Experta del CED en misión oficial de la ONU a Honduras

Patricia Arias, Criminóloga e investigadora del CED, es miembro del Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios como medio de violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación, de ACNUDH. En esta calidad, participó en una misión oficial a Honduras para conocer, informar y recomendar acciones al gobierno hondureño en relación con las alegaciones que señalan la participación de guardias de compañías de seguridad privada en la represión de campesinos y defensores de derechos humanos en el conflicto agrario del valle del Bajo Aguán, así como también para hacer seguimiento de los compromisos asumidos por el país con ocasión de la primera misión realizada en 2006.

La proliferación de empresas de seguridad privada en Honduras se ha visto propiciada por la falta de garantías de seguridad de parte de las instituciones estatales. De esta manera, el sector privado creció de manera exponencial en esa actividad, con una fuerte participación de ex miembros de y muchos de sus dueños son antiguos altos oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La operación de estas compañías, en las que se ha hecho una fuerte delegación del uso de la fuerza, obstaculiza el efectivo funcionamiento del Estado democrático responsable de la seguridad. En este escenario, la población hondureña manifiesta una profunda desconfianza en la justicia de su país, situación que se agrava por la falta de investigaciones, procesamientos y sanciones a los guardias y compañías que comenten delitos en el ejercicio de sus actividades.

La misión de las expertas Elzbieta Karska y Patricia Arias -Jefa de la Misión y miembro del equipo CED- tuvo una agenda de actividades de cinco días, durante los cuales se reunieron con autoridades del Gobierno, del Congreso Nacional, representantes de la sociedad civil y del sector privado, con el fin de evaluar el impacto de las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas en el ejercicio de los derechos humanos.

Al finalizar esta misión, Patricia Arias señaló que “Con más de setecientas compañías de seguridad privadas operando en Honduras, el Gobierno debería asegurar un monitoreo adecuado de sus actividades y que éstas no se conviertan en un substituto de una policía competente y responsable”.

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