El Congreso realizado por la UDI en Punta de Tralca el 15 y 16 de mayo, tuvo un particular interés. Una síntesis de sus conclusiones fue publicada en la prensa bajo el título “Nuestro compromiso con los que más sufren”, e incluye 22 proposiciones que conviene comentar.
Esta propuesta fue entregada por el partido a su candidato Sebastián Piñera (aunque técnicamente no lo ha proclamado) para ser ejecutada en los 100 primeros días de su eventual Gobierno, “teniendo una favorable acogida por parte de éste”.
El Congreso fue un esfuerzo por validar y resaltar la condición de la UDI como un partido popular, el rasgo destacado con mucha fuerza en estos últimos meses por el senador Longueira, como la principal herencia que les dejó Jaime Guzmán.
Guzmán fue una de las figuras centrales del Gobierno de Pinochet, a pesar de los continuos acercamientos y lejanías que caracterizaron la relación, y la aprensión del dictador en entregar demasiada confianza a un solo asesor. Sin embargo, fue el artífice de la rara amalgama que distinguió al régimen militar, el autoritarismo integrista católico en lo político y el sello neoliberal de su estrategia económica social.
La preocupación por el sello popular es posterior, ya durante los gobiernos de la Concertación y especialmente por la acción y la capacidad de convencimiento del hoy senador Longueira, reforzada por la primera campaña presidencial de Lavín y su cercanía con los sectores populares. Ellos son los artífices de este énfasis doctrinario. Los otros “coroneles”, tienen otros estilos y son parroquianos de otros barrios, más cercanos al mundo empresarial y la derecha económica.
La vocación popular de algunos líderes de la UDI choca naturalmente con la figura presidencial de Piñera, que tiene una visión intelectualizada del tema de la pobreza, pero no “siente” ni vivencia la problemática, tal como lo explicitó Longueira en forma tan “imprudente” como sincera. Basta examinar el peso específico de sus asesores principales, en que resaltan nítidamente los de raigambre neoliberal e incluso proliferan algunos economistas “overnight”.
Las propuestas de la UDI
Es un conjunto variado de elementos tales como aspectos institucionales, educacionales, tercera edad, vivienda, salud, trabajo, justicia, deporte y componentes éticos. Hay de todo: deseos generales, reforzamiento de programas en ejecución, novedades interesantes y una desconfianza implícita en la acción del Estado.
Desde el punto de vista institucional se propone designar en el Gabinete ministerial una autoridad social, que sería responsable “de la ejecución de la totalidad de las políticas sociales, el cumplimiento de sus metas, la transparencia de sus recursos y la evaluación de sus resultados”. Objetivo ambicioso, pero difícil de implementar, cuando la estructura del Gobierno Central está diseñada en otra forma, desde el punto de vista de su personal; el ejercicio presupuestario; la responsabilidad institucional y la legislación vigente. Durante los últimos decenios las políticas sociales se han elaborado y ejecutado en forma muy segmentada y escasa coordinación. Los esfuerzos por asignarle esta tarea a MIDEPLAN no han tenido buenos resultados.
El Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad propuso “establecer una autoridad social dedicada a la coordinación y evaluación de las políticas sociales”, y elaboró un detallado análisis de sus condiciones operativas. Aparte de los beneficios propios de contar con un ente responsable de las políticas sociales, se buscaba tener un contrapeso a la “dictadura de Hacienda” sobre el resto del sector público. Sin embargo, la realización de esta idea es positiva, pero de lenta y difícil implementación práctica.
Educación de calidad y salud
En materia educacional no hay novedades importantes. Se busca perfeccionar el sistema nacional de becas y créditos para la Educación Superior, y se resalta un seguro de desempleo para evitar que los alumnos abandonen o interrumpan sus estudios por este motivo. Sin embargo, esa medida fue anunciada el 21 de mayo por la Presidenta Bachelet.
Además, se propone duplicar la subvención preferencial para los colegios municipales y particulares subvencionados “que se encuentren en los 100 barrios más amenazados por la droga”. Esta idea es interesante, pues la variable de asignación se traslada desde el nivel de pobreza al indicador consumo de droga, pero tiene el inconveniente que parte de los recursos queden asignados a planteles de la “cota mil”. Podría ser más efectivo destinar esfuerzos directos al problema de la drogadicción en barrios populares.
Como es natural no podía faltar la propuesta, ya transformada en “muletilla” por todos los sectores parlamentarios: la eliminación del 7% de descuento en las pensiones dedicado a la salud. El elevado costo de este beneficio lo hace difícil de implementar en 100 días, aunque se apruebe la respectiva ley en el parlamento, por motivos de financiamiento, pues necesariamente debería ser costeado por el Fisco. Adicionalmente, el Ministro Velasco ha explicado otros argumentos, como el hecho que no tiene un carácter redistributivo, y menos focalizado en los pensionados de menores recursos. Por otra parte, los jubilados no se encuentran entre los segmentos de menores ingresos del país.
Se postula que los atrasos en la salud pública en cumplir los plazos de atención del AUGE, debieran permitir que el paciente sea admitido en una clínica privada con costo para el Estado. La reiterada mala gestión del sector público justifica una medida de este tipo, a pesar de los esfuerzos del ministro Erazo por acortar las esperas y que en la actualidad el sistema se está acercando a la misma sugerencia.
Se plantea, también, evitar los abusos en el mercado farmacéutico, evitando la cogestión de farmacias y laboratorios. ¡Era que no!, después de el repudio ciudadano a las acciones de las grandes cadenas y los aplausos recibidos por la Presidenta el 21 de mayo.
Una propuesta interesante es el bono para silla de rueda de los discapacitados. ¿Para compensar la entrega de computadores a los alumnos aventajados?
Finalmente, el “Bono Sonrisa” con el fin de “devolverles su dignidad y ayudarles a incorporarse a la fuerza de trabajo mediante 100.000 subsidios anuales para la atención dental de la población más pobre. Este bono es la reanudación del programa “Sonrisa de Mujer” que inició el BancoEstado a comienzos del Gobierno de Lagos y que inexplicablemente discontinuó. Es una buena iniciativa, especialmente porque también se incorpora a los hombres desdentados.
La vivienda no podía faltar
Efectivamente, es un tema importante y que da popularidad, especialmente con el tipo de medidas que se proponen.
La más importante es ampliar a 55 metros cuadrados de superficie mínima de las viviendas sociales lo que es un objetivo loable y deseable (¿quién se podría oponer?), pero hay un problema de costo, de recursos presupuestarios, porque significa un aporte fiscal cuantioso, dependiendo como se defina la materia(1). El otro problema es que no podría implementarse en el plazo prometido, los cien días. Por otra parte, significa un cambio respecto a la política actual, que no se basa en la cantidad de metros construidos sino en el Subsidio Único de UF 370 que debe destinarse tanto a la adquisición del terreno como a su urbanización y habilitación de la vivienda; estas soluciones se conciben como parte de un proyecto que tiene flexibilidad, a partir de condiciones básicas. En 2008, en promedio, la superficie llegó a 45 m2. Además, en caso de viviendas urbanas existe el subsidio adicional de UF 200 con el objeto de mejorar la localización de los terrenos(2).
La idea anterior, es acompañada por el deseo de “fortalecer la Vivienda Dinámica sin Deuda para acceder a una vivienda social con el fruto del esfuerzo del ahorro previo, sin pagar dividendo”. En este caso se plantea “fortalecer” un programa que ya no existe, fue superado(3).
Otras medidas constituyen un rosario de condonación de deudas habitacionales, especialmente para los jubilados: eximir del pago de contribuciones a viviendas que no excedan de UF 3.000(4) y condonar la deuda de viviendas con valor máximo de UF 650 para los segmentos más vulnerables de la población. A pesar de una confusa redacción, se plantearía “terminar definitivamente con el endeudamiento habitacional y saldar la injusticia del pago de dividendos para miles de familias que postularon antes del año 2007 al Programa Especial de Trabajadores (PET)” Se trata de algunos de los ruidosos deudores ANDHA, que han provocado disturbios en los actos de la Presidenta y otras autoridades. El término “injusticia” es altamente dudoso, ya que se trata de deudas entre los beneficiados y acreedores bancarios, no forman parte de viviendas sociales propiamente tales, a los cuales se propone asimilar a los actuales planes que permiten el subsidio habitacional solamente con un ahorro previo de UF 10, sin deuda adicional. Esta “injusticia” habría que compararla con la situación de quienes ya pagaron enteramente su deuda o que se incorporaron a varios programas de condonación parcial, ya puestos en práctica durante el actual Gobierno. Por lo tanto, no se trata de un mero efecto electoral, hay problemas éticos envueltos.
Se propone designar un Ministro en Campaña para erradicar los 533 campamentos que quedan en el país, antes de terminar el año del Bicentenario. Según cifras oficiales, restan alrededor de 490 campamentos, después de terminar con otros 995 que había al comienzo del programa(5). En todo caso, la experiencia de las autoridades “en campaña” no es buena, a pesar de su impacto sonoro; pareciera ser más conveniente utilizar las autoridades regionales o sectoriales existentes, otorgándoles la prioridad necesaria.
“Más y mejor trabajo” y deporte
Lo cual tiene un agregado “sabemos cómo hacerlo”, es decir, se pide un voto de confianza ante dos propuestas muy vagas, sin contenido: impulsar políticas efectivas que garanticen la creación de empleo y facilitar la creación de segundos empleos en el grupo familiar. A pesar de la dificultad de enumerar una serie de aspectos en un espacio reducido, se pudo recurrir a la receta tradicional de los personeros de la UDI: más y mejor flexibilidad laboral, los mercados resuelven este problema en forma automática si se les deja operar con libertad. Adicionalmente, mejorar la calidad de la educación, pero eso no se logra en 100 días.
En el mismo sentido de los votos de confianza está “garantizar que se tomarán todos los resguardos para asegurar la transparencia, honestidad y probidad en todo lo relacionado con el deporte popular”. A lo anterior se propone un Fondo para la Infraestructura Deportiva Popular de 500 millones de dólares para cuatro años, al cual postularían clubes que tengan personalidad jurídica. Al respecto, es valiosa la preocupación por sanear los títulos de dominio de sus canchas y recintos, situación actualmente precaria.
Justicia e ingreso ético familiar
El derecho a la defensa está presente entre las materias importantes, lo cual es una preocupación valiosa, aunque la solución es altamente cuestionable: un cheque a favor de quienes requieran protección judicial, para poder contratar un abogado particular. Esta es una materia particularmente sensible a su “privatización”, pues se presta a todo tipo de abusos a causa de la existencia de asimetrías de información; los eventuales acuerdos ilegítimos entre clientes y defensores; la fabricación de juicios y los abusos propios de un sistema que incentivaría la proliferación de conflictos. Parecería más conveniente mejorar el actual sistema estatal de defensa judicial y no externalizarlo, como se sugiere. La obsesión neoliberal por los subsidios a la demanda llega muy lejos.
El ingreso ético familiar es una vieja idea piñerista, tal como lo señala la UDI, recogida a su vez del salario ético del Obispo Goic, la que en gran parte ha sido implementada con la reforma de la previsión. El objetivo es que ningún hogar quede bajo la línea de pobreza. Esta finalidad ha formado parte de uno de los aspectos centrales del Gobierno Bachelet y fundamento básico de su respaldo ciudadano. Los avances en la previsión y los diferentes aspectos que incorpora cumplen ese objetivo. Los subsidios “pro empleo”, a favor de la incorporación de los jóvenes al trabajo, también caminan en la misma dirección así como el subsidio único familiar. Quedan temas pendientes, pero el avance ha sido considerable.
En síntesis
En resumen, las propuestas de la UDI constituyen una iniciativa de interés, pues reflejan en parte su acerbo ideológico en el campo económico social.
A pesar que son presentadas como sugerencias para los primeros 100 días de un eventual Gobierno, contienen una visión de más largo plazo, donde se mezclan el ideario de constituir un partido popular con proposiciones de marcado sesgo neo liberal, lo cual genera nítidas contradicciones en los contenidos.
Por otra parte, se observan propuestas novedosas, que debieran recoger tanto el Gobierno como los otros candidatos presidenciales, como algunos bonos, tan populares en estos últimos años. La moción, incorpora tanto aspectos de corto plazo como de largo plazo. Entre los primeros se refleja un claro desconocimiento de la administración del Estado, especialmente desde un punto de vista institucional. Este aspecto pone un punto de preocupación sobre lo preparado que está el equipo asesor para un eventual gobierno.
Otra insuficiencia seria es que solamente se plantean los objetivos, que como tales constituyen la cara positiva, pero no aparece mencionada la parte ingrata, cómo se financiarían esas propuestas, Como diría un auditor, se ven los activos, pero no los pasivos. Este es un aspecto fundamental porque hay medidas que implican altos costos. Este aspecto es explicable, porque aquí nuevamente surgirían las dos almas de la UDI; la popular, que necesariamente requiere recursos fiscales para financiarlo (¿más impuestos?) y la cara neo liberal, que pondría restricciones a una mayor presencia estatal, ya que postula una reducción de su tamaño y rebajar los tributos. ¿Cómo se conciliarían?
(*) Andrés Sanfuentes. Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, Master en Economía, The University of Chicago. Profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Editor Económico de asuntospublicos.cl
(1) Y no se diga que se financiará con el ahorro de un Transantiago que ¡al fin! sería bien administrado.
(2) Lo cual, a vía de ejemplo, ha permitido construir alrededor de 600 viviendas sociales en Las Condes.
(3) Podría ser que se refiriera al actual Fondo de Vivienda Solidaria
(4) De bajísimo costo porque en la actualidad están eximidas de pago por su tasación.
(5) Con 115.000 familias trasladadas. Cabe notar que el número de campamentos es una cifra dinámica, pues con frecuencia aparecen otros, incluso en los lugares donde se hizo la erradicación.