El Rector de la Universidad Arturo Prat, Gustavo Soto Bringas, y el Coordinador del Área Sustentabilidad y Desarrollo del CED, Fernando Valenzuela Viale - en representación del Centro de Estudios de Humedales de Pica (CEH) -, firman convenio de cooperación científica y tecnológica durante la ceremonia de inauguración del CIDERH.

Al iniciar su exposición, la autoridad de Gobierno fue clara al señalar que todos los cambios o reformas que se pretenden implementar requieren de los acuerdos entre los diferentes actores involucrados. Lavín señaló que alcanzarlos es de suma importancia, ya que todos los ajustes en Educación generan cambios permanentes en la calidad de vida de las personas por lo que requieren de políticas “permanentes”, es decir, que sean respaldadas y ejecutadas por los sucesivos gobiernos, proceso básico y propio de la alternancia en un sistema democrático. Ello refuerza la idea de que sólo se podrán concretar aquellos en los que se logre consenso.

Mandato presidencial: Énfasis en la calidad

El Ministro Lavín informó que por encargo del Presidente Piñera, lo que resta del año su cartera se abocará a mejorar la calidad de la Educación poniendo el acento en el trabajo de aula y no en la inversión en infraestructura.

Con este propósito se han delineado seis aspectos centrales que deben ser abordados:

1.- Elevar la subvención a los colegios: Hoy la subvención es de $50.000 para todos los niños y aquellos prioritarios reciben $22.000 adicionales. Para modificarla, durante este mes debe ingresar al Congreso un proyecto de ley que elevará las subvenciones. Además, se planteará una fórmula que apunte a que la subvención premie los resultados (calidad) y no sólo la cobertura, como sucede en este momento.

2.- Mejores Profesores: Para ello se ha recogido la esencia de lo planteado por el panel de expertos que asesoró al Ministro en esta materia, tarea que implica

Revalorizar la profesión docente, a través de mecanismos como establecer un sistema de becas (por toda la carrera) según puntaje de ingreso a la carrera. Asegurando a los alumnos que postulen con 600 puntos o más una beca total de su matrícula; a aquellos que lo hagan con 700 puntos se agregaría al beneficio anterior una beca de mantención de $80.000 mensuales y quienes postulen con más de 720, además de lo anterior, se les aseguraría un semestre de intercambio en el extranjero.
Junto con estos incentivos, también se busca cambiar las condiciones de ingreso a estas carreras, sosteniendo como requisito postular a planteles cuyo puntaje mínimo de corte sean 500 puntos en la PSU.
Como dato, el Ministro agregó que al año 2009, de los casi 20.000 alumnos de carreras de pedagogía, 600 ingresaron con más de 600 puntos y sólo 50 con un puntaje igual o mayor a los 700.

Transformar la Prueba Inicia en un elemento de evaluación obligatorio y cuyos resultados sean de conocimiento público (como un símil del Examen Médico Nacional). De esta forma, se podrán conocer los puntajes obtenidos por las universidades y por cada profesional.
Se espera aparejar a estos resultados cambios en el sistema de remuneraciones, por ejemplo, elevando los sueldos de ingreso al sistema de aquellos profesionales que obtengan los puntajes más altos.

Cambiar el peso de la antigüedad en la carrera docente, poniendo el acento en la evaluación por desempeño.

Dar mayores atribuciones a los directores de los establecimientos.

3.- Dar una regulación diferente y poner énfasis en cursos de formación diferenciada y específica para los directores, que certifiquen las competencias de ellos y generen un “stock” de estos profesionales.

4.- Más mediciones. Como los sostuvo el Ministro, el Presidente ha planteado que “lo que no se mide no se mejora” y para ello el ministerio ampliará los cursos en los que se aplica el SIMCE e incorporará nuevas áreas a ser evaluadas (Inglés y Educación Física -en un comienzo sólo de carácter muestral-)

5.-Informar a los padres y a la comunidad del resultado de éstas y otras mediciones (PSU) y también dar a conocer las diferentes condiciones de los planteles, como costos; orientación valórica, etc. Esto persigue que los padres influyan y se comprometan con la educación de sus hijos. El Ministro fue claro en que es necesario consensuar la manera cómo se entregue esta información -con la experiencia de la entrega de los puntajes SIMCE-, para lograr el efecto deseado y no sólo el mero cambio de establecimiento o la estigmatización de éste.

6.- El Clima escolar. Están entre los aspectos a abordar en este punto el respeto; la disciplina; el “bullying” y la confección de una cartilla de deberes de los estudiantes.

Entre algunas de las medidas concretas para conseguir las metas propuestas, Lavín explicó que, mientras se avanza en mejorar la calidad de la Educación, se continuará con la implementación de los “Liceos de Excelencia” (alrededor de 50 establecimientos), que aseguren a los jóvenes con talento y provenientes de sectores vulnerables, una real oportunidad de cambio y progreso.

El Ministro también señaló que el panel de expertos analizó la crisis de la administración municipal, que ha debido soportar una caída constante de la matrícula, acompañada de un alza significativa de los costos. Entre el 2001 y el año 2009, la matrícula se redujo en un 23%, en tanto que el aporte de recursos de los municipios se elevó de $22.000 alumno/año a $78.000. La autoridad dijo tener claridad sobre el costo político que trae consigo buscar una solución a esta situación, pero se manifestó convencido de la necesidad de buscar una solución para aquellos municipios que viven una situación muy compleja.

Los Proyectos de Ley 2010

Joaquín Lavín informó que se espera sacar adelante durante lo que resta de año los siguientes proyectos:

1.- Agencia de Calidad y Superintendencia. Este es un proyecto de la Presidenta Bachelet, que luego de ser rechazado por la Cámara de Diputados y de que el Senado no aprobara los cambios introducidos, hoy se encuentra en Comisión Mixta.

2.- Aumento de la Subvención. Tema en el que tal vez la mayor complejidad se encuentre en la aprobación de la flexibilización de la subvención escolar preferencial. Es decir, en la posibilidad que se otorga a cada establecimiento para definir autónomamente cómo y en qué gastar los recursos.

3.- Nueva carrera Docente. Como ya se explicó, éste pude ser el tema más problemático de todos los planteados, pero es imperativo abordarlo, como lo indicó el Ministro.

4.- Proyecto sustitutivo al de Fortalecimiento de la Educación Pública. Se reemplazará por el de Fortalecimiento de la Educación Pública Municipal. Para ello, un panel de expertos entregará el resultado de su trabajo y propuestas sobre la materia a comienzos del mes de septiembre.

Luego de la exposición del Ministro Lavín, los asistentes intervinieron haciendo observaciones y aportes a los temas abordados. Todos agradecieron la disposición de la autoridad para dialogar en un espacio plural y reconocieron la importancia de la agenda presentada, la que fue catalogada como “interesante y ambiciosa” y le desearon éxito en su gestión.

Para los participantes en el desayuno, un punto central es encontrar acuerdos y para ello, algunos solicitaron que el Gobierno genere un clima favorable, de acercamiento y diálogo por sobre la imposición de medidas.

Finalmente, el Ministro agradeció la oportunidad de conversar, rescatar información y conocer las propuestas de interés planteadas por el auditorio e indicó que esto fortalece la idea de que el (necesario) cambio en Educación sólo se logrará en aquellos temas donde haya acuerdo, donde se genere maduración y consenso de ideas. Situación sobre la que la autoridad expresó, en sus palabras, “un razonable optimismo”.

En la oportunidad se contó con la asistencia de más de 50 participantes, contándose con la participación de la Directora Regional de CONAF Tarapacá, Moyra Rojas Tamborino, profesionales de CONAF, SAG, SERNATUR, los Departamentos de Educación, Turismo, Fomento Productivo y la Oficina de Desarrollo Indígena de la Ilustre Municipalidad de Pica, emprendedores turísticos, agricultores de la comuna de Pica, comunidades indígenas, y profesores y estudiantes de la especialidad de turismo del Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga y de las Escuelas G-102 de Matilla y F-100 de Pica.

A partir de la experiencia que CONAF ha desarrollado en áreas protegidas en la Región de Antofagasta, y la revisión de las tendencias internacionales y nacionales del turismo, el especialista destacó que el turismo de intereses especiales constituye un instrumento para la conservación de humedales, aportando beneficios económicos y oportunidades para las comunidades locales, contribuyendo a una mayor valoración del patrimonio natural y cultural asociado a estos ecosistemas, y generando mayor conocimiento de la interacción entre el ser humano y el ambiente.

Para ello, se requiere fortalecer el interés y compromiso de los visitantes, guías turísticos y agencias de turismo en la conservación de los valores naturales y culturales, con el fin de proveer servicios de recreación y cultura que beneficien a los visitantes, que están dispuestos a pagar por el uso directo de éstos. Los ingresos generados por este tipo de actividad turística, contribuyen a la sustentabilidad económica del manejo de las áreas protegidas y de los humedales. Como ejes del desarrollo del turismo destaca la participación de las comunidades en la administración ecoturística de los sitios de valor, y la generación de alianzas público-privadas con los actores claves del territorio, aspectos que pueden aplicarse en humedales de la Región de Tarapacá.

Según Santoro, “la experiencia fue muy positiva, logramos el objetivo de dar a conocer el estado del turismo, los mecanismos que hemos desarrollado, y las oportunidades que tiene, por ejemplo, el Parque Nacional Salar del Huasco en este tema”.

El especialista destacó la participación y aportes de alumnos de los establecimientos educacionales y de la comunidad en la jornada. “Es muy positivo que el Centro de Estudios de Humedales se ocupe de potenciar el conocimiento de los humedales en el norte de Chile, y el desarrollo de acciones que favorezcan su conservación. Destaco que se hable, discuta y comente con fundamento técnico-científico sobre la conservación y manejo de estos ecosistemas que son muy sensibles”, concluyó.

El ciclo continuará en los próximos meses, considerando la participación de destacados especialistas y científicos con amplia experiencia en humedales y en iniciativas de conservación, manejo y uso racional de los ecosistemas. En los meses de septiembre a diciembre, las temáticas que se abordarán se vinculan con los efectos del cambio climático en la biodiversidad de los humedales, los sistemas vegetacionales de los humedales altiplánicos, el uso pastoril y las capacidades de carga en vegas y bofedales, y los bienes y servicios ecosistémicos que ofertan estos ambientes para el desarrollo local y regional.

Para contribuir con este propósito, el jueves 5 de agosto de 2010 se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Arturo Prat de Iquique el Seminario “Los Humedales de Tarapacá: Estado Actual y Desafíos Futuros”. Organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Hídricos (CIDERH), el Centro de Estudios de Humedales (CEH) y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), el evento abordó la valorización, legislación y tendencias, el estado y gestión sustentable, y experiencias en manejo de humedales.

Entre los aspectos más destacados de esta actividad, fue la exhaustiva revisión de las políticas públicas y la legislación ambiental aplicable a los humedales, la difusión de las medidas de manejo que empresas mineras y sanitarias realizan en humedales de importancia regional, la descripción de la biodiversidad y dinámica hídrica de los humedales, y las actividades productivas que inciden en la conservación y uso racional de los ecosistemas, tales como la ganadería camélida y el turismo de intereses especiales. En este último aspecto, el Centro de Estudios de Humedales destacó las oportunidades del turismo en el marco del concepto de “conservación sustentable”, el cual busca que la gestión del patrimonio natural y cultural de estos ambientes, incorporen también modelos de financiamiento de los esfuerzos de protección y la incorporación efectiva de las comunidades locales, a partir de los bienes y servicios ecosistémicos que los humedales ofrecen.

La cooperación entre los centros especializados de la región, la institucionalidad pública a cargo de las políticas y estrategias ambientales en torno al recurso hídrico, el sector productivo, y la comunidad, ciertamente aparece como un camino ineludible para promover un desarrollo sustentable con identidad y mirada de futuro para la Región de Tarapacá y sus habitantes.

Entre los objetivos del ciclo de charlas se encuentra difundir el conocimiento sobre los humedales y la biodiversidad asociada, así como también el trabajo que el CEH y otros organismos públicos y privados desarrollan a nivel nacional e internacional en torno a la conservación de la diversidad biológica y cultural de los humedales. Esta iniciativa forma parte del programa de difusión y educación ambiental del CEH, el que también contempla actividades en escuelas de la comuna de Pica.

El ciclo durará todo el segundo semestre de este año, y el programa de conferencias incluye la participación de destacados especialistas y científicos con amplia experiencia en humedales y en iniciativas de conservación, manejo y uso racional de los ecosistemas. En los meses de agosto a diciembre, las temáticas que se abordarán se vinculan con el turismo en humedales, los efectos del cambio climático en la biodiversidad de los humedales, los sistemas vegetacionales de los humedales altiplánicos, el uso pastoril y las capacidades de carga en vegas y bofedales, y los bienes y servicios ecosistémicos que ofertan estos ambientes para el desarrollo local y regional.

El abogado comenzó su intervención haciendo un análisis y constatando cuáles fueron los acuerdos políticos que dieron origen a la Nueva Institucionalidad Ambiental.

Recordó a los asistentes que el año 2009 los suscriptores de este plan fueron tanto el Ejecutivo (Gobierno de S.E. Michelle Bachelet), como los Senadores Soledad Alvear; Pablo Longueira; Andrés Allamand; Antonio Horvath y Pablo Letelier. Sin embargo, se negaron a impulsar esta reforma los Senadores Alejandro Navarro; Guido Guirardi; Nelson Ávila; Carlos Ominami y José Antonio Gómez .
Entrando en materia, Cash señaló que para tener una visión integral de lo que significa la reforma a la nueva institucionalidad ambiental no sólo se deben analizar los organismos administrativos que se crean. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, sino también, el importante rol que jugará el Tribunal Ambiental como parte medular de esta reforma. En este sentido, recordó que no se debe olvidar el origen de este nuevo órgano jurisdiccional, cuyo fundamento primitivo, estuvo en la necesidad de controlar las “atribuciones monstruosas” que para algunos tiene la Superintendencia de Medio Ambiente.

En este sentido, recordó que junto con las competencias de revisión que poseerá el Tribunal Ambiental respecto a las decisiones de la Superintendencia, precisó también, que la entrada en vigencia de las normas relativas a la fiscalización y sanción que poseerá la Superintendencia, se encuentran subordinadas a la aprobación de la ley que crea el Tribunal Ambiental y “su instalación”.

Por lo tanto, mientras no se encuentre en funcionamiento el Tribunal Ambiental, la Superintendencia no podrá ejercer su potestad fiscalizadora; sus funciones de inspección, medición y análisis, ni su potestad sancionadora.

Sin embargo, a juicio del abogado, esto no puede ser excusa para no comenzar la instalación de la Superintendencia y de la nueva institucionalidad ambiental en su conjunto. Ello, ya que una vez que se tome razón del DFL de la Superintendencia, se debiese nombrar inmediatamente al Superintendente y éste a la vez podrá: Contratar personal; instalar físicamente a la Superintendencia; realizar el proceso de licitación para el sistema informático de fiscalización, lo que supone llevar a cabo el proceso de diseño previo; diseñar los modelos de los programas y subprogramas de fiscalización; diseñar las bases del modelo de fiscalización aprobado por la ley; establecer los patrones técnicos de la fiscalización por tipo de proyectos y normas y desarrollar los criterios de vinculación institucional.

Por otra parte, el profesional expuso que entre los acuerdos políticos relacionados con el Tribunal Ambiental, hay que destacar que a éste se le reconoció como un órgano jurisdiccional especializado; que debe contar con una integración mixta, en la que de sus cinco miembros, 3 serán abogados y dos profesionales provenientes del área de las ciencias o la economía.

Además, el TA contará con amplias atribuciones para evaluar la legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y contenido técnico de las decisiones objeto de su competencia; con la facultad de regulación de un procedimiento jurisdiccional expedito y también con un término probatorio obligatorio en su tramitación.

Con este nuevo escenario, se comprometió el voto favorable de los Senadores suscriptores y la mayor agilidad posible en la tramitación. Así, se acordó la aprobación definitiva del proyecto para antes del 10 de marzo de 2010.

Luego de esta contextualización, Cash explicó cuáles han sido los Avances Legislativos relativos al Tribunal Ambiental, señalando que desde el 28 de octubre de 2008, cuando el Ejecutivo ingresó el proyecto a tramitación en el Senado, hasta la fecha, ha pasado por la aprobación general de su proyecto y la introducción de numerosas indicaciones.

Para revisar estas indicaciones y buscar instancias de acuerdo y solución de diferencias, las Comisiones Unidas de Constitución y Medio Ambiente acordaron constituir un comité técnico, con el propósito de agilizar la tramitación y consensuar en dicho comité, los aspectos centrales del proyecto para la posterior presentación de indicaciones. Esta instancia, pese a poner en evidencia diferencias, abrió la puerta al arribo de acuerdos en torno a las alternativas que puedan surgir en relación a los diversos temas en discusión. Tales como; número de Tribunales; número y características de los Ministros del Tribunal Ambiental; incompatibilidades e inhabilidades de los Ministros; procedimiento; competencias del Tribunal.

La manera cómo se resuelvan las diferentes visiones entre lo que plantea el Proyecto y las indicaciones de los Senadores y la nueva administración, a juicio de Cash podrían resolverse así:

Número de Tribunales: Probablemente se fije en tres, debido a que esta cantidad estaría dentro de las posibilidades que Hacienda podría financiar. Habría que precisar las regiones en que se instalará.

Integración (Mixta): 3 miembros. Podría quedar conformado por 2 abogados y un profesional experto en ciencias, economía o materias ambientales.

Nombramiento: Para definir a los miembros del tribunal parece existir una inclinación a incorporar al Senado; incorporar al SDPA y a un procedimiento único para todos los ministros.

Procedimiento: Existe coincidencia en los aspectos generales, tal vez haya algunas diferencias en los procedimientos especiales. En todo caso, el problema parece estar centrado en quién puede iniciar el procedimiento: “Legitimación Activa”. El Proyecto del Presidente Piñera parece intentar restringir la legitimación desde cualquier interesado (como lo establecía el Proyecto original de la administración Bachelet a través del artículo 21 de la ley 19.880) hacia una fórmula circunscrita a las competencias específicas del Tribunal, planteando una fórmula casuística de legitimación respecto a cada una de las competencias. Dicha fórmula, podría en el hecho no cubrir todas las hipótesis.

En definitiva, las indicaciones presentadas por los Senadores, el Presidente de la República y la ex Presidenta Bachelet, convergen en términos generales, pero difieren en los puntos señalados y, ya que sobre ellas la mayoría tomó posición, habrá que arribar a nuevos acuerdos. Frente a este escenario, como se vio durante su exposición, Cash se arriesgó a plantear las posibles alternativas de avenencias, las que los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer y que, a juicio de este abogado “no traumatizan a nadie”.

Comenzó su intervención presentando cifras que muestran el escenario laboral actual: 70% de los 7 millones de ocupados son asalariados y 21% se concentra en actividades de comercio. Pero estos datos también evidencian que los estándares chilenos son más bajos que los de países del mundo desarrollado. Por ejemplo, en la tasa de ocupación las mujeres se encuentran 15 puntos promedio por debajo de los niveles de países OECD, en tanto que los hombres lo hacen en 5 puntos.

Además, reconoció que los problemas más importantes, en cuanto a menor ocupación y mayor desempleo, se produce entre los jóvenes y las mujeres; siendo, además, el 1er. quintil de ingresos donde se agrava esta situación. En este grupo, son los jóvenes los que junto a su condición de desempleados añaden la complejidad de tampoco estudiar, cifra que llega al importante índice del 54%.

Sobre la caracterización de los trabajadores dependientes, surge otra materia importante para el análisis y ejecución de las políticas laborales, y es que sólo el un 68% de ellos tiene contrato a plazo indefinido y un 17% no cuenta con contrato escrito. Además, para la autoridad también es relevante la baja tasa de sindicalización (alrededor de 800 mil trabajadores afiliados)

Sobre el sistema previsional, 2.2 millones de chilenos se encuentran en calidad de pensionados, 34% de ellos adheridos a AFP, 36% al sistema antiguo y un 29% recibe la pensión básica solidaria, la que -anunció- a partir de este mes llega al 55% de los hogares más pobres del país.

Luego de este diagnóstico, Camila Merino expuso el “Programa de Trabajo”, el que se sintetiza en los siguientes ejes centrales de su acción: Apoyar plan reconstrucción “Levantemos Chile”; crear un millón de nuevos y buenos empleos; mejorar cobertura y calidad de la capacitación; respetar y hacer respetar los derechos de los trabajadores; propiciar relación constructiva y participativa en el mundo del trabajo e implementar y perfeccionar la reforma previsional.

Levantemos Chile

Para apoyar la reconstrucción, este ministerio se ha encargado de crear 60 mil nuevos incentivos al empleo en las zonas de catástrofe, la que incluye el territorio comprendido entre Valparaíso y la Araucanía. De estos, 20 mil son empleos para la reconstrucción, coordinado por Cuerpo Militar del Trabajo y 40 mil son nuevos cupos con bonificación a la contratación de hasta 40% del ingreso mínimo mensual por un plazo de 4 meses

Además, se aumentaron los beneficios y cobertura de los seguros de cesantía (por ejemplo, se extiende en 2 meses el pago por seguro y disminuyen los requisitos para su acceso de 12 a 8 cotizaciones en los últimos 24 meses. También se otorgó un permiso de Reconstrucción para las empresas afectadas)

Este plan incluye capacitación para la reconstrucción y convenios de pago de cotizaciones previsionales para deudas desde enero 2009 en adelante.

Crear un millón de nuevos y buenos empleos

La Ministra señaló que entre los años 1999 y 2009 se crearon 123 mil nuevos empleos, pero para este Gobierno la meta es subir a 200 mil nuevos y buenos empleos, con salarios justos, posibilitando un mejor nivel de vida a miles de chilenos.

Para alcanzar este propósito, la cartera del trabajo se ha propuesto conectar mejor la oferta con la demanda de trabajo para trabajadores menos calificados; mejorar la productividad y empleabilidad, respetando las particularidades sectoriales; mejorar la definición del salario mínimo; perfeccionar el la subsidio a contratación de jóvenes en situación de pobreza y extenderlo a otros sectores vulnerables; profundizar la inserción de la mujer al mundo del trabajo; perfeccionar el seguro de cesantía e indemnización por años de servicio y mejorar la difusión de los Programas de Empleo.

Mejorar la cobertura y calidad de capacitación

El Ministerio del Trabajo implementará la reforma al sistema de capacitación con los siguientes objetivos: Focalizar los recursos en trabajadores con menor calificación; mejorar la empleabilidad; enfocarse en trabajadores de PYMES; consolidar los programas existentes; reformar el sistema de capacitación, alineándolo con el sistema de certificación de competencias laborales y coordinando ambos con el plan de empleo.

Respetar y hacer respetar los derechos de los trabajadores

Para ello, es vital mejorar la efectividad de la Dirección del Trabajo (mejorar calidad de fiscalización e implementar nuevos servicios vía Web o a través de Call Center para trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales. También se dará la oportunidad para corregir los problemas; se fortalecerá y promoverá la mediación entre trabajadores y empleadores; se regularizará a las organizaciones sindicales en receso, entre otras medidas)

Además, la Ministra puso énfasis en la promoción de las buenas prácticas laborales, por lo que se fomentará el autochequeo y se revisará la estructura para eliminar la duplicidad de funciones.

Propiciar una relación constructiva y participativa en el mundo del trabajo

Entre las prácticas para alcanzar este objetivo están el establecer y/o mejorar el funcionamiento de mesas tripartitas sectoriales entre sindicatos, empleadores y gobierno y constituir mesas de trabajo con el sector público. Además, el fortalecer y perfeccionar la negociación colectiva y capacidad negociadora de los sindicatos.

Merino señaló que lo que se pretende es difundir las buenas prácticas laborales, de manera de “poner de moda” el cumplimiento con los trabajadores.

Implementar y perfeccionar la reforma previsional

Básicamente consiste en continuar con la reforma ya comenzada y mejorar el funcionamiento del sistema de AFP. También se introducirán mejoras al sistema previsional y al servicio a usuarios del sistema.

Finalmente, la Ministra del Trabajo concluyó que el objetivo del millón de empleos se logra recuperando el crecimiento y haciendo más eficiente el mercado laboral. Sin embargo, esta eficiencia no implica un debilitamiento de los derechos del trabajador, al contrario permite entregarles nuevas oportunidades y recalcó que el invertir en capital humano, capacitación y formación continua, es clave para convertirnos en un país desarrollado.

Los asistentes a este encuentro agradecieron la disposición de la Ministra para compartir la visión y objetivos de su cartera y, pese a existir algunos énfasis diferentes (principalmente en los puntos como flexibilidad aboral, rol del Estado, perfeccionamiento pero con mantención del sistema de indemnización como freno a los despidos arbitrarios, la estrategia empleada al presentar la discusión de las reformas, la necesidad de considerar las políticas de empleo como un elemento central para alcanzar la equidad, entre otros), todos estuvieron de acuerdo en que lo que se persigue es lo mejor para los trabajadores, el país y su desarrollo sustentable, es decir, con prosperidad económica, inclusión social, conservación del ambiente y patrimonio y, participación ciudadana.

Para poner en contexto la discusión, se dio a conocer que el modelo de la nueva Superintendencia corresponde a un diseño híbrido surgido del debate y que contiene elementos aportados por el propio Ministerio como por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

En relación con las bases del modelo, las especialistas especificaron las competencias de cada institución: el Ministerio define las políticas y diseña la regulación; el Consejo de ministros para la sustentabilidad aprueba estas medidas; el Servicio de evaluación ambiental administra el SEIA; la Superintendencia gestiona el sistema integrado de evaluación ambiental y aplica las sanciones y el Tribunal ambiental administra la justicia ambiental.

En este punto se encontró el primer escollo que es necesario salvar para la ejecución plena de este nuevo modelo de institucionalidad ambiental: Para que la Superintendencia pueda iniciar procesos sancionatorios, se requiere de los Tribunales ambientales en ejercicio.

La Función fiscalizadora y sancionatoria de la Superintendencia

La Superintendencia de Medio Ambiente es un servicio público, afecto al sistema de Alta Dirección Pública, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente. Y, como ya se había establecido, con facultades fiscalizadoras y de sanción supeditadas a la aprobación del Tribunal Ambiental.

Las funciones principales de este organismo son: ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental; de las medidas de los Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental; del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, y de los Planes de Manejo cuando corresponda; y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley. Además de otras que van desde suspender transitoriamente las resoluciones de calificación ambiental para el resguardo del medio ambiente, hasta imponer sanciones.

En relación con su rol fiscalizador, la Superintendencia está facultada para realizar estas acciones de manera programada o no. Las programadas suponen planes anuales de control de resoluciones de calificación ambiental, de normas de calidad y emisión , y tienen asiento regional y/o sectorial. Las no programadas, se realizan en base a denuncias y otros medios como selección por azar.

Esta fiscalización puede ser realizada de manera directa a través del SMA, también la puede ejercer un organismo sectorial o puede ser delegada a entidades técnicas acreditadas. Para estas últimas, se construyó un sistema registro, condiciones y características, para que las instituciones se acrediten según las capacidades requeridas por la Superintendencia.

Entonces, el proceso de fiscalización se puede iniciar: de oficio, siendo la SMA el órgano que toma conocimiento de hechos que pueden constituir infracción; a petición del órgano sectorial, en este caso la SMA toma conocimiento a través de informes de servicios y, finalmente, por denuncia. En este caso debe presentarse por escrito a la SMA individualizando al denunciante y describiendo los hechos que se estiman constitutivos de infracción. Si es posible, debe identificarse al infractor y sólo se originará un procedimiento si a juicio de SMA la denuncia reviste carácter de seriedad y tiene mérito suficiente.

¿Cuáles son las medidas que puede tomar la Superintendencia?

Una vez realizada la investigación, la SMA puede solicitar, con el propósito de evitar un daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas, las siguientes medidas: Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño; sellado de aparatos o equipos; clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones; detención del funcionamiento de las instalaciones; suspensión temporal de la RCA; ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor.

Sin embargo, para la aplicación de la clausura temporal; detención o suspensión temporal, la SMA requiere de la autorización del Tribunal Ambiental.

Ahora bien, pese a que la definición de estos organismos aún se encuentra en etapa de discusión, situación que puede jugar en contra de la efectividad de esta nueva institucionalidad, las profesionales destacaron que en relación con la instrucción del procedimiento, este proceso presenta la ventaja de contar con un arsenal procedimental y con responsables, plazos acotados y recursos legales claros. Además, posee un sistema nacional de información de fiscalización ambiental, que es de acceso público.

¿Qué factores pueden amenazar la actividad de la Superintendencia?

Entre estos elementos de riesgo para la eficiencia de la SMA, las especialistas distinguieron, entre otros, el problema de credibilidad en relación al trato igualitario entre agentes públicos y privados; la capacidad técnica; la delegación completa de procesos relevantes de fiscalización (inspección - medición y análisis) y las resistencias sectoriales, producto de las ambigüedades de la ley que no limitan claramente entre lo “sanitario” y lo “ambiental”.

En este punto, los asistentes al encuentro plantearon algunas de sus principales aprensiones , como el hecho de que el éxito de la SMA depende de cómo resulten los Tribunales Ambientales y de cuáles serán los recursos con los que contará para su ejercicio.

Finalmente, Patricia Matus y Soledad Ubilla, destacaron de esta nueva institución su carácter moderno, ejemplificado en su capacidad de externalizar servicios cuando ello se requiera; el sistema de registro que permite llevar un control sobre las sanciones pero a la vez considerar las buenas prácticas para obtener la salida de ellos; su acento hacia el cumplimiento de la norma y coincidieron en que su fortaleza radica en que esta Superintendencia se construyó con un “Modelo chileno”, recogiendo las capacidades existentes , tanto de recursos físicos y técnicos como ambientales, y levantando sobre ellos este nuevo organismo.

En ese mismo espíritu, miembros del equipo de trabajo del proyecto Lluta acompañaron esta importante actividad, la cual se realizó en el estacionamiento del humedal desembocadura del rio Lluta. El Servicio Municipal de Educación también apoyó esta actividad facilitando su bus educativo en donde los forjadores pudieron disfrutar de un video del día del medio ambiente. Posterior a ello se realizó una visita guiada aprendiendo de la biodiversidad del humedal junto a sus profesores de ciencias ambientales.

El objetivo de la celebración de este día es darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.