Investigadora CED participó en la Novena Reunión del Observatorio de Crimen Organizado en A. L. y El Caribe

En la ciudad de Lima se celebró la Novena Reunión del Observatorio de Crimen Organizado en América Latina y El Caribe, actividad organizada por la FundaciónFriedrich Ebert (FES, Colombia), con la participación de expertos de Latinoamérica, El Caribe y Estados Unidos, entre los que se cuenta la investigadora del CED, Patricia Arias.

En esta ocasión se presentó el libro “De la represión a la regulación: Propuestas para reformar las políticas contra las drogas”, por uno de sus autores, José Carlos Campero (Bolivia), quien abordó algunos resultados de las políticas represivas, entre los que destacó que: en la medida que se asignan más recursos a la lucha contra el crimen organizado (CO, fundamentalmente narcotráfico) centrada en la represión, crece la violencia y las violaciones a los derechos humanos, erosionándose la institucionalidad y la democracia; las políticas estandarizadas no sirven y las prohibiciones sólo conducen a la generación de mercados paralelos. En este escenario, propone no diferenciar entre productor y consumidor y considerar la cadena productiva como indivisible; esto obliga a evaluar las actuales acciones de los distintos países, que están desconectadas entre sí. La propuesta de pasar de la represión a la regulación se funda en dos ejes, la reducción de daño y la responsabilidad fiscal.

En el primer eje -reducción de daño-, se trata de reevaluar la criminalización y los derechos humanos de productores, traficantes y consumidores; des-estigmatizar a los consumidores problemáticos desde una perspectiva de salud pública; y evitar la persecución de los consumidores recreativos acercándolos al crimen organizado, garantizar la calidad de las dosis (que son mezcladas agravando el daño en los consumidores), prevenir el contagio y educar para la prevención. En cuanto a la responsabilidad fiscal, Campero señala que en esta política de regulación deben establecerse centros para la entrega de dosis legal a usuarios; definir impuestos para productores y consumidores a fin que el techo sean los mismos precios del mercado ilegal; disponer de nuevos recursos para las políticas de reducción de daño; formalizar los eslabones de la cadena productiva. Este último punto dice relación con disponer las modalidades de adquisición de las dosis, cuando el consumo está descriminalizado. Si esto ocurre no pueden dejar de abordarse las modalidades de producción y acceso a las dosis, ya que si será el Estado el productor transcurrirá algún tiempo antes de que la tenga disponible, por ejemplo. Los resultados buscados con esta nueva política serían: reducir los recursos del crimen organizado, obtener más recursos para políticas, mejorar las condiciones para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, poner a las personas en el centro de la política. En todo caso, es importante estar alerta al surgimiento de nuevas formas de crimen organizado, aun cuando la actividad significativamente más lucrativa es el narcotráfico, al cual suelen estar asociadas otras formas de crimen organizado.

Por otra parte, el grupo de expertos profundizó en los análisis del CO en base al estudio de algunos casos -Guatemala, Colombia, Ecuador y la frontera entre Perú y Brasil-, observando el origen y las transformaciones del narcotráfico en los distintos escenarios, los vínculos entre CO y política, así como la diversificación de las actividades entre negocios ilegales y legales y las redes que se tejen para ello.

Otros temas abordados en la reunión fueron el tráfico de armas en la Región -para lo cual se contó con la participación de William Godnick y Julián Bustamante de UNLIREC-, y,finalmente, se trabajó sobre el rol de las fiscalías en el procedimiento penal.