“La valoración de las Áreas Protegidas evidencia su alto potencial; oportunidad estratégica y aporte al desarrollo del país”

En un nuevo encuentro de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental y Social del CED, Rafael Asenjo, Coordinador Nacional del proyecto Conama / GEF-PNUD sobre Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas, abordó el tema ¿Es posible construir un Sistema de Áreas Protegidas para Chile?

Durante su exposición tocó cinco contenidos centrales, los que desarrolló desde la perspectiva tanto de lo que se ha hecho hasta hoy por los gobiernos como lo logrado en casi un año de trabajo de este proyecto, resultados que se insertan en un plan que abarca 5 años de labores.

IEl Marco Político Estratégico; en este punto el experto reconoció que los gobiernos de la Concertación han dado pasos que han permitido la construcción de un marco de referencia político y un plan de acción. Con ello, se ha logrado dar continuidad a un trabajo que desarrolla una lógica de compromiso expresada en el año 2005 en formulación definitiva de una Política Nacional de Áreas Protegidas.

Pese a que existen hitos relevantes a nivel de política que impulsan esta tarea, como la Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad; la Estrategia Nacional de Biodiversidad; un Plan de Acción Nacional de Biodiversidad; una Política Nacional de Áreas Protegidas y un Plan de Acción de ésta, Asenjo reconoció que la situación institucional es crítica. Ello, debido a la existencia de regímenes institucionales variados, lo que implica un engorroso proceso para alcanzar acuerdos o definir estándares comunes a nivel del Estado.

IILos Factores Estratégicos. Estos implican diferentes elementos y sus problemáticas:
– Superficie protegida: Alcanza a 20,5 millones de hectáreas, lo que representa al 27% del territorio nacional, siendo su principal problema la enorme dispersión de categorías que abarca, incorporando varias que se encuentran muy poco desarrolladas
– Representatividad de las Áreas Protegidas: Alrededor del 20% de los pisos vegetacionales descritos por Luebert & Pliscoff (2006) no están protegidos por esta áreas. Además, una pequeña parte del rango de distribución de la mayoría de las especies vertebradas están bajo protección, a lo que debemos sumar que dos zonas zoogeográficas marinas (el sur de la provincia de Chile Central y el sector más austral de la provincia de losCanales y Fiordos) no están representadas en las actuales Áreas Protegidas.
– Capacidades de Gestión: Existen una gran cantidad de instituciones públicas (al menos 15 y de ellas 9 Ministerios) y privadas (7 ONGs; 11 empresas y 4 universidades) vinculadas directa o indirectamente con las Áreas Protegidas, más de 15 categorías de manejo y una gran cantidad de instrumentos que se están aplicando en estas áreas. Es decir, hoy un 27% del territorio nacional está sujeto a la gestión de 9 ministerios sin una autoridad central que unifique criterios. Pese a esta multiplicidad de instituciones, sus capacidades se consideran insuficientes para el financiamiento, gestión y administración de las AP terrestres y marinas (por ejemplo, a 2007, sólo el 48% de las AP públicas y privadas contaban con planes de manejo; por otra parte, el gasto público y privado en AP alcanza a menos de US$ 1 por hectárea).
– Financiamiento: La capacidad financiera se presenta como un elemento clave para abordar los vacíos de  representatividad. Esto se hace más evidente cuando se estima que se necesitarian alrededor de US$ 26 millones anuales para realizar una gestión mínima y, sin embargo, un conjunto de instituciones públicas sólo cuentan con un presupuesto total anual de 9,2 millones de dólares. Esto, pese a que se ha hecho una valoración del aporte anual de servicios ambientales que generan las Áreas Protegidas al país alcanza a unos US$2.500 millones, si se considera que éstas colaboran a través de los servicios de regulación (purificación delagua, regulación hídrica, secuestro CO2 atmosférico, control de erosión y formación de suelo); servicios de provisión (abastecimiento de alimentos y fibras, abastecimiento de agua, recursos genéticos, turismo receptivo) y servicios culturales (turismo doméstico, recreación, valor de existencia)

El análisis de estos factores y evaluación de su situación e impacto, ha permitido plantear soluciones a las problemáticas descubiertas:  Sólo será posible disminuir la brecha de representatividad ecosistémica (20% a 4%) mediante la participación privada, focalizada en la zona centro-norte del país y con estándares de certificación e instrumentos de incentivo. Por otra parte, para superar la dispersión de las capacidades de gestión, ellas requieren ser articuladas a nivel sistémico para mejorar la efectividad de manejo mediante estándares mínimos que se definan de acuerdo a los objetivos de las distintas categorías de AP (cada una con planes de manejo que incluyan, también,  planes de financiamiento). Y en cuanto específicamente a la brecha definanciamiento, se podrá superar mediante una mayor eficiencia del gasto público asociado a AP y al despliegue de nuevas fuentes de ingresos e inversión.

IIIVisión de un sistema Nacional de Áreas Protegidas: En síntesis, éste deberá ser capaz de integrar simultáneamente las dimensiones político-administrativa (nacional, regional y comunal); propiedad-administración (público, privado y público-privado) y territorial ( terrestre, costero, marino y mixto) que implica este sistema, para contribuir efectivamente a la conservación y gestión sustentable de la diversidad biológica y el patrimonio natural y cultural asociado para aportar al desarrollo nacional, regional y local.

IVProyecto GEF-SNAP: su objetivo es el diseño e implementación inicial de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas(SNAP) financieramente sustentable. Durante el desarrollo del proyecto por un plazo de 5 años, se deberán alcanzar los siguientes resultados:
– Marco legal, estratégico y operativo para el financiamiento sostenible de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP)
– Mecanismos de generación de ingresos que han aumentado los niveles definanciamiento de las AP del SNAP
– Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo del SNAP con entidades públicas de financiamiento y sectores productivos
– Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la planificación, manejo e inversión en las AP del SNAP

VTemas claves; oportunidades y riesgos: En este punto, Rafael Asenjo reconoció que “están pasando cosas” en distintas esferas. Mencionó por ejemplo, la Ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, que será, probablemente, despachada antes del 10 de marzo del2010; o la propuesta programática de la Presidenta Bachelet que planteó crear el Ministerio deAgricultura, Alimentación y Pesca, que si bien aún no se concreta, instaló la idea de la necesidad de trasvasijar todo lo relacionado con pesca desde el Ministerio de Economía a otro que le reconozca la gran importancia que ella tiene.

Sin embargo, el Coordinador Nacional del proyecto GEF-SNAP planteó un punto de alerta relacionado con la necesidad de consistencia de los esfuerzos público sectoriales. Un ejemplo es el proyecto de creación de una Subsecretaría de Turismo, que también estaría implicada en la gestión deAreas Protegidas. Es decir, por una parte se intenta coordinar y centralizar la gestión y fomento de las Áreas y, por otra, se crean e introducen nuevas instituciones a esta tarea, sin racionalizar ni ordenar el conjunto.

Otro riesgo se hace latente cuando se plantea este tema desde una dimensión Nacional o Regional. Entonces, surgen las interrogantes de si la discusión se dará sobre la base de una sumatoria de prioridades regionales, o será realmente con una mirada nacional.

Adicionalmente , la dimensión indígena es otro punto a considerar, ya que el Convenio 160 de la OIT, impone una serie de condiciones relacionadas con el tipo de relaciones y el nivel de acuerdo que se debe alcanzar con las comunidades indígenas en los casos que corresponde. El proyecto considera, eso sí, que el enfoque óptimo debería apuntar a la participación y consulta de todas comunidades cercanas a las Áreas Protegidas, independientemente de su carácter de indígenas o no, para involucrarlas en las tareas de su protección y conservación, es decir, gestión, y en los beneficios del desarrollo asociado a éstas.

En cuanto a las exigencias de la OCDE, el experto señaló que si bien éstas no apuntaban directamente a la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sí exigían que la institucionalidad diera representatividad a la naturaleza y que asegurara niveles de descentralización.

Al finalizar su exposición, Rafael Asenjo recibió los comentarios; visiones e inquietudes de los asistentes, quienes mostraron un altísimo grado de interés en el tema y reconocieron el esfuerzo e importancia que implica levantar este proyecto, en el sentido de unificar criterios que permitan alcanzar la meta de optimizar y promover a las Áreas Protegidas y, con ello, impulsar el proceso dedesarrollo basado en la sustentabilidad.