“La red de Áreas Protegidas debe ofrecer un adecuado resguardo a las zonas más impactadas por la actividad humana”

Este fue uno de los puntos planteados durante la exposición de Luis Contreras, Presidente Pasado de la Sociedad de Ecología de Chile y Gerente de Medio Ambiente de Minera Quadra Chile Ltda, quien de manera didáctica abordó el tema “La representatividad de los ecosistemas en las Áreas Protegidas y el rol del sector privado” en el último encuentro de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental y Social del CED.

En su intervención el experto planteó un diagnóstico de la situación actual, pero no sin dejar de reconocer los esfuerzos y avances alcanzados en esta materia desde hace ya 15 años y, más aún, se arriesgó a augurar que las iniciativas recientes, como la nueva institucionalidad ambiental que a un año plazo promulgará una nueva ley de Áreas Protegidas o los impulsos generados a través de proyectos privados como el GEF Cantillana, dinamizarán y facilitarán el rol de los privados en la promoción y manejo sustentable de estas áreas.

Contreras contextualizó la información sobre las Áreas Protegidas haciendo primero un recorrido por la diversidad de ecosistemas terrestres y marinos presentes en nuestro país y la representatividad de ellos en estas áreas.

Los ecosistemas terrestres se encuentran determinados por los factores climáticos y su relación con latitudes, topografía, corrientes marinas y estaciones del año. Además, su diversidad dependerá del nivel de detalle del análisis. Es por ello que el profesional tomó como referencia el trabajo de Pliscoff y Luebert, quienes distinguieron 127 zonas de pisos de vegetación, los cuales se encuentran agrupados en 4 grandes zonas:

– Norte: cuenta con vegetación diversa y en abundancia en el área limítrofe pero con un sector costero sin lluvias ni vegetación. Las principales amenazas de esta zona son el sobrepastoreo y la extracción de agua para la actividad minera y abastecimiento de la población.

– Centro Norte: con un clima predominantemente mediterráneo, se caracteriza por contar con un área desértica al norte y abundante vegetación al sur, concentrando la mayor tasa de endemismo de flora y fauna (aproximadamente el 50%). Su principal amenaza es el desarrollo humano con la evidente concentración de población y las actividades como sobrepastoreo, agricultura, introducción de especies exóticas, incendios, etc.

– Centro Sur: presenta un clima lluvioso frío, gran endemismo de especies, especialmente de aves que se concentran en los sectores lacustres y ríos. Las amenazas son similares a las de la zona Centro Norte.

– Austral: de clima más boreal, en las áreas de mayor precipitación se caracteriza por la presencia de bosques, mientras que al este de la cordillera, donde las precipitaciones escasean, el paisaje es más desértico. Principalmente se encuentra amenazada por la introducción de especies exóticas.

En estas zonas se distribuyen las Áreas Protegidas Terrestres, las que por definición son aquellas que cuentan con una designación oficial de protección y que pueden ser tanto públicas como privadas. Las públicas están agrupadas en dos sistemas: SNASPE (que considera los parques, reservas y monumentos nacionales y cuenta con una superficie total de alrededor de 14 millones de hectáreas) y otras clasificaciones (como las administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales y santuarios de naturaleza, los que concentran 1 millón de hectáreas).

En total, estos grupos representan el 19% de territorio continental e insular del país, pero no tienen una distribución homogénea ni en términos administrativos ni de representatividad de los ecosistemas. Es así como lo evidenciaron Pliscoff y Fuentes, quienes determinaron que de los 127 ecosistemas, 47 tienen el 10% de su área bajo protección; 56 entre el 0 y el 10% y 24 de ellas 0% de representatividad. A esto se debe agregar otra condición relevante, las zonas vegetales con mayor endemismo y la zona mediterránea que es la más impactada por las actividades humanas, son las que tienen menor representación en las Áreas Protegidas, lo que evidencia la deficiente cobertura en los lugares del territorio más intervenidos por el ser humano.

Sumemos otro dato, Tognelli estudió la representatividad de las especies vertebradas en la Áreas Protegidas y las conclusiones no fueron mejores. De 653 especies, 87 no están cubiertas por ellas, 390 muestran espacios vacíos parciales, y 294 tienen menos del 20% de su objetivo de conservación bajo protección. Más aún, 42 especies endémicas no tienen representación.

Los sitios prioritarios de CONAMA algo han contribuido a ampliar esta cobertura, favoreciendo, principalmente, la protección de humedales y aves, pero aún así persisten vacíos importantes.

En cuanto a la diversidad de los ecosistemas marinos, Luis Contreras empleó la clasificación más reciente y detallada, realizada por la Universidad Austral el año 2006. Este estudio clasificó 9 zonas marinas. De ellas, 7 tienen menos del 1% bajo protección y el resto simplemente no cuenta con representación.

Para el profesional, esta realidad viene a avalar la necesidad de que los privados asuman un rol más activo. Postula que difícilmente el Estado aumentará las Áreas Protegidas y, si lo hace, esto no ocurrirá donde más se necesita, en la zona central, más afectada y de propiedad privada. Por otra parte, algunas Áreas Protegidas Privadas cuentan con una declaración oficial de santuario de naturaleza (lo más cercano a este concepto) pero principalmente se distribuyen en la X, XII y VI regiones.

Finalmente, Contreras estableció ciertos puntos concluyentes: se hace indispensable que el Estado mejore la gestión y el estándar de protección de las AP; las declaraciones oficiales evitan la instalación ilegal a gran escala en ellas, pero no las de pequeña escala (como por ejemplo, la extracción de madera en los bosques del sur o la explotación de recursos marinos protegidos); las AP presentan un amplio rango de tamaño y sistemas administrativos y, por último, concluyó que existen algunas de ellas que gracias a sus actividades económicas (como la minera, forestal o vitivinícola) han logrado proteger parte importante de su territorio.

Al cerrar su intervención, Luis Contreras planteó una interrogante que se puede convertir en desafío: que los privados que desarrollan actividades económicas en un territorio con alto valor para la conservación de la diversidad de los ecosistemas, tomen el compromiso de proteger realizando una “conservación productiva”. Para ello también se necesita el compromiso del Estado en orden a facilitar administrativamente los procesos de proyección, dar asesoría y apoyar estas iniciativas. Para Contreras, esto puede llegar con las nuevas iniciativas, como la nueva ley de Áreas Protegidas que se espera vea la luz en el plazo de un año, y los proyectos de gestión pública privada.

Contreras piensa también que el desarrollo de un sistema de Áreas Protegidas Privadas podría organizarse de forma práctica, sin necesariamente esperar las iniciativas del Estado a este respecto. Esto implicaría, el establecimiento de hecho de un sistema de Áreas Protegidas Privadas, aunque no cuenten con el reconocimiento oficial. Contreras piensa que esto puede ser análogo a los libros rojos de conservación que durante los años 80 publicó CONAF y que aun sin contar con respaldo oficial se transformaron en el referente para el estado de conservación de la flora y la fauna de nuestro país, que aun se usa ampliamente, a pesar de que ya existen listados oficiales de estados de conservación de especies.

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