El sistema eléctrico es frágil, caro y generador de incertidumbre

Así definió Juan Antonio Guzmán, Presidente de la Comisión Asesora para el Desarrollo  Eléctrico (CADE), la situación actual de sistema eléctrico de nuestro país, escenario ante el cual esta comisión -formada por un grupo transversal desde el punto de vista profesional, inclinación ideológica e intereses económicos- trabajó con el propósito de aportar lineamientos básicos que colaboren con la construcción de una “Política Energética para el Futuro”.

En este encuentro, enmarcado dentro de las actividades del Programa Diálogo Público Privado del CED, Guzmán comenzó por definir la urgencia con la que debe abordarse esta materia, pues las posibilidades reales de desarrollo están estrechamente relacionadas con la disponibilidad de energía. Ella, para el año 2030, se ha proyectado con un requerimiento de 30 mil megas adicionales/año. Para satisfacer esta demanda, el país cuenta con tres fuentes disponibles: Energías convencionales; ERNC (Energías Renovables no Convencionales) y Energía Nuclear.

Para el profesional, hasta hoy el sistema se ha adecuado a las situaciones que se presentan (crisis y escasez) pero a un costo muy alto. Pese a este condición, reconoció que se han introducido cambios y mejoras (como las leyes cortas) pero que aún se evidencia una falta de voluntad nacional para sacar el tema adelante, lo que nos ha llevado a “una tormenta perfecta”: con la crisis de gas de Argentina cambiamos  la matriz al carbón e hidrocarburos a un alto costo económico y ambiental.

Además, el sistema actual nos asegura un abastecimiento sólo hasta el 2017, para lo que se hace indispensable avanzar en normativas y políticas definidas, que permitan que los inversionistas desarrollen sus proyectos, pues hoy, la ambigüedad de las reglas mantiene judicializados 3 proyectos, pero los restantes 12 con posibilidades de ejecutarse, los posponen ante la eventualidad de que su inversión de capacidad humana, técnica y económica sea paralizada o sufra por las incertezas de la reglas vigentes.

Para atender e intentar entregar luces sobre la manera de salvar estas situaciones, los procesos de participación, como la propia CADE y la CCTP (Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria) realizaron profundos procesos de reflexión y estudio sobre la materia, recibiendo las impresiones de gran cantidad de expertos y coincidiendo en más de un 80% en sus propuestas finales.

En cuanto a la CADE, realizó un debate intenso sobre: la matriz eléctrica futura; estableciendo que de mantenerse el escenario actual, cada año de retraso en la construcción de nuevas centrales, por ejemplo hidroeléctricas en el sur, significaría un aumento del 20% de los costos de la energía y, además, llevaría a que ésta fuente fuese reemplazada por las termoeléctricas, las que además  de aumentar los costos, incrementarían en un 38% el aporte de emisiones de CO2.). También analizaron el tema de la competencia, señalando que ella debe existir, el problema evidente es que, con las condiciones actuales, no existen actores que se arriesguen a invertir en nuevos proyectos. En lo concerniente con el desarrollo eléctrico y su relación con el medio ambiente y la sociedad, indicó que es clave mejorarlo, pero no para tener como contrapartida grupos que de opinantes y aportantes de visiones se transformen en instrumentos de veto. Finalmente, en cuanto a las nuevos temas abordados por la comisión, señaló que la energía nuclear, pese a no ser el momento oportuno para discutirlo, debe ser una posible alternativa que se mantenga en estudio permanente y observación, ya que las mejoras tecnológicas llevan a nuevos sistemas, más seguros y económicos que no se deben descartar a priori.

La comisión también arriesgó una posición sobre la construcción de centrales hidroeléctricas en el sur, estableciendo que, tomando todos los resguardos y medidas pertinentes, no tiene sentido no concurrir a un recurso del que se dispone.

Energía para el futuro

En este punto Guzmán aclaró que los planteamientos del Gobierno apuntan a mantener la actual política energética con ciertos énfasis y matices, resguardando los principios de seguridad y calidad de abastecimiento, eficiencia económica y sustentabilidad ambiental, a través de principios claros y acciones coherentes y cuidando de su interrelación con el medio ambiente.

Ello requiere, claramente, el perfeccionamiento de la institucionalidad: Agilización de procesos y proyectos.

Los pilares que sostienen esta propuesta son: el crecimiento con eficiencia energética (una Política de Estado); el despegue de las Energías Renovables (desafío aún pendiente); la definición del rol de las Energías Tradicionales (poniendo énfasis en la hidroelectricidad para lograr una menor dependencia externa); un nuevo enfoque en transmisión (carretera eléctrica pública); un mercado eléctrico más competitivo y el avance sostenido en las opciones de Interconexión Eléctrica Regional

Dificultades y desafíos

Lo  más importante y rescatable de la situación actual es que existe un consenso mayoritario transversal de los actores relevantes. Sin embargo, para poner en marcha planes y proyectos se requiere de autoridades decididas y empoderadas, que sean capaces de manejar la discrepancias, poniendo los intereses nacionales por sobre los de grupos minoritarios y/o de particulares.

Uno de los desafíos pendientes es poner en ejecución las iniciativas legales, reglamentarias y normativas, lo que debe acompañarse de un plan comunicacional mancomunado.

Al finalizar su exposición, Juan Antonio Guzmán compartió puntos de vista con parlamentarios, investigadores y empresarios que expusieron tanto sus aprensiones, como sus propuesta de vías posibles para comenzar a responder a estos retos, claves para el desarrollo sostenido y sustentable de Chile.