Tania Busch.
La columna fue publicada el 26-05-2023 en La Tercera
Estamos ad portas de conocer el anteproyecto de Constitución que deberá ser deliberado por el Consejo Constitucional. Tanto en procedimiento como en contenidos, el proceso constitucional de 2023 ha significado un regreso a criterios de legitimación elitistas y tradicionales: credenciales académicas y criterios de la política formal.
Este retorno se explica como una reacción. Un sector transversal de las fuerzas políticas tradicionales quiso prevenir una radicalización del proceso, objetivo que hasta ahora se ha logrado.
El proceso es limitado, con numerosos puntos de veto y predominio de la participación de actores nombrados por el Congreso. Buscando evitar la excesiva innovación en el nuevo proyecto, se consensuaron limitaciones a los contenidos: los “bordes” o bases. Estos contenidos mínimos -mínimos que deben mantenerse y también contenidos mínimos en los que avanzar- fueron predefinidos por el Congreso y sintetizan los aprendizajes obtenidos de los procesos anteriores. Presentes en el debate constitucional desde la década de los 90, se logró acuerdo en la necesidad de una cláusula de Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de los pueblos originarios y el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
Paradójicamente, el sector que no concurrió al Acuerdo por Chile de diciembre de 2022, resultó ser el que más escaños obtuvo en el Consejo Constitucional. Los resultados han puesto el proceso en una compleja encrucijada. El destino del problema constitucional chileno quedó en manos de quienes nunca lo reconocieron como tal. Representantes de este sector han puesto en duda el respeto por las reglas del proceso, indicando que “no firmaron nada”. El respeto a las bases constitucionales se encuentra garantizado por el Comité Técnico de Admisibilidad, órgano árbitro del proceso que ahora puede tener un rol crucial. Pensado para jugar un rol secundario en el proceso, puede pasar a primera línea de la contingencia si el Consejo Constitucional no respeta los contenidos consensuados.
De desconocerse los aprendizajes previos, la legitimidad del proceso -ya débil- puede desaparecer del todo y enfrentarnos a un nuevo fracaso en el intento de solucionar nuestro problema constitucional.
El diseño del proceso constitucional de 2023 no se hace cargo de las consecuencias jurídicas de una nueva derrota en el plebiscito ratificatorio. Todos los elementos que hicieron surgir el proceso se mantienen vigentes, incluido por cierto un sistema político incapaz de resolver sus crisis y una Constitución insuficiente para proveer los bienes públicos que la ciudadanía salió a demandar en el estallido social. Un nuevo fracaso significaría un retorno al punto de partida.
Tania Busch, integrante del Directorio del CED