Políticas Sociales para el Desarrollo Nacional

Luis Hernán Vargas, Sociólogo de la Universidad de Chile, compartió en el CED con investigadores, académicos y jóvenes universitarios vinculados al tema, su análisis sobre la protección social y el ingreso ético familiar, abordando tanto su evolución histórica -para situar en su contexto la transformación de éstas en nuestro país-  sus características fundamentales; sus efectos para la promoción personal y desarrollo nacional; y desafíos pendientes.

El caso chileno: en el tiempo y en su contexto vecinal

Para conocer la dimensión del problema, Vargas entregó algunos datos generales: En América Latina, todavía existe un tercio de la población sin poder satisfacer sus necesidades básicas (12.3% no tiene ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos). Sin embargo, en Chile, durante la última crisis, se siguió tendencia a la baja en pobreza e indigencia.

En este período los índices nacionales muestran  crecimiento de ingresos medios de las personas (efecto crecimiento) y aunque disminuyó el efecto distribución, sigue siendo protagonista (principalmente, vía transferencias monetarias). De esta forma, se pudo hacer frente a crisis sin descuidar las condiciones de vida de los más pobres.

También para el caso chileno, los ingresos totales están compuestos en 81% por ingresos laborales (salarios), mientras que en países como Uruguay y Brasil, dicho porcentaje es del 60%.  Las transferencias aportan con un 5% de la desigualdad en Chile (segundo más bajo) y tiene similar porcentaje en composición de los ingresos totales. En cambio, las transferencias de Brasil y Uruguay aportan 22% y 20% de la desigualdad, respectivamente.

Por otra parte, el especialista repasó la evolución que en el tiempo han tenido las políticas sociales, señalando que el concepto que las regía desde el siglo XIX a la fecha, ha variado desde la idea de “asistencia/caridad” hasta la noción de Estado subsidiario-promotor y garante.

En este punto Luis Vargas destacó que Chile ha marcado hitos en materia de protección social, siendo pionero en expansión de servicios de salud y educación básica gratuita (implementados ya en la década de 1950); en subsidios asistenciales (desde década de los setenta); en programas de ajuste estructural (para los años 80); en especialización, focalización y aumento del gasto social (durante los años 90) y desde el año 2000, manteniendo los programas exitosos, se ha reabierto la discusión y se ha puesto énfasis en esta agenda dentro de las funciones del Estado.

¿Qué es la Protección Social?

Para entender la aplicación de estas nociones, es indispensable conocer a qué apunta el concepto de Protección social. Según la OIT, ella es un set integral de políticas sociales diseñadas para garantizar seguridad de ingresos y acceso a servicios sociales para todos, prestando especial atención a los grupos vulnerables, y protegiendo y empoderando a las personas a lo largo del ciclo de vida.

Sus efectos en Chile

Con esta batería de políticas, se consigue disminuir levemente la desigualdad de ingreso autónomo (0,02), encontrándose concentradas en primeros quintiles de ingreso, para aquellas focalizadas (pensiones solidarias, SUF, bonos Chile Solidario, etc.)

En sus efectos sobre la reducción de pobreza y desigualdad, no puede ser evaluada sola, sino desde el conjunto de la política social. Es decir, no sólo desde cumplimiento con ciertas tareas, sino también desde la igualdad que genera el sistema: capacidad de los instrumentos para proteger sostenidamente en el tiempo y a todos; y capacidad de evitar reproducción y/o surgimiento de nuevos riesgos. Todo ello supone, por cierto, que esta política sea de Calidad, más aún en consideración a los logros que ya ha alcanzado el país.

Luego de profundizar en diferentes elementos, el sociólogo finalizó el punto sobre Protección Social indicando desafíos y caminos a explorar, entre ellos: la protección de ingresos entrega una posibilidad de elevar montos y ampliar cobertura (aumentar gasto social y transferencias como porcentaje del PIB; resguardar (garantías de) calidad de políticas sectoriales y fortalecer acceso (acompañamiento) y fortalecer el rol de la protección social en el trabajo decente.

Finalmente, Vargas entró específicamente en el tema Ingreso Etico Familiar.

Nuevamente contextualizó explicando los orígenes de este concepto. La ley 20.595 que “crea el ingreso ético familiar que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de extrema pobreza y crea subsidio al empleo de la mujer” fue promulgada el 11 de mayo de 2012.

Su presupuesto equivale al 0,18% del PIB, pero la cobertura de personas/familias y montos de transferencias van a depender de negociación presupuestaria.

El Ingreso ético supone aportes a las familias en situación de extrema pobreza por un período de 24 meses, los que se van reduciendo en monto durante los últimos 5 meses (pues en este período la familia ya debería haber alcanzado niveles que aseguren su “graduación” de su situación de extrema vulnerabilidad)

Para alcanzar esta meta, el programa también considera brindar acompañamiento familiar, para desarrollar habilidades que permitan la inclusión social y el desenvolvimiento autónomo de los beneficiarios; y acompañamiento sociolaboral, con lo que se busca contribuir directamente a la empleabilidad y generación de ingresos autónomos vía participación en el mercado laboral. Los destinatarios tienen la posibilidad de acceder a un egreso anticipado del acompañamiento sociolaboral, siempre y cuando hayan demostrado un desempeño exitoso

Finalmente, el expositor realizó un análisis sobre aspectos que pueden mejorarse e incluirse como parte de esta política pública e intercambió opiniones con los asistentes a este taller.