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Educación en la nueva Constitución: un cambio de paradigma con desafíos

Por Tomás Ilabaca, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo

Esta carta al director fue publicada el 14-07-2022 en LA TERCERA.

La propuesta de nueva Constitución que elaboró la Convención Constitucional representa un fuerte avance en materia de educación escolar, dado que genera las condiciones para avanzar hacia un sistema escolar más equitativo y colaborativo.

El sistema escolar chileno, según múltiples estudios, posee altos niveles de desigualdad y segregación escolar, situación que se potenció con las políticas de mercado y privatización implementadas durante la dictadura militar. Si bien en las últimas décadas se aplicaron ciertas políticas que buscaron matizar los efectos del mercado en la educación (la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión o los Servicios Locales de Educación), varios de los cimientos del sistema educativo permanecieron intactos.

Frente a este escenario, varias de las propuestas de la nueva Constitución representan un avance respecto a lo que el sistema puede garantizar actualmente. Por de pronto, a diferencia de su antecesora (Constitución de 1980), en esta propuesta se establece el derecho a la educación, el cual pasa a ser un deber del Estado (art. 35). Por llamativo que parezca, esto no se encuentra actualmente, donde el Estado solo debe proteger el derecho de los padres a escoger escuela y generar una oferta gratuita en los distintos niveles educativos.

Asimismo, la propuesta de nueva Constitución dota a la educación de un fin social, el cual es “la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos…” (artículo 35, n°3). Este fin tampoco se encuentra en la Constitución actual. El derecho de las comunidades educativas a participar en las definiciones de los proyectos educativos, así como de las definiciones de los establecimientos también en un cambio positivo sustantivo, sobre todo respecto a la configuración de comunidades educativas involucradas y participativas.