Investigadora del CED participó en encuentros internacionales sobre Seguridad, Defensa y Crimen Organizado en América Latina

Durante la tercera semana de noviembre, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la Conferencia “Los Desafíos de la Seguridad y Defensa a Nivel Nacional y Regional en América Latina, el Rol de los Parlamentarios”, organizada por la Unión Interparlamentaria (IPU), el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) -ambos con sede en Ginebra-, y el Congreso de la República de Colombia.  La Unión Interparlamentaria (1889) es una importante organización comprometida con la promoción del diálogo parlamentario en las distintas latitudes en pro de la paz y los derechos humanos, la cooperación entre los pueblos y la consolidación de la democracia representativa. En la conferencia se contó con la participación de delegaciones parlamentarias de México, Ecuador, Argentina, Surinam, Trinidad y Tobago, El Salvador,  Bolivia y Colombia. Los temas abordados tocaron distintos aspectos de la seguridad y defensa, tales como: la evolución de los desafíos de defensa y seguridad  a nivel nacional y regional, la colaboración bilateral y regional en el marco de la UNASUR, cómo afrontar los desafíos del crimen organizado, cómo controlar la expansión de la seguridad privada, y los mecanismos y prácticas parlamentarias en relación con la seguridad. Los expositores fueron: Rogier Huizenga, Encargado del Programa de Derechos Humanos de la IPU; Philipp Fluri, Director Adjunto DCAF; Hans Mathieu, Director de la Fundación Ebert en Colombia; Bill Godnick, Coordinador del Programa de Seguridad Pública, Centro Regional delas Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y elCaribe; y, la investigadora del CED, Patricia Arias.

Además, en la misma ciudad, los días 23 y 24, participó en la 6° Reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, organizada por la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Open Society Institute. En esta oportunidad se reunió una veintena de investigadores y académicos con el objetivo de trabajar los temas de reforma policial y reforma procesal penal en la Región, abordándose para el primer caso los temas de control y anticorrupción, la relación entre policía y comunidad, la investigación policial, y la integración del trabajo policial con el de otras instituciones del Estado. En cuanto a la reforma judicial en materia penal, se enfatizó el análisis en aspectos relativos a la investigación que conducen las fiscalías y los desafíos que plantea para un mejor acceso a la justicia.  En este punto, se analizó la necesidad de contar con políticas de persecución por parte de las fiscalías (las que deben ser pieza de una política criminal general), la ausencia de definiciones estratégicas para enfrentar las investigaciones dependiendo del tipo de caso -lo que adquiere especial importancia cuando se trata de crimen organizado-, las carencias en la definición de metas e indicadores de gestión orientados a una buena administración de justicia, entro otros aspectos.