Visiones expertas: “En materia de reinserción social no podemos estar de un lado u otro”

Durante la sesión de cierre de las mesas de trabajo en materia de reinserción social en el sistema penitenciario, Carlos Fuenzalida, miembro del directorio de COPSA y Marcos Lizana, abogado experto en Asociación Público Privada, fueron los encargados de exponer y analizar el sistema de concesiones carcelarias en materia de reinserción desde visiones diferentes pero complementarias.

Carlos Fuenzalida abrió el taller analizando las bondades y puntos críticos del modelo con una visión de futuro que -como afirmó- tiene por objetivo mejorar aquellas situaciones que son perfectibles.

Fuenzalida inició su presentación señalando los aspectos básicos del modelo de concesiones en Chile el que desde el año 1998 a la fecha, se ha consolidado gracias a su madurez y conocimiento por parte de todos los actores. Con esto, se ha conseguido que el número de participantes aumente y que el interés del mundo financiero por participar de este modelo de negocios haya crecido de manera exponencial. Además, dadas sus ventajas, el modelo chileno se ha convertido en base para el desarrollo del mismo en otros países.

En relación a las concesiones carcelarias, recordó que el sistema en sus inicios se desarrolló -como es obvio- en torno a aquellas áreas que funcionaban de manera deficiente (infraestructura vial y aeroportuaria), expandiéndose luego a espacios de mayor complejidad, como la carcelaria y hospitalaria, en las que ya se han sobrepasado los 500 mil metros cuadrados construidos, que se traducen en 14.500 internos en estas nuevas cárceles y 1.437 camas para pacientes, aunque aún no se encuentran operativas pero que se espera entren al sistema a finales de este año con la puesta en marcha del Hospital de Maipú.
Actualmente, el sistema de concesiones utilizado en el área carcelaria es el DBOT, aquel que deja bajo la responsabilidad del privado desde la construcción de la infraestructura física hasta el menor de los servicios, con la única excepción de la vigilancia, que se mantiene en Gendarmería de Chile.
Para el director de Copsa el modelo ha funcionado positivamente, ya que:
– Los servicios de explotación entregados tiene un alto porcentaje de cumplimiento
– Cumple con los objetivos de reducir el hacinamiento de los penales.
– La infraestructura cumple con los mejores estándares. Prueba de ello es que soportó el terremoto de febrero del 2010 y, si así no hubiese sido, el sistema de seguros es una salvaguarda para el Estado el que podría recuperar la infraestructura dañada sin utilizar recursos propios.
– Los primeros recintos entregados a finales del año 2005 y el año 2006 (Grupo 1) no han presentado defectos de construcción
– Las condiciones de alimentación y salud son mejores que, incluso, las del promedio de los chilenos en el medio externo.

A modo de cierre de su presentación, Carlos Fuenzalida señaló que este modelo es una herramienta validada, ha sido exitoso y aún es perfectible. La mayor preocupación de la industria de concesionarios es que las nuevas autoridades puedan considerarlo del mismo modo y mantener activo este programa.

Por su parte, Marcos Lizana, con un análisis de enfoque académico, expuso sobre la Asociación Público Privada en el desarrollo de infraestructura carcelaria. Inició su intervención explicando de manera sintética cuáles son las encrucijadas en las que se puede encontrar el Estado al enfrentarse al problema de satisfacer necesidades colectivas y determinar cuáles son los bienes que requiere para ello y quiénes serán los que le proveerán dichos servicios o productos.

Es así como detalló que ante esta disyuntiva el Estado puede asumir un rol “gendarme”, es decir pasivo y ausente de la gestión, actuando sólo como controlador; también puede ser un Estado “proveedor” que se manifieste de manera activa en pos de brindar bienestar a la sociedad o uno que funcione con la lógica de la “nueva Gestión Pública”, en la que asume un papel regulador y controlador, desarrollando elementos y sistemas objetivos de medición de resultados para evaluar a los entes a los que se ha delegado funciones.

En esta lógica, dentro de la APP, el sistema de concesiones aparece como una herramienta para abordar la resolución de problemas y satisfacer las necesidades de un país, teniendo como objetivo central la eficiencia en la gestión pública.

Posteriormente, Marcos Lizana realizó un detallado recorrido por las diferentes modalidades de APP existentes y las características de este modelo en materia carcelaria.

Finalmente, el experto realizó una evaluación de lo que han sido estos años de operación del sistema de cárceles concesionadas en Chile en los siguientes aspectos:
– Costo de aprendizaje: para Marcos Lizana, el principal problema del sistema se presentó debido a la insatisfacción generada por las expectativas implícitas (asignadas, más que por los contratos, por la comunidad y su idea del cambio que la operación de estas cárceles generaría) y por la tensión que produjo los altos costos del sistema. Sin embargo, en este punto el abogado hizo una observación especial, ya que no se definió con qué modelo o servicios se compara el valor de construcción y operación, dado que los estándares y productos finales son absolutamente diferentes a los de los recintos tradicionales.
– Tensión del sistema de ejecución de penas: este problema tiene que ver, básicamente, con el ajuste cultural que se requiere para comprender y utilizar el modelo concesionado, ya no sólo desde la visión de la comunidad en general, sino que también desde el Sistema Judicial y la adecuación eficiente que éste debe hacer del modelo de ejecución de penas.
– Costos del sistema: Como se enunció anteriormente, la crítica o cuestionamiento va orientado a los costes tanto de la etapa construcción como de la de explotación.
– Tensión del modelo: En este punto el principal problema es la elección del modelo de concesiones más adecuado para operar en materia carcelaria: DBOT o BOT. Sin embrago, lo anterior, no es lo determinante sino más buen el problema se ha generado dada la existencia de un marco regulatorio inadecuado y rígido. Por lo que la sugerencia del experto en este asunto es el desarrollo de un adecuado sistema de solución de controversias.

Durante el plenario los asistentes compartieron visiones e inquietudes para finalmente coincidir en que estos dos años de trabajo conjunto -a través de talleres de reflexión- han sido claves para la confluencia de posiciones en diferentes temas, profundizando la noción de que la relación Estado-privados en materia carcelaria y de reinserción social es “una malla fuertemente tejida, que difícilmente tenga una vuelta atrás”.