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Accountability judicial

Urge una reestructuración del Poder Judicial. La necesidad de modernizar dicho poder separando funciones jurisdiccionales de las administrativas; introducir el mérito como factor determinante en el desarrollo profesional de quienes ejercen la función jurisdiccional, es indispensable para fortalecer la democracia.

El objetivo es que los jueces, en especial los ministros del máximo tribunal, se concentren en resolver conflictos de relevancia jurídica y no en otras labores.

La profundidad del problema es sustancial; no se trata simplemente de prudencia monetaria en la compra de vehículos, sino de otros elementos, por ejemplo, la institución de los abogados integrantes y eventuales conflictos de interés que de ellos pueden surgir; el rol de los fiscales judiciales y el particular régimen disciplinar; sistema de nombramiento; mecanismo de evaluación; arcaica conceptualización de la Corte Suprema como superior jerárquico o las amplias funciones de la Corporación Administrativa y su escasa fiscalización.

El complejo escenario es causa suficiente para impulsar iniciativas legales que pretendan superar aquellas debilidades, sin embargo, surgen mociones en la dirección contraria. La propuesta de incorporar la acusación constitucional a jueces de instancia es a lo menos conflictiva. En primer orden, vulneraría el principio constitucional de independencia judicial. En segundo lugar, es riesgosa para el régimen democrático: cuál será la causa que la motive y cómo distinguir entre la conducta del juez y el contenido de sus resoluciones. La cámara baja se podría transformar en una cuarta instancia procesal.

El debate público debería concentrar sus esfuerzos en examinar por completo una propuesta de gobierno judicial y no sólo pequeñas aristas.

Leslie Sánchez

Integrante del Directorio Centro de Estudios del Desarrollo