Y mientras tanto …¿Qué pasa con el medio ambiente?

Esta fue la gran interrogante que dejó como un ejercicio de reflexión la exposición de Eduardo Correa, abogado e investigador asociado del CED, quien el pasado viernes en un nuevo encuentro de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental y Social de este Centro, abordó el tema “Reformas a la institucionalidad ambiental: Desafío de gobernabilidad”.

Correa comenzó recordando cuál fue el contexto en el que se proponen esta reformas, destacando entre ellas que ya desde 1999, en su programa presidencial Ricardo Lagos habló de la creación de una Superintendencia de Medio Ambiente, idea que también tomaron los candidatos del 2005 y que, finalmente, con Michelle Bachelet ingresa como Proyecto al parlamento en julio del 2008.

Entre los objetivos de éste, el especialista destacó la necesidad de modernizar las instituciones y la gestión pública ambiental, instalando un nuevo modelo de gestión más moderno, ágil, eficiente y sujeto a rendición de cuentas.

En relación a la forma como se presentó esta reforma, Correa señaló que uno de los problemas de ella fue que, en la práctica, la propuesta contenía 4 proyectos en uno: Ministerio de Medio Ambiente; Servicio de Evaluación Ambiental; Superintendencia de Medio Ambiente; y Otras modificaciones a Ley N° 19.300 (EAE, definiciones, Información ambiental, etc.), dejando fuera al Servicio Áreas Protegidas y Biodiversidad y al Ordenamiento Territorial.

El especialista recordó que hace un año, él hizo sus apuestas sobre la manera cómo se daría esta discusión, señalando que el tema de la creación de la superintendencia a su juicio parecía el de más fácil resolución, sin embargo hoy se ha convertido en la piedra de tope.

Para graficar esta situación, recordó la forma cómo se presentó el trámite parlamentario: Por una parte en la Cámara se logró un acuerdo político importante en materia de modificación institucional y una tramitación relativamente “expedita”. Sin embargo, se produjeron diferencias en aspectos cruciales del proyecto, relativos a las facultades de Superintendencia y a la Comisión Evaluadora de proyectos.

Como consecuencia de estas diferencias, el proyecto pasó al Senado sin Comisión Evaluadora, situación que lo condenó al 3er Trámite Constitucional.

Una vez en el Senado, se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente pero con algunos condicionamientos como el incorporar el Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad (idea promovida por los senadores Letelier y Horvarth) y crear Tribunales Ambientales (senador Longueira).

De esta manera, la aprobación en la sala se produjo el 19 de agosto de este año, pero con un plazo para presentar indicaciones que se amplió hasta el 5 de octubre, fecha en la que se introdujo un record de indicaciones: 1.350. Ellas, se concentraron en la Superintendencia; en el sistema de Evaluación Ambiental y en la eliminación del Consejo de Ministros de Sustentabilidad. Se debe recordar, que a estas modificaciones se agregaron las presentadas por el Ejecutivo.

En definitiva, se planteó y condicionó la entrada en funcionamiento de la Superintendencia a la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales.

Haciendo una nueva apuesta sobre el devenir de los nuevos trámites, Eduardo Correa planteó que si bien este “acuerdo político” alcanzado en el Senado permitiría facilitar aprobación del proyecto en la Comisión, en un momento político complejo, la probabilidad de que se apruebe antes de marzo es muy escasa. Queda ahora la incógnita del tercer trámite y la reacción que tengan los Diputados ante el acuerdo alcanzado en el Senado.

En cuanto al desafío de gobernabilidad, Correa fue enfático al señalar que no se ha producido una discusión de política ambiental, sino que ésta se ha dado en base a los puntos conflictivos y a la casuística. Ello ha llevado a que por un período de 10 años, lo que se ha dado ha sido una discusión de agendas y/o estrategias, sin alcanzar la articulación de una política general.

Además, hizo hincapié en el hecho de que la aprobación de la Superintendencia quede condicionada a la discusión sobre los Tribunales Ambientales, situación que afecta al centro neurálgico de la reforma institucional. Con ello, Correa dejó planteada las siguientes interrogantes ¿en estas condiciones, para qué serviría la Superintendencia? ¿Cuál es el objetivo del ejecutivo? ¿El Gobierno busca aprobar la Ley cómo sea? ¿Es esta la política?… pero por sobre todo, después de 4 años ¿qué ha pasado con el medio ambiente y que seguirá en el futuro?