Plan Regulador de la Región Metropolitana: ¿Una visión sustentable del territorio?

Este fue el tema abordado por Patricio Gross, Presidente Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, en el segundo encuentro de abril de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental y Social del CED.

Al iniciar la exposición sobre este tema de extrema coyuntura, Gross explicó cuáles son los elementos centrales que justificaron la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS100), aprobado recientemente por el Gobierno Regional. Ellos se resumen en lo principal : Extender el límite urbano, permitiendo la incorporación de 9.500 hectáreas para acoger la demanda poblacional futura de Santiago al año 2030; destinar una reserva de 2.500 hectáreas para nuevas áreas verdes, además de condicionar un 8% del terreno total de los futuros proyectos para vivienda social.

Estas modificaciones, según la autoridad regional, tienen como finalidad lograr un Santiago más verde e integrado al año 2030; actualizar el límite de extensión urbana de la Región Metropolitana; crear una vialidad estructurante que conecte estos nuevos sectores con la ciudad consolidada e incorporar un sistema de áreas verdes que incluya nuevos parques intercomunales y zonas de forestación.

Pese a las características y alcances de la propuesta, el Director del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana consideró que el PRMS 100 no debía ingresar de forma obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en atención a que la modificación no generaría nuevos impactos ambientales, ya que sólo se refería a ajustes y precisiones de la normativa actualmente vigente.

Sin embargo, para Patricio Gross -quien durante su presentación explicó también la propuesta de conectividad vial del nuevo plan, así como la consolidación de dos sistemas ambientales gracias a esta modificación- señaló que este nuevo plan viene a corroborar que Santiago es una ciudad fuertemente segregada social y espacialmente.

La visión de la autoridad regional sobre la modificación

Después de cuatro años de discusión sobre las modificaciones al PRMS 100 de 1994, el 30 de Marzo el Gobierno Regional aprobó al 2030 la expansión urbana de Santiago hacia las zonas sur poniente y norponiente. Así, Santiago se extenderá en 10.262 hectáreas: 9.472 en nuevos terrenos y 789 en áreas de reconversión de uso de suelo vigente. Esta reforma afectará a ocho comunas: Renca, Cerro Navia, La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Pudahuel, Maipú y San Bernardo.

El argumento de la autoridad: El área urbana, que hoy alcanza 75.000 hectáreas, podría albergar en los nuevos terrenos a los 1.600.000 nuevos habitantes que tendría la capital en 20 años más.

Además, este instrumento introduce un desarrollo urbano con condicionamiento, lo que se traduce en tres exigencias para los desarrolladores inmobiliarios: Que se encarguen de mejorar la conectividad de los nuevos polos urbanos con el centro de las comunas cercanas; que creen áreas verdes y las mantengan durante los primeros cinco años y que aseguren un mínimo de 8% de suelo -del total de proyectos inmobiliarios ejecutados- a viviendas sociales.

Las aprensiones de especialistas e involucrados

Gross fue enfático al señalar que especialistas y académicos coinciden en que la modificación es parcial y no aborda integral ni sistémicamente los problemas de la ciudad como: Expansión y densificación; segregación social urbana que se ha generado con las actuales políticas; pérdida de la calidad ambiental. Además de estos puntos, los propios municipios se muestran preocupados sobre el aumento de la cantidad de viviendas sociales en comunas que hoy ya tienen un alto porcentaje de éstas y la mantención de las 2.577 nuevas hectáreas de áreas verdes y que suponen un 25% más a las existentes.

Dos miradas contrapuestas

Desde un comienzo, el Colegio de Arquitectos ha planteado su disconformidad, presentando públicamente y ante las autoridades pertinentes su visión crítica y propuesta de acciones a realizar.

De esta manera, el 7 de marzo del 2011, la Orden rechazó el proyecto de cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas, que se transformarían en zona urbana, solicitando la ampliación de plazo del estudio para revisión de las modificaciones del PRMS y planteando la posibilidad de que las diferentes instancias involucradas en esta modificación pudieran hacer nuevas propuestas y exponer las argumentaciones para mejorar este Instrumento de Regulación. Además, este Colegio se ofreció a colaborar efectivamente en la elaboración de un instrumento que abordara satisfactoriamente estos desafíos.

La respuesta de la Intendencia se conoció el 18 de marzo. En ella se señalaba, básicamente, que consideraba que el proceso de revisión de esta modificación había tenido un tiempo prudente para discutir sus reales alcances, además de que al ser una modificación acotada de un instrumento de planificación regional, su implementación podría ser perfectible en el tiempo.

A esta declaración siguió la réplica del 25 de marzo por parte del Colegio de Arquitectos, quienes insistieron en la solicitud de ampliación del plazo de aprobación, con el fin de lograr una mayor participación de la ciudadanía frente a esta modificación. También se reiteraron los aspectos respecto a los cuales existían serias discrepancias, como: La necesidad de promover una discusión técnica y actualizada sobre la proposición; la ausencia de una política nacional de desarrollo urbano; el considerar que el Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) es el que debe fijar previamente los ámbitos precisos para la formulación del PRMS incorporando una visión territorial a nivel de región; el desconocimiento de las áreas de protección ambiental necesarias de considerar por sustentabilidad del territorio y condición de saturación del área metropolitana de Santiago; la consideración de una propuesta de densificación y renovación de las áreas subutilizadas y obsoletas del casco urbano, con resguardo de las zonas patrimoniales y la necesidad de una normativa precisa que regule los compromisos de los agentes inmobiliarios que se hacen cargo de las zonas de desarrollo condicionado.

Al finalizar su exposición, Patricio Gross enfatizó en la idea de que la falta de participación fue una constante que marcó la elaboración del nuevo plan regulador, y en cómo, el tan necesario aumento de áreas verdes, en este caso no es más que la incorporación de zonas ya existentes -por su condición de áreas rurales- a la zona urbana.

La intervención de Gross fue seguida y comentada con gran interés por los asistentes, quienes compartieron visiones e intercambiaron ideas con el especialista.