan que abarca 5 años de labores.

IEl Marco Político Estratégico; en este punto el experto reconoció que los gobiernos de la Concertación han dado pasos que han permitido la construcción de un marco de referencia político y un plan de acción. Con ello, se ha logrado dar continuidad a un trabajo que desarrolla una lógica de compromiso expresada en el año 2005 en formulación definitiva de una Política Nacional de Áreas Protegidas.

Pese a que existen hitos relevantes a nivel de política que impulsan esta tarea, como la Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad; la Estrategia Nacional de Biodiversidad; un Plan de Acción Nacional de Biodiversidad; una Política Nacional de Áreas Protegidas y un Plan de Acción de ésta, Asenjo reconoció que la situación institucional es crítica. Ello, debido a la existencia de regímenes institucionales variados, lo que implica un engorroso proceso para alcanzar acuerdos o definir estándares comunes a nivel del Estado.

IILos Factores Estratégicos. Estos implican diferentes elementos y sus problemáticas:
- Superficie protegida: Alcanza a 20,5 millones de hectáreas, lo que representa al 27% del territorio nacional, siendo su principal problema la enorme dispersión de categorías que abarca, incorporando varias que se encuentran muy poco desarrolladas
- Representatividad de las Áreas Protegidas: Alrededor del 20% de los pisos vegetacionales descritos por Luebert & Pliscoff (2006) no están protegidos por esta áreas. Además, una pequeña parte del rango de distribución de la mayoría de las especies vertebradas están bajo protección, a lo que debemos sumar que dos zonas zoogeográficas marinas (el sur de la provincia de Chile Central y el sector más austral de la provincia de losCanales y Fiordos) no están representadas en las actuales Áreas Protegidas.
- Capacidades de Gestión: Existen una gran cantidad de instituciones públicas (al menos 15 y de ellas 9 Ministerios) y privadas (7 ONGs; 11 empresas y 4 universidades) vinculadas directa o indirectamente con las Áreas Protegidas, más de 15 categorías de manejo y una gran cantidad de instrumentos que se están aplicando en estas áreas. Es decir, hoy un 27% del territorio nacional está sujeto a la gestión de 9 ministerios sin una autoridad central que unifique criterios. Pese a esta multiplicidad de instituciones, sus capacidades se consideran insuficientes para el financiamiento, gestión y administración de las AP terrestres y marinas (por ejemplo, a 2007, sólo el 48% de las AP públicas y privadas contaban con planes de manejo; por otra parte, el gasto público y privado en AP alcanza a menos de US$ 1 por hectárea).
- Financiamiento: La capacidad financiera se presenta como un elemento clave para abordar los vacíos de  representatividad. Esto se hace más evidente cuando se estima que se necesitarian alrededor de US$ 26 millones anuales para realizar una gestión mínima y, sin embargo, un conjunto de instituciones públicas sólo cuentan con un presupuesto total anual de 9,2 millones de dólares. Esto, pese a que se ha hecho una valoración del aporte anual de servicios ambientales que generan las Áreas Protegidas al país alcanza a unos US$2.500 millones, si se considera que éstas colaboran a través de los servicios de regulación (purificación delagua, regulación hídrica, secuestro CO2 atmosférico, control de erosión y formación de suelo); servicios de provisión (abastecimiento de alimentos y fibras, abastecimiento de agua, recursos genéticos, turismo receptivo) y servicios culturales (turismo doméstico, recreación, valor de existencia)

El análisis de estos factores y evaluación de su situación e impacto, ha permitido plantear soluciones a las problemáticas descubiertas:  Sólo será posible disminuir la brecha de representatividad ecosistémica (20% a 4%) mediante la participación privada, focalizada en la zona centro-norte del país y con estándares de certificación e instrumentos de incentivo. Por otra parte, para superar la dispersión de las capacidades de gestión, ellas requieren ser articuladas a nivel sistémico para mejorar la efectividad de manejo mediante estándares mínimos que se definan de acuerdo a los objetivos de las distintas categorías de AP (cada una con planes de manejo que incluyan, también,  planes de financiamiento). Y en cuanto específicamente a la brecha definanciamiento, se podrá superar mediante una mayor eficiencia del gasto público asociado a AP y al despliegue de nuevas fuentes de ingresos e inversión.

IIIVisión de un sistema Nacional de Áreas Protegidas: En síntesis, éste deberá ser capaz de integrar simultáneamente las dimensiones político-administrativa (nacional, regional y comunal); propiedad-administración (público, privado y público-privado) y territorial ( terrestre, costero, marino y mixto) que implica este sistema, para contribuir efectivamente a la conservación y gestión sustentable de la diversidad biológica y el patrimonio natural y cultural asociado para aportar al desarrollo nacional, regional y local.

IVProyecto GEF-SNAP: su objetivo es el diseño e implementación inicial de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas(SNAP) financieramente sustentable. Durante el desarrollo del proyecto por un plazo de 5 años, se deberán alcanzar los siguientes resultados:
- Marco legal, estratégico y operativo para el financiamiento sostenible de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP)
- Mecanismos de generación de ingresos que han aumentado los niveles definanciamiento de las AP del SNAP
- Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo del SNAP con entidades públicas de financiamiento y sectores productivos
- Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la planificación, manejo e inversión en las AP del SNAP

VTemas claves; oportunidades y riesgos: En este punto, Rafael Asenjo reconoció que “están pasando cosas” en distintas esferas. Mencionó por ejemplo, la Ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, que será, probablemente, despachada antes del 10 de marzo del2010; o la propuesta programática de la Presidenta Bachelet que planteó crear el Ministerio deAgricultura, Alimentación y Pesca, que si bien aún no se concreta, instaló la idea de la necesidad de trasvasijar todo lo relacionado con pesca desde el Ministerio de Economía a otro que le reconozca la gran importancia que ella tiene.

Sin embargo, el Coordinador Nacional del proyecto GEF-SNAP planteó un punto de alerta relacionado con la necesidad de consistencia de los esfuerzos público sectoriales. Un ejemplo es el proyecto de creación de una Subsecretaría de Turismo, que también estaría implicada en la gestión deAreas Protegidas. Es decir, por una parte se intenta coordinar y centralizar la gestión y fomento de las Áreas y, por otra, se crean e introducen nuevas instituciones a esta tarea, sin racionalizar ni ordenar el conjunto.

Otro riesgo se hace latente cuando se plantea este tema desde una dimensión Nacional o Regional. Entonces, surgen las interrogantes de si la discusión se dará sobre la base de una sumatoria de prioridades regionales, o será realmente con una mirada nacional.

Adicionalmente , la dimensión indígena es otro punto a considerar, ya que el Convenio 160 de la OIT, impone una serie de condiciones relacionadas con el tipo de relaciones y el nivel de acuerdo que se debe alcanzar con las comunidades indígenas en los casos que corresponde. El proyecto considera, eso sí, que el enfoque óptimo debería apuntar a la participación y consulta de todas comunidades cercanas a las Áreas Protegidas, independientemente de su carácter de indígenas o no, para involucrarlas en las tareas de su protección y conservación, es decir, gestión, y en los beneficios del desarrollo asociado a éstas.

En cuanto a las exigencias de la OCDE, el experto señaló que si bien éstas no apuntaban directamente a la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sí exigían que la institucionalidad diera representatividad a la naturaleza y que asegurara niveles de descentralización.

Al finalizar su exposición, Rafael Asenjo recibió los comentarios; visiones e inquietudes de los asistentes, quienes mostraron un altísimo grado de interés en el tema y reconocieron el esfuerzo e importancia que implica levantar este proyecto, en el sentido de unificar criterios que permitan alcanzar la meta de optimizar y promover a las Áreas Protegidas y, con ello, impulsar el proceso dedesarrollo basado en la sustentabilidad.