La Concertación estaba cansada

La derrota de Eduardo Frei en la Presidencial tiene numerosas explicaciones, partiendo por buscar si fue una derrota de la Concertación o un triunfo de Piñera, aunque esa separación puede carecer de rigor analítico.

Entre las causas ha sido planteada con insistencia que un sector importante de la clase media se trasladó hacia el candidato de la Derecha.

Entre las razones que explican la pérdida de numerosos electores de ese segmento, se puede mencionar que el notable aumento del bienestar del ciudadano promedio del país no benefició a todos por igual, lo cual se refleja en que las ostensibles desigualdades existentes en la sociedad chilena a fines de la Dictadura no se corrigieron en forma significativa durante los veinte años de gobiernos de la Concertación. Si bien el nivel de vida mejoró de manera apreciable, los frutos del progreso no se distribuyeron equitativamente.

El objetivo central que se planteó desde el Gobierno de Aylwin fue la reducción sistemática de la pobreza, meta en la cual el éxito ha sido remarcable. En efecto, al fin del Gobierno de Bachelet se puede sostener que la indigencia ha desaparecido en Chile(1). Esta afirmación se puede formular a pesar que los datos más recientes calculan que subsiste el 3,2% en esa condición en 2006; sin embargo, los estudios de panel, que hacen seguimiento al ingreso de las mismas familias a través del tiempo, reflejan que la condición de “indigente” es transitoria,(2) y cambia de año en año. En el caso de los pobres “no indigentes”, su situación ha experimentado una mejoría apreciable y persistente. Estas tendencias son las que han dado origen al debate sobre la conveniencia de redefinir la línea de pobreza.

La estrategia anterior es la que explica que las políticas sociales de los sucesivos Gobiernos se hayan focalizado en beneficiar a los más pobres, despreocupando a los segmentos medios. Esta característica llegó a su máxima expresión en la “Protección Social”, que concentró los objetivos del Gobierno de Bachelet.

Por otra parte, la estrategia de desarrollo, que asigna un papel central a la apertura al exterior, descarta todo tipo de proteccionismo a la producción nacional e impone normas comunes a las diferentes empresas, independiente de su tamaño, ha llevado a un sistemático proceso de concentración de la producción, aumentando la participación de las grandes empresas en el PIB y reduciendo la de las pequeñas. Como consecuencia, también aparece una concentración del ingreso y el poder en los sectores privilegiados de la sociedad chilena.

Entre estos dos segmentos, la clase media ha perdido el lugar de privilegio que tradicionalmente ocupó en la sociedad chilena, cuando las políticas se formulaban pensando en la incorporación progresiva de estos segmentos a las estructuras de poder de la sociedad. Pasó a ser el “jamón de un sandwich de palta”, al no tener acceso privilegiado al bienestar material ni a un lugar preferente en la vida social.

La tendencia anterior se fue agudizando a través del tiempo. En la elección parlamentaria de 1997, los partidos de la Concertación tuvieron una reducción apreciable en su votación, a pesar de seguir manteniendo su mayoría electoral. Surgió la pregunta ¿cómo es posible que mientras los indicadores objetivos de carácter económico-social muestran un progreso generalizado, la población refleje un estado de descontento creciente, de malestar e insatisfacción? En el libro “Desarrollo Humano en Chile 1998: las paradojas de la modernización”, que publicó el PNUD ese año, ofreció una explicación que puede constituir la mejor hipótesis para explicar esta aparente contradicción. Señaló que la estrategia de desarrollo seguida (el “modelo”), entregaba progreso material, pero también generaba generalizados sentimientos de inseguridad e incertidumbre, como consecuencia del énfasis que promovía en el individualismo y la competencia; ahí estaba la raíz del descontento, centrado en los sectores medios de la población, que aspiraban a la seguridad y la estabilidad.

Los elementos de incertidumbre aparecían en varios campos: educación, salud, empleo, pensiones y seguridad personal, entre los principales. A lo anterior se agregaron dos elementos: los atrasos en la modernización del Estado en relación a los profundos cambios que estaban ocurriendo en el país y los crecientes problemas de gestión en el Gobierno, incapaz de enfrentar los conflictos que se fueron acumulando. Un breve repaso a los elementos enunciados ilustra estas falencias.

La incertidumbre en la educación

Desde un punto de vista de la familia, el principal activo que va acumulando es la educación de los hijos. Durante los Gobiernos de la Concertación se produjo una verdadera revolución: la notable expansión de la matrícula, especialmente en el nivel medio y superior(3). Sin embargo, ese salto no se vio acompañado por mejorías equivalentes en la calidad de la enseñanza. En parte importante, esto se debe a que la masificación reduce los indicadores promedios al incorporar alumnos que presentan carencias en la base de su formación de los nuevos segmentos. Por otra parte, el sistema ha ido acumulando problemas que aún no tienen solución, como lo reflejaron la rebelión “pingüina” de 2006 y las reiteradas huelgas de profesores de los últimos años. Esos elementos explican que los padres enfrenten una creciente incertidumbre respecto al futuro de sus hijos, especialmente cuando se incorporen al trabajo.

Los problemas que persisten son numerosos: inequidad en la calidad de la enseñanza que otorgan los planteles docentes; un sistema universitario ineficiente, inequitativo y discriminatorio, que no ofrece una adecuada información a quienes recurren a sus servicios; educación básica profundamente desigual entre sus oferentes; educación municipalizada en crisis; falencias en la evaluación de planteles y docentes; primacía de la antigüedad y no los méritos en el sistema de estímulos a directivos y profesores, son algunos elementos que impiden a los padres tener una mayor seguridad que el esfuerzo puesto en la educación rendirá sus frutos.

Los servicios de salud se quedan atrás

En Chile, el gran proveedor de la salud es el Estado, donde se atiende la mayoría de población, y los estudios de opinión reflejan un fuerte cuestionamiento a su calidad. El sistema privado (isapres y clínicas) solamente cubre a una minoría que puede enfrentar sus altísimos costos.

En esas condiciones se producen efectos indeseables: la constancia que hay dos sistemas que funcionan en forma discriminatoria: uno para los ricos y el otro para la gran mayoría, de baja calidad y financiamiento precario. Donde la situación se hace crítica es ante la aparición de una enfermedad catastrófica, de alto costo. El problema no afecta básicamente a los sectores de bajos ingresos, que reciben atención gratuita, sino en la clase media, adscrita al FONASA o a programas precarios de las isapres, los cuales no pueden financiar prestaciones de alto costo y deben recurrir al endeudamiento. En el Gobierno de Lagos se trató de resolver el problema con el AUGE, diseñado para resolver las atenciones catastróficas mediante financiamiento estatal. A pesar del gran avance que significó para numerosas dolencias, el programa ha terminado por enfrentar los problemas de mala gestión existente en los recintos estatales de atención. Largas listas de espera para muchas especialidades y baja calidad de la atención.

La mala gestión del sistema de salud en consultorios y hospitales es cada vez más grave, y varios centros han terminado por colapsar. El poder de los gremios de la Salud impide que se efectúen las reformas que aparecen como evidentes. Durante el Gobierno de Bachelet se interrumpió la aplicación de la Reforma de la Salud aprobada en el gobierno de Lagos, a causa de la tendencia estatizante que imperó en la gestión del sector, la que agravó los problemas de gestión que se habían arrastrado desde años anteriores. A los graves colapsos de varios hospitales públicos (el caso más grave ocurrió con el establecimiento de Talca) se agregó la tardanza en implementar los planes de licitación de la edificación concesionada, la interrupción del plan de centros autogestionados y a la acumulación de pacientes no atendidos del Auge(4).

El temor a la cesantía

Uno de los cambios más profundos ocurridos en Chile en los últimos decenios es la mayor movilidad laboral. La tradición de permanecer durante largo tiempo en una empresa, incluso hasta la jubilación, se ha ido perdiendo sistemáticamente. Este fenómeno ha ocurrido intensamente en el sector privado, por varias causas, entre las cuales se pueden señalar la transformación productiva ocurrida en el país, la apertura a la competencia externa, la concentración productiva y, principalmente, el rápido cambio tecnológico que lleva a la obsolescencia de ciertas destrezas y los requerimientos de nuevas especialidades, entre ellas, los procesos de informatización. Como consecuencia la movilidad laboral ha crecido. A lo anterior se debe agregar el creciente fenómeno de la subcontratación y los contratos a plazo fijo.

En el Sector Público ha ocurrido una tendencia parecida, que se refleja en la disminución relativa de los empleos en planta fija y el fuerte incremento del personal a contrata y a honorarios, que por su naturaleza carecen de estabilidad y de otros derechos laborales, constituyendo las situaciones de mayor inestabilidad existentes en el mundo laboral actual.

La situación anterior ha llevado a un mundo laboral de creciente incertidumbre en los empleos y los ingresos futuros que no ha podido resolver el incipiente seguro de cesantía. Por una parte el salario, base fundamental de la renta familiar de los sectores medios es cada vez más incierto, a causa de la inestabilidad laboral, mientras los gastos fijos tienen mucha permanencia en el tiempo: dividendo del crédito hipotecario; mensualidad del gasto en educación media o superior de los hijos, cuota de la tarjeta de crédito; pago a la isapre o al Fonasa; abono a la deuda del auto comprado a plazo, entre ellos, genera una situación de incerteza que afecta la vida familiar y laboral.

Otra característica destacada de este segmento es su endeudamiento de corto plazo, relativamente alto, lo cual le hace vulnerable a la pérdida transitoria del ingreso familiar.

Las inciertas pensiones

En el antiguo sistema previsional el monto y las condiciones de la jubilación eran relativamente conocidos. Cada persona sabía con cierta seguridad cual iba a ser la pensión que iba a recibir después del retiro laboral. La principal fuente de incertidumbre era cuánto iba a ser erosionado su ingreso a causa de la inflación, en un sistema sin UF. Sin embargo, existía una baja cobertura y era injusto desde el punto de vista temporal y sectorial, a causa de sus compartimentos estancos.

La reforma de 1981 cambió de raíz las reglas y creó las AFP y la capitalización individual. Sin embargo, después aparecieron las fallas y carencias, entre ellas, la ausencia de solidaridad entre los imponentes y el principal inconveniente: la escasa información que tiene el cotizante sobre el monto probable que va a recibir al momento de la jubilación, ya de por sí muy lejana en el tiempo. Por lo tanto, una nueva fuente de incertidumbre sobre las condiciones de vida en la vejez.

La Reforma de la Previsión durante el Gobierno de Bachelet significó un gran paso adelante en la corrección de algunas inequidades del sistema, especialmente en asegurar una pensión de vejez digna, que mitiga en parte las condiciones de inseguridad acerca del ingreso familiar en la ancianidad, pero está limitado a los sectores de bajos ingresos, sin resolver la incerteza en los sectores medios.

La inseguridad personal

La vida de los chilenos en su barrio y en su hogar se fue haciendo cada vez más insegura y no solamente en los vecindarios de bajos ingresos, afectando su integridad física y su propiedad.

El individualismo, la competitividad y la desintegración de las redes sociales generadas desde la Dictadura, limitó a las familias a espacios personales cada vez más estrechos.

Además, el relajamiento de la moral y disciplina social se generalizó progresivamente; manifestaciones de ello fueron la rebelión pingüina; las huelgas de profesores; la habitualidad de utilizar el Transantiago sin pagar pasaje y el pillaje desenfrenado después del terremoto son expresiones en una sociedad en que se han exaltado los derechos sin los correspondientes deberes. Los principales perjudicados de esta situación son los sectores medios de la sociedad, que en un clima de relajamiento social tienen mucho que perder.

Las políticas habitacionales de los Gobiernos de la Concertación se centraron básicamente en los sectores populares, buscando terminar con los campamentos, el hacinamiento y mejorar la calidad de la vivienda popular. Solamente durante el Gobierno de Bachelet se introdujo con decisión el mejoramiento de los barrios, esencial para elevar la calidad de vida de los vecinos.

La clase media chilena busca sobre todo la seguridad, la tranquilidad, los cambios moderados que le permitan el progreso personal y familiar. Estos sectores fueron los que pidieron con más energía la presencia de las Fuerzas Armadas en Concepción cuando se desató el pillaje.

Su principal temor es caer a una situación de pobreza.

La “sufrida” clase media

Los problemas y carencias que se han enumerado han afectado en los últimos años especialmente a la clase media, porque influye en elementos esenciales de su vida cotidiana, generando incertidumbre e inseguridad.

La Concertación no fue capaz de resolver adecuadamente estos problemas por varias razones. La primera dificultad es una de focalización; en efecto, la definición de “clase media” es imprecisa y muy amplia. La gran mayoría de la población se siente integrante de esta categoría. Muchos segmentos de origen popular aspira a integrarla y el progreso del país le ha dado el acceso a la educación, la vivienda y otros bienes materiales que respaldan este anhelo. Por el contrario, aquellos pertenecientes a grupos privilegiados no reconocen esta condición y se suman a este grupo pretextando que existen segmentos en una escala aún superior, especialmente en ingreso o patrimonio; por último, argumentan que sus padres fueron de clase media, llegando a extremos risibles.

Los últimos Gobiernos enfrentaron una revolución en las expectativas imposible de satisfacer. Mejorar significativamente la condición de los sectores medios significaba disponer de recursos que no existían en el país, ni siquiera gastando los fondos acumulados gracias al alto precio del cobre. El lento crecimiento económico a partir de 1998 tampoco permitió disponer de lo necesario.

Por otra lado, parte importante de las mejorías de los sectores medios requerían de profundas transformaciones que la Concertación no estaba en condiciones de realizar, como la solución de los problemas existentes en Educación, Salud, Trabajo, donde se fueron acumulando serias y crecientes insuficiencias de gestión y modernización del Estado, frente a las cuales existen serias discrepancias al interior de la coalición las que se evitó enfrentar y definir.
La Concertación ya estaba muy cansada.

1. Si bien aún no se conocen los resultados de la última Encuesta Casen.
2. La persona o familia encuestada en un mes específico puede carecer de ingreso por cesantía o realización de labores ocasionales y en el período de la siguiente entrevista haber cambiado su condición.
3. También ocurrió en el nivel preescolar, en especial en el Gobierno de Bachelet.
4. Para el Ministerio de Salud pareció que el problema más importante que tenía que resolver era un asunto tan nimio como la píldora del día después.

 Andrés Sanfuentes
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, Master en Economía, The University of Chicago. Profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Editor Económico de asuntospublicos.cl. Miembro del directorio del CED