Por unanimidad de los expertos: Al PL del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas requiere aún de trabajo profundo y discusión amplia

Para conversar sobre “Temas estratégicos a debatir del proyecto de ley sobre Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para Chile”, Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de TERRAM, Eduardo Fuentes, consultor en biodiversidad y desarrollo, y Guillermo Espinoza, Director Ejecutivo del CED, expusieron sus visiones, claramente complementarias en puntos centrales, sobre los aspectos básicos que debería incluir esta iniciativa.

Guillermo Espinoza dio la bienvenida e inició la reflexión planteando cuáles son las preguntas fundamentales que deben hacerse y a las que debería dar respuesta el proyecto. Sintetizadas, se pueden resumir en ¿qué y para qué estamos creando un nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas?; es decir, cuál es la visión del PL, qué es lo que busca para el beneficio del país, que aportes nuevos se hacen a la calidad de vida de los chilenos? Cuál es la relación con la imagen de país? Qué se ofrece a Chile, a los chilenos y al mundo como objetivos de conservación? cuáles son las metas mínimas de conservación que permitan superar la visión de exclusión de territorios? El cuánto proteger? es una pregunta clave y compleja que puede ser resuelta con la explicitación de criterios de conservación, y que tiene relación con la representatividad y no sólo con la extensión territorial y con la administración de estas superficies, además que incluye homogeneizar algunas categorías y definir otras nuevas. Otra cuestión básica para Espinoza es ¿cómo y con quién?, incluyendo instrumentos e institucionalidad que se refieren no sólo a administrar los recursos, sino a la formación de procesos de cooperación público-privado, la formación de una masa crítica que piense, defina, siga procesos, sistematice la información para, finalmente, alimentar la toma de decisiones. Se debería avanzar en instrumentos que permitan mejorar los planes de manejo actuales, que parecen no ser todo lo eficiente que se necesita, que apoyen la producción de conocimiento e información, y que permitan la valoración de bienes y servicios ambientales. En este punto, también debe considerarse el financiamiento, tema que el especialista definió complicado, ya que todos los diagnósticos indican que hoy faltan recursos; sin embargo, propuso algunas vías alternativas como asegurar un financiamiento permanente a través de la valoración de los servicios ambientales que ofrecen las áreas protegidas que, respetando los objetivos de protección, sean fuente de recursos y autosostenibilidad.

El director del CED reconoció que este puede ser un buen avance, ya que el proyecto pone en discusión temas relevantes para el país, pero también evidenció la falta de un trabajo más profundo para que se convierta en un real aporte. “¿Qué gana Chile?, no lo veo claro en cuanto a los temas sustantivos planteados”. Más bien se apunta a solucionar temas institucionales pendientes, sin avanzar en las cuestiones de fondo que reflejen el aporte que la creación de un Servicio como éste tiene para los objetivos de protección de la biodiversidad y de desarrollo con sustentabilidad para el país. Por ejemplo, la imagen de país limpio y sustentable en sus recursos puede ser un aliciente para apoyar la exportación de alimentos hacia mercados más exigentes. Tampoco se aprovechan las capacidades del sector privado para cumplir con objetivos de conservación, estableciendo las metas esperadas con su participación en estas iniciativas.

Por su parte, Flavia Liberona explicó el proyecto de ley desde otro contexto: el de las dudas; ¿sirve o no para avanzar en protección de la biodiversidad y áreas protegidas, así como para mejorar la gestión?

Para ello explicó los orígenes del proyecto, desde la candidatura presidencial de Michelle Bachelet hasta el ingreso de la iniciativa legal que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas al parlamento en enero de 2011. Según su análisis parte de las debilidades de la iniciativa legal son fruto de haber refundido compromisos de campaña de Bachelet en la creación de este servicio, los cuales no fueron cumplidos. Y también de lo ocurrido durante la tramitación legislativa de la reforma a la institucionalidad ambiental (Ley N° 20.417), en la que pese a los compromisos de Bachelet, no se incluyó una propuesta legal para la creación del servicio, como tampoco se generó un espacio para discutir abierta y públicamente el tema. Todo el proceso que culmina con el proyecto de ley, la especialista lo definió como una etapa en la que primó el secretismo y trabajo a puertas cerradas del ejecutivo con una total falta de discusión con los actores relevantes.

Yendo al articulado y retomando una idea planteada por Guillermo Espinoza, explicó que en el artículo 8º transitorio de la Ley N° 20.417, no se aclara que debe comprender el servicio y tampoco qué estamos dispuestos a proteger como país. Lo que agrava aún más la situación, cuando se considera que no hubo ciudadanía involucrada en el proceso de reforma a la institucionalidad ambiental y tampoco en la elaboración de la iniciativa legal que crea el servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Todo ello se complica más si se considera que el futuro Servicio de Biodiversidad y AP, dependerá del Ministerio del Medio Ambiente, el cual está mandatado para proteger los recursos naturales renovables e hídricos, dejando los no renovables en manos de ministerios sectoriales. Todo esto, intermediado por con un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que está conformado por ministerios sectoriales encargados del fomento productivo y de administrar los recursos naturales no renovables. Consejo que además tiene duplicidad de funciones y tareas con el Ministerio de Medio Ambiente.

Por otra parte, Liberona señaló que Chile ha suscrito numerosos acuerdos internacionales en materia de protección y conservación, pero no se ha realizado una reflexión y análisis sobre, que sucede con este proyecto en relación con ellos, “¿se avanza o retrocede? Por lo pronto, no están recogidos varios puntos contenidos en los convenios; sólo como ejemplo, indicó que no se recoge el contenido de la Convención de Washington, y que tampoco hubo consulta indígena en la elaboración del PL. Además, la directora de Terram recordó que ya la OCDE puso sobre aviso que en Chile no existía una ley específica de conservación de la naturaleza y de estructuras para su manejo, lo que delata la debilidad de nuestra institucionalidad frente a la protección del patrimonio natural.

En conclusión, Liberona señaló estima que este proyecto puede ser sumamente riesgoso para la protección y gestión de la biodiversidad y áreas protegidas si no se mejora sustancialmente, ya que carece de solidez jurídica y técnica en materia de biodiversidad y conservación. Para ella, aprobarlo en la forma en que se presentó al parlamento, constituye un retroceso para el país, por lo que estima necesario abordar seriamente la discusión. A juicio de la especialista, el único mérito del PL es que instala la discusión sobre el tema.

El tercer expositor, Eduardo Fuentes, complementó los argumentos anteriores hablando de algunas “asperezas” que se le presentan con el PL de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Ellas se pueden resumir básicamente en que el proyecto usa una definición antigua y muy limitada de biodiversidad, que incluye sólo a los organismos presentes, pero no a las interacciones que hacen posible su presencia y mantención en el lugar; y a que no diferencia entre preservación (entendida como “no tocar”) y conservación (que es el uso sostenible de los recursos). La iniciativa llega incluso a plantear que su objetivo es preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental, lo que induce a errores y contradicciones, además de superar por mucho a lo que es biodiversidad. La gestión de la biodiversidad del país debiera ser el objetivo de la ley. Además, según Fuentes, para cumplir con ese cometido, el Servicio debería ser responsable de gestionar un banco nacional de información acerca de la biodiversidad y su monitoreo periódico y público dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas.

Otra falencia es que se enfoca a las Áreas Protegidas como “islas”, como si fueran entidades autosuficientes. Esta falencia se vincula directamente con la definición restringida de biodiversidad usada y corresponde a una visión que no es consistente con lo que se sabe hoy, en el sentido que está comprobada la pérdida de especies si no se resuelven las áreas dándoles conectividad y corredores entre éstas con su entorno.

Por otra parte, Eduardo Fuentes consideró sumamente inquietantes las concesiones de Áreas Protegidas, ya que no se define exactamente cuál es el objeto concesionado. En partes pareciera que son algunos servicios dentro de las áreas, en otros pareciera que fueran las áreas completas. Para Fuentes, el Servicio no debiera perder nunca la gestión y responsabilidad por todas las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, pues se trata de bienes de todos los chilenos, que debieran mantenerse para siempre. El horizonte de responsabilidad de una concesionaria no es nunca infinito y la pérdida de biodiversidad es irreversible. La situación de las delegaciones de gestión tiene problemas similares. Además la concesión y/o delegación de gestión puede prestarse para que a futuro se de un círculo vicioso en que dejen de darse los recursos fiscales para su administración y enriquecimiento, con el pretexto que otros pueden jugar mejor ese papel (subsidiariedad).

Estos, son algunos de los puntos que el consultor definió como críticos y que requieren de definiciones discutidas ampliamente y claras.

Los asistentes a la reunión hicieron aportes, compartieron puntos de vista y continuaron una discusión que, a juicio de los expositores, debe seguir dándose en diferentes esferas y entre los distintos actores involucrados.