La inmigración desbordada

Los períodos presidenciales breves tienen ventajas, pero también presentan inconvenientes, como no enfrentar problemas serios cuyas soluciones  no son inmediatas y pueden ser diferidos hasta la próxima administración. Es lo que ha sucedido con la creciente onda inmigratoria que ocurre en el país, que no fue priorizada por los gobiernos de Piñera I y Bachelet II, los cuales a última hora de sus períodos enviaron al Congreso proyectos de ley,  pero sin el ánimo de promover su tramitación, a pesar que tuvieron que afrontar la situación con una normativa obsoleta, vigente desde 1975 y dictada en un contexto distinto.

La llegada masiva de extranjeros era previsible y se sabe que se trata de procesos normales a causa de las llamadas “cadenas migratoria”, si no se corrigen los estímulos a la llegada de irregulares simulando ser turistas.

La ausencia de una política migratoria ha impedido el debate del tema con profundidad, que se haga claridad sobre los aportes de inmigrantes que suman su espíritu de emprendimiento, ahorro y esfuerzo, sus niveles de educación superiores a los del promedio nacional, su diversidad cultural y la incorporación a una población que sufre un envejecimiento.

Como es obvio, también hay cuestionamientos a la llegada masiva de extranjeros, en una sociedad tan desigual como la chilena, con rasgos clasistas y xenófobos en algunos sectores, que no se expresan con claridad porque puede ser “mal vistas” estas opiniones, en un contexto proclive a la  acusación de no respetar “los derechos humanos”.

La masificación ha obligado al gobierno de Piñera II a enviar al Parlamento observaciones a su anterior iniciativa, que obligarán a un debate clarificador, en que deberían sincerarse las  posiciones políticas de los sectores, no recubiertas de populismos.

La importancia de la situación obligó al gobierno a tomar algunas medidas inmediatas, que afectan en especial a haitianos y venezolanos, que concentran las olas más recientes. Se basan en la exigencia de visas para ingresar a Chile y disposiciones especiales para regularizar en forma transitoria a miles de indocumentados.

Estas normas han interrumpido la llegada regular de nuevos haitianos y, en menor medida, de venezolanos, y concentrar los esfuerzos en la regularización de quienes ya está en el país. En el primer caso, la obtención de un contrato o compromiso de trabajo en los haitianos será particularmente difícil, así como demostrar que tienen antecedentes limpios con la justicia, ante un funcionamiento diferente del terma en ese país, mientras en el caso venezolano están incorporados a los procedimientos a que ambas naciones están adscritas internacionalmente. Las principales dificultades se refieren a la capacidad de los consulados chilenos para regularizar las demandas de visas. Las limitaciones de los consulados para responder a la demanda con requisitos muy estrictos, pueden originar que los interesados se vuelquen a la entrada por canales no oficiales, tal como ocurre en la actualidad.

La regularización de los indocumentados que ya viven en el país ha enfrentado una demanda intensa, que ya motivó una postergación de algunos plazos originales y puesto al desnudo la incapacidad del Departamento de Extranjería para enfrentar aisladamente la presión y ha tenido que recurrir a otros servicios. El principal problema que se enfrenta es que los mecanismos de expulsión del país de aquellos inmigrantes indeseables son poco eficientes y de alto costo, aparte de la disponibilidad de información adecuada.

En definitiva, cabe resaltar que los hechos han obligado al Ejecutivo a enfrentar con tardanza un asunto previsible y, como tal, si bien algunas medidas son positivas, como el intento de regularizar la situación de los indocumentados, en los próximos meses se deberá ocupar en generar un debate positivo respecto a la política de inmigración, que contemple no solo modificaciones legales de una normativa obsoleta, sino la inserción plena a la sociedad chilena, en igualdad de derechos que los nacionales cuando dispongan de su residencia legal. Es un problema complejo.

Columna de Andrés Sanfuentes publicada en Diario Financiero