Ley de Fomento Forestal: la discusión es clave para perfeccionarla.

Haciendo una revisión sobre los objetivos y trabajo realizado por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, así como también sobre la institucionalidad y normativas que han regulado tanto la explotación como la protección y el fomento de la actividad forestal en nuestro país, Rodrigo Herrera, Secretario Ejecutivo de esta asociación, introdujo su exposición realizada en el marco de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental y Social del CED. El tema abordado fue la “Nueva Ley de Fomento Forestal para Chile: Oportunidades y Desafíos”, sobre la cual realizó un detallado y substancial análisis.

Como el objetivo central de esta asociación es el desarrollo forestal sustentable con énfasis en el bosque nativo, la tarea del grupo apunta a realizar aportes técnicos a través de la elaboración de propuestas que sean recogidas en políticas públicas que promuevan la preservación y manejo del bosque nativo.

Para explicar el desarrollo de esta actividad en el país y la importancia que reviste tanto desde el punto de vista de su aporte económico como del medioambiental, Herrera realizó una reseña histórica sobre la institucionalidad y normativa que ha regulado a esta actividad productiva. Transitó desde la primera Ley de corta bosques, surgida en el año 1872, debido a la evidente pérdida de masa boscosa producto de los requerimientos de combustible para la actividad minera y de terrenos disponibles para la agrícola. Analizó el decreto nº 701 del año 1974, que se da en una situación de expansión del patrimonio de plantaciones por esas empresas. Luego revisó la ley de bosque nativo del año 2008 y, finalmente, entró en materia examinando el Proyecto de ley que modifica y extiende al decreto 701.

Efectos del decreto nº 701

Rodrigo Herrera señaló que esta nueva propuesta muestra claras asimetrías entre el bosque nativo (el que hoy se encuentra representado en 13,5 millones de hectáreas, versus las 35 calculadas a la llegada de los españoles a Chile) y las plantaciones forestales (las que en un 45% se destinan a la producción de celulosa), por lo que sintetizó cuáles han sido los efectos de esta normativa. Entre ellos destacó: el uso de 2,7 millones de hectáreas destinadas a plantaciones, las que podrían expandirse hasta 2,3 millones más; la concentración de estas plantaciones en manos de tres grandes grupos empresariales (Masisa, Arauco y CMPC) y exportaciones crecientes. En estrecha relación con lo anterior, indicó que debe agregarse la desaparición forzada de algunas Pyme que habían logrado u gran desempeño.

Además, Herrera explicó otros factores a considerar en la evaluación que la agrupación hace de este tercer período del decreto 701. Éste: carece de evaluación ambiental y social de sus impactos; genera malas prácticas del manejo forestal; produce talas a gran escala con los consabidos efectos sobre el entorno y paisaje; degrada el bosque nativo; genera cambios sobre el uso de suelo e impactos sobre el agua, suelo y biodiversidad.

Con este escenario, es claro que la solicitud de la agrupación ante la promulgación de esta nueva ley es que en ella se introduzcan normas de protección ambiental. Ello, pues una norma imperfecta que no considere estos elementos, generará además impactos en lo social y cultural, ya que los campesinos e indígenas poseedores de un pequeña fracción de las tierras en las regiones con mayores plantaciones, han visto cómo su calidad de vida disminuye; han vivido el permanente conflicto con las grandes forestales; empresas que, por lo demás, casi no aportan al desarrollo de las zonas donde desarrollan su actividad. Además se suma a lo anterior la permanente presión que esta actividad ha generado sobre otros recursos, como el agua -principalmente- sumiendo aún más en situación de vulnerabilidad a sectores que tradicionalmente han vivido de actividades de agricultura básica.

Rodrigo Herrera fue enfático al señalar que la agrupación que representa no se define como “anti-plantaciones”, por el contrario, reconocen el aporte del sector para los ingresos nacionales, sin embargo, finalizó su exposición señalando que esta nueva legislación puede ser la oportunidad para realizar un cambio de paradigma en el modo y finalidad de la explotación de este recurso. Cambiarlo por uno que tenga al ser humano al centro de sus preocupaciones; que cuente con una visión de largo plazo; que atienda al interés de todos; que trabaje con conciencia de que los recursos son finitos, por lo que requieren de prácticas de conservación productiva.

En síntesis, Rodrigo Herrera indicó que un tercer período del decreto 701 puede ser muy bueno, pero que no lo sería con el proyecto en el estado actual. Para ello se deben “rescatar elementos y mejorar otros, cómo hacerlo, conversando y discutiendo”.