Procurador General de República Dominicana: “El sistema carcelario no es una prioridad, no da votos”

El Procurador General de República Dominicana, Radhames Jiménez, expuso en el CED sobre las decisiones estratégicas y políticas, las características, las etapas de desarrollo y los desafíos futuros del “Nuevo Modelo de Gestión Nacional Penitenciaria”

El encuentro contó con la asistencia  del Ministro de Justicia de Chile,  Teodoro Ribera;  el Embajador de República Dominicana en Chile, Pablo Maríñez; el diputado Ricardo Rincón; investigadores y académicos, los que desde diferentes ópticas plantearon interrogantes y rescataron elementos del proceso realizado en República Dominicana que podrían aportar a una reforma del sistema penitenciario en nuestro país.

Jiménez indicó que al asumir su cargo -en el año 2006-  ya se había iniciado un proceso de transformación del sistema carcelario, el que con financiamiento de la Unión Europea llevaba tres recintos en proceso de en modificación. La situación penitenciaria en República Dominicana, hasta entonces, se caracterizaba por recintos hiperhacinados y con los vicios de todos los sistemas alrededor del mundo.

 Sin embrago, al llegar a la procuraduría  los aportes desde el exterior finalizaron y se vio enfrentado a la necesidad de ampliar el margen de acción (para aumentar los 3 penales intervenidos) e incluir a la sociedad civil en este proceso, con el propósito de hacer frente a la limitación de recursos. De esta manera se formó el “Patronato Nacional Penitenciario”, integrado por empresarios; la Iglesias Católica; comunicadores sociales y miembros de la sociedad. Con el apoyo de este grupo, se concientizó e influyó en una comunidad que en su gran mayoría “no quiere saber de cárceles” y que evalúa la inversión en los infractores como una equivocación. Así, se consiguió continuar con el trabajo e incorporar nuevos centros.

La idea central que sustenta toda la reforma es la “humanización” del sistema (vigilancia mínima y por personal formado en la Escuela Nacional penitenciaria; acompañamiento educacional obligatorio o “analfabetismo cero”; cero ocio mediante el trabajo en procesos de productivos internos y tendientes a la autosustentación de los penales). Con ello, se ha conseguido introducir 14 centros en este proceso de rehabilitación y corrección; se han ido incorporando nuevos elementos a esta evolución, enfocados en la reinserción social; y se han alcanzado índices exitosos, medidos -por ejemplo- en un tasa de reincidencia del 2.7% (versus el 50% del sistema tradicional).

Una vez egresados del centro, los internos continúan con una fase de acompañamiento a través de las “Casas del redentor”, enclaves de acogida levantados por medio de una alianza estratégica entre el sector privado, el Estado y la Iglesia Católica, donde se realiza un seguimiento post encierro; se reporta periódicamente del estado de los egresados; se da soporte profesional; se orienta vocacionalmente y se asesora -incluso- financieramente para que las personas que cumplieron su pena tengan una oportunidad real de reinserción.

Como lo señaló Radhames Jiménez, citando a una directora de un centro modelo, “nadie se resiste a ser tratado con dignidad y respeto”. A eso apunta la reforma y, por ende, es la garantía de su éxito.